Guide APT sur la législation contre la torture-ES.pdf	Guide APT sur la législation contre la torture-FR.pdf
Guía sobre legislación contra la tortura Asociación para la Prevención de la Tortura - APT	Guide sur la législation contre la torture
Centre Jean-Jacques Gautier C.P. 137 1211 Ginebra 19 Suiza apt@apt.ch www.apt.ch Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura - CTI Secretariado Route de Ferney 10 1202 Ginebra Suiza info@cti2024.org www.cti2024.org
ISBN: 978-2-940337-98-9	2
Guía sobre legislación contra la tortura La Guía sobre legislación contra la tortura es una publicación conjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI).	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Cuando un Estado ratifica o se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, acepta luchar contra la impunidad tipificando la tortura como delito. A pesar de que en el ámbito de las Naciones Unidas se ha subrayado continuamente sobre la importancia de promulgar leyes que implementen la Convención contra la Tortura, existen pocos instrumentos y ejemplos de buenas prácticas que los y las agentes a nivel nacional pueden consultar fácilmente. Por lo tanto, esta guía fue elaborada con el objetivo de paliar esta falta de información y apoyar la adopción de legislación contra la tortura. Este documento tiene como objetivo principal ayudar a los y las legisladoras a desarrollar leyes específicas contra la tortura o a revisar leyes nacionales existentes, como códigos penales o legislaciones en materia de reparaciones sea por vía penal o civil. Con el fin de identificar los elementos que la legislación nacional debe incluir para garantizar la protección más amplia y efectiva, la guía utiliza como punto de partida las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención.
Se utilizaron como fuentes de información, el trabajo realizado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, de los diversos tribunales, de procedimientos especiales, y de otros órganos creados en virtud de tratados, así mismo se analizaron artículos académicos, que permitieron identificar los elementos que deben incluirse en la legislación nacional. 2 La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) es una organización no gubernamental independiente con sede en Ginebra, que trabaja a nivel mundial para la prevención de la tortura y otros malos tratos.	L’Association pour la prévention de la torture (APT) est une organisation indépendante nongouvernementale basée à Genève, qui oeuvre dans le monde entier en faveur de la prévention de la torture et autres mauvais traitements.
La APT fue fundada en 1977 por el banquero y abogado suizo Jean-Jacques Gautier.	L’APT a été fondée en 1977 par le banquier et avocat suisse Jean-Jacques Gautier.
Desde entonces, la APT se ha convertido en una organización líder en su área de trabajo.	Depuis, l’APT est devenue une organisation leader dans son domaine.
Su conocimiento y consejo son requeridos por organizaciones internacionales, gobiernos, instituciones de derechos humanos y otros actores.	Son expertise et ses conseils sont demandés par des organisations internationales, des gouvernements, des institutions des droits humains et d’autres acteurs.
La APT ha jugado un rol clave en el establecimiento de estándares internacionales y regionales, en particular el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT).	L’APT a joué un rôle central dans la mise en place de normes et de mécanismes internationaux et régionaux visant à prévenir la torture, tels que le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture.
La visión de la APT es un mundo libre de tortura en el que los derechos y la dignidad de todas las personas privadas de libertad sean respetados.	L’APT envisage un monde sans torture où les droits et la dignité de toutes les personnes privées de liberté sont respectés.
Asociación para la Prevención de la Tortura - APT B.P.	Association pour la prévention de la torture - APT B.P.
1211 Ginebra 19, Suiza Tel: +41 22 919 2170 apt@apt.ch · www.apt.ch	1211 Genève 19 Suisse Tél: +41 22 919 2170 apt@apt.ch www.apt.ch
La Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI, por sus siglas en inglés) fue creada en marzo de 2014 por los Gobiernos de Chile, Dinamarca, Ghana, Indonesia y Marruecos.	L’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI) a été crée en mars 2014 par les gouvernements du Chili, du Danemark, du Ghana, de l’Indonésie et du Maroc.
Su objetivo es garantizar la ratificación e implementación universales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura para el año 2024, a través de la participación constructiva y del intercambio de experiencias entre los Estados.	Son but est de s’assurer de la ratification et de la mise en œuvre universelle de la Convention des Nations Unies contre la Torture d’ici 2024 par l’engagement constructif et l’échange de bonnes pratiques entre États.
Para obtener más información sobre la CTI, incluyendo información sobre cómo formar parte del grupo de amigos de la CTI, por favor visite: www.cti2024.org	Pour plus d’informations sur le CTI, y inclus comment devenir membre du groupe d’amis du CTI, rendez-vous sur www.cti2024.org
Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura - CTI Secretariado Route de Ferney 10 1202 Ginebra, Suiza info@cti2024.org	Initiative sur la Convention contre la torture - CTI Secrétariat Route de Ferney 10 1202 Genève Suisse info@cti2024.org
© 2016, Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI).	© 2016, Association pour la prévention de la torture (APT) et Initiative sur la Convention contre la torture (CTI).
Todos los derechos reservados.	Tous droits réservés.
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Cualquier solicitud para reproducir o traducir la publicación debe ser dirigida a la APT y a la CTI.	Les demandes d’autorisation de reproduction et/ou de traduction de la publication doivent être adressées à l’APT et à CTI.
Traducción al español: Raquel Mora	Traduction française : Salvatore Sagues et Sara Dezaley
ISBN: 978-2-940337-98-9	ISBN: 978-2-940337-95-8
3	3
Índice	Table des matières
Agradecimientos 7	Remerciements 7
Introducción 9	Introduction 9
¿Cómo usar la guía?	Comment utiliser ce guide ?
10	10
Capítulo 1 – Definición de la tortura 13	Chapitre 1 - Définition de la torture 13
La Convención exige que los Estados parte tipifiquen la tortura como un delito separado y específico 15	La Convention fait obligation aux États parties d’ériger la torture en crime distinct et spécifique 14
La Convención exige a los Estados parte definir la tortura adoptando, como mínimo, todos los elementos del artículo 1 de la Convención 16	La Convention fait obligation aux États parties de définir la torture en adoptant, à tout le moins, tous les éléments de l’article premier de la Convention 15
Definición de la tortura: cuatro elementos acumulativos 17 Cláusula relativa a las sanciones legítimas 19	La définition de la torture – Quatre éléments cumulatifs 16 La clause relative aux sanctions légitimes 17
La Convención exige a los Estados parte afirmar explícitamente la prohibición absoluta de la tortura; la defensa basada en la orden de un/una superior debe ser excluida 22	La Convention fait obligation aux États parties d’affirmer explicitement la prohibition absolue de la torture ; les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur doivent être exclus 20
Los Estados parte tienen la posibilidad de incluir a los y las agentes no estatales y privados en la definición de la tortura 24	Les États parties ont la possibilité d’inclure les acteurs non étatiques et privés dans la définition de la torture 22
Los Estados parte tienen la posibilidad de tipificar los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 25	Les États parties ont la possibilité d’ériger en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 22
La Convención exige a los Estados parte sancionar la tortura con penas proporcionales a la gravedad del delito.	La Convention fait obligation aux États parties de sanctionner la torture en imposant des peines proportionnelles à la gravité du crime.
El Comité recomienda que los Estados castiguen la tortura con penas mínimas de seis años de cárcel 27	Le Comité recommande que les États parties sanctionnent la torture en imposant des peines minimales de six ans d’emprisonnement 24
Resumen de los elementos – Capítulo 1 – Definición de la tortura 30	Résumé des éléments – Chapitre 1 – Définition de la torture 26 Éléments essentiels 26
Capítulo 2 – Formas de responsabilidad 31	Éléments recommandés 26
La Convención exige a los Estados parte que tipifiquen como delito la comisión y la tentativa de cometer actos de tortura, la complicidad en la tortura, otras formas de participación en la tortura, la instigación y la provocación a la tortura, así como los actos cometidos por los y las funcionarias del Estado que consienten de manera tácita o expresa la comisión de actos de tortura 32 4 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Éléments optionnels 26 Chapitre 2 – Formes de responsabilité 27 7. La Convention fait obligation aux États parties d’ériger en crimes la perpétration et la tentative de commettre un acte de torture, la complicité de torture, d’autres formes de participation à un acte de torture, l’instigation et l’incitation à la torture, ainsi que les actes des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite à la perpétration d’actes de torture 27
Resumen de los elementos – Capítulo 2 – Formas de responsabilidad 34	Résumé des éléments – Chapitre 2 – Formes de responsabilité 29 Éléments essentiels 29
Capítulo 3 – La regla de exclusión 35	Chapitre 3 – la règle d’exclusion 31
La Convención exige que los Estados parte excluyan explícitamente de todos los procedimientos las pruebas obtenidas mediante tortura 35	La Convention fait obligation aux États parties d’exclure de toute procédure les éléments de preuve obtenus par la torture 31
El Comité considera que la regla de exclusión debería cubrir también las pruebas obtenidas mediante TPCID 38	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 9. Le Comité estime que la règle d’exclusion devrait être étendue aux éléments de preuve obtenus par le recours à des PTCID 33
El Comité estima que la carga de la prueba recae en la acusación para demostrar que las pruebas se obtuvieron legalmente, cuando existan alegaciones de que fueron obtenidas mediante tortura 39	Le Comité estime que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que les éléments de preuve ont été recueillis légalement, en cas d’allégation de torture 34
El Comité considera que la regla de exclusión se aplica a todos los tipos de pruebas 40	Le Comité estime que la règle d’exclusion s’applique à tous les moyens de preuve 34
Resumen de los elementos – Capítulo 3 – La regla de exclusión 41	Résumé des éléments – Chapitre 3 – la règle d’exclusion 35 Éléments essentiels 35
Capítulo 4 – Jurisdicción 43	Chapitre 4 – Compétence 37
La Convención exige que los Estados parte establezcan su competencia sobre todo presunto caso de tortura cometido en el territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o buque matriculados en el Estado 43	La Convention fait obligation à chaque État partie d’établir sa compétence sur tout cas présumé de torture commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, ou à bord d’un navire ou d’un avion immatriculés dans cet État. 37
La Convención exige que los Estados parte establezcan su competencia sobre todo presunto caso de tortura cometido por uno/una de sus nacionales 45	La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence sur tout cas présumé de torture commis par un de leurs ressortissants 38
La Convención exige que los Estados parte establezcan jurisdicción universal sobre cualquier presunto/a delincuente presente en el territorio bajo su jurisdicción 46	La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence universelle sur tout auteur présumé d’actes de torture se trouvant sur tout territoire sous leur juridiction 39
La Convención y el Comité recomiendan que los Estados parte establezcan su jurisdicción sobre casos en los que sus nacionales hayan sido víctimas de tortura 47	La Convention et le Comité recommandent que les États parties établissent leur compétence sur les cas où leurs ressortissants ont été victimes de torture 41
Resumen de los elementos – Capítulo 4 – Jurisdicción 49	Résumé des éléments – Chapitre 4 – Compétence 41
Capítulo 5 – Quejas, investigaciones, enjuiciamientos y extradiciones 51	Éléments essentiels 41
La Convención exige que los Estados parte garanticen el derecho a presentar quejas ante las autoridades competentes y protejan a las víctimas y a los y las testigos de represalias 53 5 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Éléments recommandés 42 Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions 43 16. La Convention fait obligation aux États parties de garantir le droit de déposer plainte devant les autorités compétentes et de protéger les victimes et les témoins contre des représailles 44
La Convención exige que los Estados parte garanticen la investigación pronta e imparcial de las alegaciones de tortura 54	La Convention fait obligation aux États parties de veiller aux lancements d’enquêtes sans délais et impartiales sur les allégations de torture 45
La Convención exige que los Estados parte enjuicien o extraditen a los y las presuntas autoras de actos de tortura 56	La Convention fait obligation aux États parties de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture 46
La Convención exige que los Estados parte autoricen la extradición de las personas que presuntamente cometieron tortura 57	La Convention fait obligation aux États parties d’autoriser l’extradition des tortionnaires présumés 47
La Convención exige que los Estados parte proporcionen asistencia mutua en materia judicial en los procesos penales relativos a casos de tortura 58	La Convention fait obligation aux États parties de se prêter mutuellement assistance en matière judiciaire dans les procédures pénales relatives à des cas de torture 48
Resumen de los elementos – Capítulo 5 – Quejas, investigaciones, enjuiciamientos y extradiciones 59	Résumé des éléments – Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions 48
	Éléments essentiels 48 5 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Capítulo 6 – Amnistías, inmunidad, prescripción y otros impedimentos 61	Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques 49
El Comité considera que los Estados parte no deben promulgar leyes de amnistía que se apliquen a los casos de tortura 61	Le Comité estime que les États parties ne doivent pas promulguer des lois d’amnistie pour les auteurs d’actes de torture 49
El Comité estima que nunca debe concederse inmunidad por delitos de tortura 62	Le Comité considère qu’une immunité pour crime de torture ne doit jamais être accordée 50
El Comité considera que los Estados parte no deben prever un plazo de prescripción para los delitos de tortura 63	Le Comité estime que les États parties ne doivent pas prévoir un délai de prescription pour le crime de torture 50
El Comité estima que los Estados parte no deben permitir ningún otro impedimento para el enjuiciamiento y la sanción de los actos de tortura 64	Le Comité estime que les États parties doivent empêcher tout autre obstacle juridique à la poursuite et la répression des actes de torture 51
Resumen de los elementos - Capítulo 6 – Amnistías, inmunidad, prescripción y otros impedimentos 64	Résumé des éléments – Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques 51 Éléments essentiels 51
Capítulo 7 – No devolución 65	Chapitre 7 – Non-refoulement 53
La Convención exige que los Estados parte incorporen en su legislación nacional el principio de no devolución 65	La Convention fait obligation aux États parties d’intégrer dans leur législation nationale le principe de non-refoulement 53
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos y tribunales consideran la posibilidad de aplicar el principio de no devolución a las personas expuestas a TPCID 68	Le Comité des droits de l’homme et d’autres organes et tribunaux ont introduit la possibilité d’appliquer le principe de non-refoulement aux personnes exposées au risque de PTCID 56
Resumen de los elementos – Capítulo 7 – No devolución 70	Résumé des éléments – Chapitre 7 – Non-refoulement 57
6	Éléments essentiels 57
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Éléments recommandés 57
Capítulo 8 – Reparación 71	Chapitre 8 – Réparation 59
La Convención exige que los Estados parte adopten una legislación que reconozca el derecho a la reparación de las víctimas de tortura 71	La Convention fait obligation aux États parties d’adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de torture 59
El Comité estima que los Estados parte deben adoptar una legislación que reconozca el derecho a la reparación para las víctimas de TPCID 73	Le Comité estime que les États parties doivent adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de PTCID 60
El Comité estima que los Estados parte deben garantizar formas de reparación que incluyan la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición 74	Le Comité estime que les États parties doivent garantir des formes de réparation qui incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition 61
El Comité recomienda que los Estados parte garanticen una indemnización por la vía civil, independiente del proceso penal en contra de los y las autoras 77	Le Comité recommande que les États parties veillent à ce que les victimes puissent obtenir une réparation au civil indépendamment d’éventuelles poursuites pénales 63
El Comité estima que las víctimas que tienen derecho a reparación incluyen a las personas que han sido víctimas de actos de tortura, las que han sufrido daños al intentar prevenir la tortura y los y las familiares y dependientes de las víctimas directas 77	Le Comité considère que les victimes ayant droit à réparation incluent les personnes qui ont subi des actes de torture, qui ont subi un préjudice en essayant de prévenir la torture ainsi que les proches et les personnes à charge des victimes directes 63
Resumen de los elementos – Capítulo 8 – Reparación 79	Résumé des éléments – Chapitre 8 – Réparation 64
	Éléments essentiels 64 Éléments recommandés 64 6 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Apéndice – Lista consolidada de elementos 81	Addendum – Liste compilée des éléments 65
Definición de la tortura 81	Définition de la torture 65
	Éléments essentiels 65 Éléments recommandés 65 Éléments optionnels 65
Formas de responsabilidad 82	Formes de responsabilité 65 Éléments essentiels 65
Regla de exclusión 82	La règle d’exclusion 66
Jurisdicción 82	Éléments essentiels 66
	Compétence 66 Éléments essentiels 66 Éléments recommandés 66
Quejas, investigaciones, enjuiciamientos y extradiciones 83	Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions 66 Éléments essentiels 66
Amnistías, inmunidad, prescripción y otros impedimentos 84	Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques 67 Éléments essentiels 67
	Non-refoulement 67 Éléments essentiels 67 Éléments recommandés 67 Réparation 67
No devolución 84	Éléments essentiels 67
Reparación 84	Éléments recommandés 68
7	7
Agradecimientos	Remerciements
La APT desea dar las gracias a la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) por financiar esta guía.	L’APT tient à remercier l’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI) pour le financement de ce guide.
La APT también quiere dar las gracias a:	L’APT souhaite également remercier :
Anne Lardy (Asesora Jurídica y de Incidencia, APT), autora de este documento;	Anne Lardy (Conseillère Juridique et Plaidoyer, APT) qui a élaboré ce document ;
Dra. Alice Edwards (Jefa de la Secretaría, CTI) 1, Susan Mccrory (Miembro de la Junta Directiva, APT), Mark Thomson (Secretario General, APT), Barbara Bernath (Jefa de Operaciones, APT), Matthew Sands (Asesor Jurídico, APT), Jean-Baptiste Niyizurugero (Responsable del Programa Regional para África, APT) por revisar este documento.	Dr. Alice Edwards (Cheffe du Secrétariat, CTI, 1 Susan Mc Crory (membre du Conseil, APT), Mark Thomson (Secrétaire Général, APT), Barbara Bernath (Cheffe des opérations, APT), Matthew Sands (Conseiller juridique, APT) et Jean-Baptiste Niyizurugero (Responsable du programme Afrique, APT) qui ont révisé le guide.
En particular, se debe reconocer la contribución de Juliana Edo, Ryan Alexandra Hileman y Konstantin Kleine del Graduate Institute of International and Development Studies, que realizaron una investigación preliminar que ha servido como base para elaborar la guía.	La contribution de Juliana Edo, Ryan Alexandra Hileman et Konstantin Klein de l’Institut de hautes études internationales et du développement doit également tout particulièrement être mentionnée, puisqu’ils ont effectué les recherches préliminaires qui ont servi de base pour ce Guide.
La APT también quiere dar las gracias a Anja Härtwig (Responsable de publicaciones, APT), quien ha efectuado el diseño de esta guía.	L’APT souhaite également exprimer sa gratitude envers Anja Härtwig (Responsable des publications, APT) qui a effectué la mise en page de ce guide.
Por último, la APT expresa su gratitud a todas y todos los miembros del personal, antiguos y actuales, que han trabajado en este tema durante los últimos años, preparando así el terreno para la redacción de este documento.	Enfin, l’APT remercie tous les membres anciens et actuels de son personnel qui ont travaillé sur ce sujet au cours des dernières années, et ont ainsi préparé le terrain à l’élaboration de ce document.
El contenido de este documento no refleja necesariamente las opiniones del Grupo	Le contenu du présent document ne reflète pas nécessairement les opinions du Core group de l’initiative
Principal de la CTI).	CTI.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
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Introducción	Introduction
Cuando un Estado ratifica o se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante la Convención), se compromete a luchar contra la impunidad tipificando la tortura como delito e investigando y procesando a los y las autoras. Asimismo se obliga a proporcionar reparación a las víctimas; a excluir de todos los procedimientos declaraciones obtenidas mediante tortura; y a adoptar medidas legislativas y de otro tipo para prevenirla, entre otras.	Lorsqu’un État ratifie la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention) ou adhère à ce traité, il s’engage à lutter contre l’impunité en érigeant la torture en crime, en enquêtant sur les allégations de torture et en poursuivant en justice les auteurs présumés de ces actes ; il s’engage aussi à fournir réparation aux victimes, à exclure de toute procédure les déclarations obtenues par la torture, et à prendre des mesures législatives et autres pour prévenir, entre autres, la torture.
A nivel nacional para implementar la Convención es necesario analizar la legislación para determinar si el Estado cumple con sus obligaciones en relación con el marco normativo. Lo anterior, con el fin de modificar, si es necesario, las leyes existentes o, en su caso formular nuevas.	La mise en œuvre de la Convention contre la torture au niveau national requiert notamment d’analyser la législation nationale en vigueur afin de déterminer si l’État répond à ses obligations en ce qui concerne le cadre normatif afin, ensuite, si nécessaire, de modifier la législation en vigueur ou de rédiger une nouvelle législation.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (el Comité o CAT) - órgano al que la Convención asigna la responsabilidad de monitorear la implementación del tratado en los Estados parte- regularmente recomienda a los Estados que promulguen legislación que tipifique la tortura como delito, conforme a los artículos 1 y 4 de la Convención.	Le Comité des Nations Unies contre la torture (le Comité ou le CAT) - l’organe chargé aux termes de la Convention d’effectuer un suivi de la mise en œuvre de ce traité par les États parties - recommande régulièrement aux États, qui lui rendent compte de leurs actions en la matière, d’adopter des lois, y compris, en particulier, une législation qui érige la torture en crime conformément aux articles premier et 4 de la Convention.
Asimismo, el CAT ha hecho referencia en sus Observaciones generales sobre la necesidad de adoptar legislaciones que permitan la aplicación de estas disposiciones.	Le Comité a également évoqué, dans ses Observations générales, la nécessité d’adopter une législation d’application de ces dispositions.
A pesar de que en el ámbito de las Naciones Unidas se ha subrayado continuamente acerca de la importancia de promulgar leyes que implementen la Convención, es común que las autoridades interesadas tengan limitado acceso a instrumentos y ejemplos útiles de buenas prácticas para cumplir con esta obligación.	Cependant, malgré l’importance soulignée continuellement par les organes des Nations Unies d’adopter une législation de mise en œuvre de la Convention contre la torture, les acteurs nationaux ont peu d’outils et d’exemples de bonnes pratiques facilement accessibles pour remplir cette obligation.
Para llenar este vacío de información y apoyar la adopción de legislación contra la tortura que implemente la Convención en el ámbito nacional, la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) encargó a la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) la elaboración de esta guía.	Afin de combler cette lacune et de soutenir l’adoption d’un cadre législatif contre la torture mettant en œuvre la Convention contre la torture au niveau national, l’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI) a chargé l’Association pour la prévention de la torture (APT) d’élaborer ce guide sur la législation contre la torture.
Este documento, diseñado en un formato práctico, tiene como objetivo principal asistir a los y las legisladoras en la redacción de leyes contra la tortura o en la revisión de leyes nacionales existentes, tales como códigos penales, leyes sobre las reparaciones por actos delictivos o sobre procedimientos civiles, entre otras.	Adoptant un format pratique, le présent document vise principalement à aider les législateurs à élaborer une législation spécifique contre la torture ou à réviser les lois nationales en vigueur, telles que les codes pénaux ou la législation relative aux réparations pour les actes criminels ou aux procédures civiles.
Esperamos que esta guía ayude a los Estados cumplir 10 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA
con sus obligaciones con respecto a la Convención.	Nous espérons que ce guide aidera les États à donner effet à leurs obligations aux termes de la Convention.
La Guía sobre legislación contra la tortura puede resultar útil para las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones internacionales y regionales que promuevan la adopción de un marco jurídico nacional sobre la tortura.	Ce document peut également être utile pour les acteurs de la société civile ou les organisations internationales et régionales qui mènent un plaidoyer pour l’adoption d’un cadre juridique de lutte contre la torture au niveau national.
La guía también promueve las buenas prácticas existentes, ofreciendo ejemplos de legislación nacional de diferentes regiones y en diferentes idiomas.	Le guide encourage également les bonnes pratiques existantes en présentant des exemples de législations nationales issues de différentes régions et rédigées dans différentes langues. 10
¿Cómo usar la guía?	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Para identificar los elementos de la legislación nacional que ofrecen la protección más adecuada y efectiva, la guía utiliza como punto de partida las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención.	Comment utiliser ce guide ? Afin d’identifier les éléments que la législation nationale doit comporter pour assurer la protection la plus adéquate et efficace, le guide prend pour point de départ les obligations incombant aux États en vertu de la Convention.
Por lo tanto, los Estados parte de la Convención son los destinatarios principales de este documento, que tiene como propósito ayudarles a cumplir las obligaciones contenidas en dicha Convención.	Les États parties à la Convention sont donc les destinataires principaux de ce guide qui vise à les aider à respecter leurs obligations conventionnelles.
Como tratado multilateral cuyo objetivo y propósito es erradicar la tortura y combatir la impunidad, la Convención es una fuente primaria y fidedigna de normas para luchar contra la tortura.	Traité multilatéral dont l’objet et le but sont l’éradication de la torture et la lutte contre l’impunité, la Convention est, de fait, une source primaire et incontestable pour les cadres normatifs de lutte contre la torture.
El CAT desempeña un papel especial a la hora de corroborar las obligaciones de los Estados contenidas en la Convención.	Le Comité contre la torture joue un rôle important à cet égard de clarification des obligations des États aux termes de la Convention.
En particular, las Observaciones generales del Comité, su jurisprudencia y observaciones finales sobre los informes presentados por los Estados parte constituyen fuentes fidedignas del contenido de las obligaciones de la Convención.	En particulier, les observations générales du Comité ainsi que sa jurisprudence et ses observations finales relatives aux rapports soumis par les États parties sont des sources faisant autorité qui expliquent le contenu des obligations de la Convention.
También se han examinado fuentes fuera del marco de la Convención.	Nous avons également examiné des sources externes au cadre mis en place par la Convention contre la torture.
Éstas incluyen la labor de otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos: destacando, el carácter orientativo que tiene la comparación realizada con las decisiones del Comité de Derechos Humanos (CCPR), órgano encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), incluyendo el artículo 7 del Pacto relativo a la prohibición de la tortura.	Celles-ci incluent les travaux d’autres organes de traités des droits humains : ainsi, les décisions du Comité des droits de l’homme (CCPR), l’organe chargé d’interpréter le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et notamment son article 7 relatif à l’interdiction de la torture, sont particulièrement utiles, à titre de comparaison.
Las jurisprudencias, los artículos académicos, los informes de organizaciones no gubernamentales e informes de reuniones de expertos y expertas también son citados en este documento.	Le guide mentionne également d’autres sources pertinentes issues de la jurisprudence, de travaux scientifiques, de rapports d’organisations non gouvernementales ainsi que des conclusions de réunions d’experts.
La guía se organiza en ocho capítulos temáticos; cada uno de los cuales comienza con la presentación de artículos relevantes de la Convención a los que la guía refiere.	Le guide est organisé en huit chapitres thématiques, qui commencent à chaque fois par une présentation des articles pertinents de la Convention mentionnés dans ce guide.
Se diferencian cuatro categorías de elementos:	Quatre catégories d’éléments y sont différenciées :
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA Elementos sobre los cuales los Estados parte deben legislar, de conformidad con la Convención (cuando ésta exige explícitamente que los Estados adopten medidas legislativas);	Éléments introduisant pour les États parties une obligation de légiférer aux termes de la Convention (lorsque la Convention requiert explicitement des États parties qu’ils prennent des mesures d’ordre législatif) ;
Elementos sobre los que el Comité contra la Tortura considera que los Estados parte deben legislar para respetar la Convención;	Éléments introduisant pour les États parties une obligation de légiférer selon le Comité afin de respecter la Convention ;
Elementos que los Estados parte deberían implementar según las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura, otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos o tribunales;	Éléments que les États parties devraient mettre en œuvre sur la base des recommandations formulées par le Comité des Nations Unies contre la torture ou autres organes de traités des droits humains ou tribunaux ;
Otros elementos cuya implementación deberían considerar los Estados parte.	Et d’autres éléments que les États parties sont encouragés à mettre en œuvre.
En cada capítulo se enumeran varios elementos que deberían contener las legislaciones nacionales.	Chaque chapitre énumère plusieurs éléments qui doivent ou devraient être inclus dans la législation nationale.
Después de cada elemento se argumenta por qué es necesaria su inclusión.	Chacun de ces éléments est assorti d’une série d’arguments expliquant la nécessité de les inclure.
Cuando es posible, se ofrecen ejemplos de diferentes países para ilustrar cómo los Estados parte han incluido esos elementos en sus legislaciones.	Le cas échéant, des exemples provenant de différents pays sont présentés afin d’illustrer comment les États ont incorporé ces éléments dans leur législation nationale.
Los ejemplos proporcionados no son exhaustivos; el objetivo es más bien ilustrar de forma positiva las prácticas nacionales.	Ces exemples n’ont pas une visée exhaustive ; ils visent plutôt à illustrer de manière positive des pratiques nationales.
Nos hemos esforzado por presentar ejemplos de países de diferentes regiones, con diferentes idiomas y distintas tradiciones jurídicas.	Nous nous sommes efforcés de présenter des exemples reflétant différentes régions du monde, diverses traditions juridiques et des pays ayant des langues différentes.
	Les lois ayant une version officielle en français 11 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE sont directement citées dans le texte du Guide.
Asimismo, se han introducido citas textuales cuando existe una versión oficial en español de la ley mencionada.	Des citations directes d’articles sont insérées en note de bas de page lorsqu’il existe une version ou traduction officielle en anglais et leur contenu est synthétisé dans le corps du texte.
Cuando no es el caso, se ha resumido el contenido en el cuerpo del texto y se ha incluido un enlace a la versión original de la legislación en las notas al pie de página.	Lorsque ce n’est pas le cas, le contenu de la législation est résumé dans le texte et des liens vers la législation dans sa version originale sont mentionnés en note de bas de page.
Al final de cada capítulo se incluye un resumen de todos los elementos, mencionando claramente si se trata de un elemento esencial, recomendado u opcional.	Chaque chapitre se conclut par un résumé de tous les éléments qui précise clairement s’il s’agit d’un élément essentiel, d’un élément recommandé ou optionnel.
Por último, la guía va acompañada de un anexo que recopila, en forma de lista, los 31 elementos mencionados en el documento.	Le guide est assorti d’une annexe qui compile, sous la forme d’une liste, les 31 éléments mentionnés dans le document.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
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Capítulo 1 – Definición de la tortura	Chapitre 1 - Définition de la torture
Artículos relevantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 1	Article 1
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.	Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.	Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.	Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Artículo 2	Article 2
Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.	Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.	Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. 14 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Artículo 4	Article 4
Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal.	Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal.
Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.	Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.	Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Artículo 16	Article 16
	Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou 14 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.	dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.	En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión. 15 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.
La Convención exige que los Estados parte tipifiquen la tortura como un delito separado y específico	La Convention fait obligation aux États parties d’ériger la torture en crime distinct et spécifique
El requisito de que un Estado tipifique como delito el acto de tortura es una obligación básica prevista por la Convención.	Tout État doit ériger la torture en crime ; il s’agit là d’une obligation fondamentale aux termes de la Convention contre la torture.
En virtud del artículo 4 de la Convención, todo Estado parte “velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal”.	L’article 4 de la Convention requiert que chaque État partie « veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal ».
Se interpreta que este artículo obliga a los Estados a tipificar la tortura como un delito específico, diferente de otros tipos de delitos contemplados por el derecho penal.	Cet article est interprété comme faisant obligation aux États parties d’ériger la torture en crime spécifique, distinct des autres types d’infractions prévues dans le droit pénal.
En su Observación general Nº2, el Comité contra la Tortura señaló que la tortura debe ser tipificada como un delito separado, ya que esto “promoverá directamente el objetivo general de la Convención”.	Dans son Observation générale N°2, le Comité contre la torture a souligné que la torture doit être érigée en un crime distinct, car cela « servira directement l’objectif primordial de la Convention ».
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CAT, Observación general Nº2: Aplicación del artículo 2 por los Estados Parte	Comité contre la torture, Observation générale N°2 : Application de l’article 2 par les États parties,
(24 de enero de 2008), Doc.	(24 janvier 2008), Doc.
ONU CAT/C/GC/2, § 11.	ONU CAT/C/GC/2, § 11.
Todos los ejemplos proporcionados en esta guía son de países que tipifican la tortura como delito separado, por ejemplo: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, El Salvador, las Filipinas, Luxemburgo, Madagascar, las Maldivas, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Sudáfrica, Uganda y Sri Lanka. 4 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, Ley 13/2013 (23 de diciembre de 2013), Ley 13/2013, artículo 11, disponible en http://mvlaw.gov.mv/pdf/ ganoon/chapterviii/13-2013.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Tous les exemples donnés dans ces lignes directrices proviennent de pays qui ont érigé la torture en crime distinct, notamment les Philippines, les Maldives, l’Australie, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Madagascar, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Panama, le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, le Salvador, la Norvège, le Sri Lanka et l’Allemagne. 4 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, Loi 13/2013 (23 décembre 2013), Loi 13/2013, article 11, disponible sur : http://mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterviii/13-2013.pdf (consulté en février 2016).
Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, Republic Act Nº9745 (10 de noviembre de 2009), artículo 15, disponible en http://www.congress.gov.ph/download/ra_14/RA09745. pdf (última consulta en febrero de 2016).	“Torture as a crime shall not absorb or shall not be absorbed by any other crime or felony committed as a consequence, or as a means in the conduct or commission thereof. In which case, torture shall be treated as a separate and independent criminal act whose penalties shall be imposable without prejudice to any other criminal liability provided for by domestic and international laws.”, Philippines’ Anti-Torture Act of 2009, Republic Act N°9745 (10 novembre 2009), article 15, disponible sur : http://www.congress.gov.ph/ download/ra_14/RA09745.pdf (consulté en février 2016).
Muchos Estados han tipificado la tortura como un delito distinto y específico en su legislación nacional.	De nombreux États ont érigé la torture en un crime distinct et spécifique dans leur législation nationale.
Algunos de estos Estados se mencionan en la sección 2, relativa a la definición de la tortura.	Certains de ces États sont mentionnés dans la section 2 relative à la définition de la torture.
Aquí, las Filipinas y las Maldivas han declarado claramente en su legislación nacional que el delito de tortura se considera una infracción penal distinta a los otros delitos.	Ici, les Philippines et les Maldives ont clairement indiqué dans leur législation nationale que le crime de torture constitue une infraction pénale distincte des autres crimes.
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En las Maldivas, el artículo 3(a) de la Ley relativa a la Prohibición y la Prevención de la Tortura también especifica que la tortura constituye un delito distinto.	Aux Maldives, l’article 3(a) de la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture précise également que la torture doit constituer une infraction pénale distincte.
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En las Filipinas, el artículo 15 de la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) estipula específicamente que la tortura será considerada un delito separado y específico, que no se solapará con ningún otro delito, ni con la sanción que se le aplique.	Aux Philippines, l’article 15 de la loi contre la torture (Anti-Torture Act) affirme le caractère distinct et spécifique de l’infraction de torture, qui ne saurait être assimilée à aucun autre crime, ainsi que de la sanction qui lui est liée.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
La Convención exige a los Estados parte definir la tortura adoptando, como mínimo, todos los elementos del artículo 1 de la Convención	La Convention fait obligation aux États parties de définir la torture en adoptant, à tout le moins, tous les éléments de l’article premier de la Convention
El primer paso para comprender qué elementos debe incluir un Estado al redactar una legislación contra la tortura adecuada, es clarificar la definición de la tortura de conformidad con la Convención.	Pour comprendre ce que doit recouvrer une législation adéquate contre la torture, il convient d’abord de clarifier la définition de la torture adoptée aux termes de la Convention.
El Comité exige claramente que la legislación nacional respete, como mínimo, la definición contenida en el artículo 1 de la Convención.	Le Comité exige clairement que la législation nationale respecte, au minimum, la définition contenue dans l’article premier de la Convention.
Asimismo, recomienda en casi todas sus observaciones finales que el Estado tipifique la tortura como delito “tal como lo define el artículo 1 de la Convención”	Dans quasiment toutes ses observations finales, le Comité recommande aux États d’ériger la torture en infraction « telle que définie dans la Convention »
o que la “definición comprenda todos los elementos del artículo 1 de la Convención”.	ou de faire en sorte que la « définition englobe tous les éléments de l’article premier de la Convention ».
En su Observación general Nº2 sobre cómo adoptar medidas eficaces para prevenir la tortura, el Comité afirmó que los Estados debían elaborar su legislación nacional “de conformidad, como mínimo, con los elementos de la tortura que se definen en el artículo 1 de la Convención”.	Dans son Observation générale N°2 sur la manière d’adopter des mesures efficaces pour prévenir la torture, le Comité a affirmé que les États devaient élaborer leur législation nationale « en se fond[ant] à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention ». 8 Si le
Aunque el Comité opina que los Estados parte deberían adoptar una definición similar a la contenida en la Convención, también reconoce que, tienen la posibilidad de adoptar la definición que ofrezca mayor protección y que “favorezca el objeto y el propósito de la Convención”.	Comité estime que les États parties doivent adopter une définition similaire à celle contenue dans la Convention, il reconnaît également que les États ont la possibilité d’adopter une définition offrant une plus grande protection et que cette portée plus vaste peut servir « l’objet et le but de la Convention ».
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Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos contenidos en la Convención que deben estar reflejados en la definición de tortura?	Quels sont, dès lors, les éléments contenus dans la définition qui doivent être reflétés dans la définition de la torture ?
El artículo 1 de la Convención define la tortura de la siguiente manera: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” a:	L’article premier de la Convention définit la torture comme suit : « Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne : tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne,
todo acto por el cual dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,	aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit,
sean infligidos intencionadamente a una persona,	lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,	Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. » (c’est nous qui soulignons et qui adoptons cette présentation).
CAT, Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Bosnia y Herzegovina	CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur la Bosnie-Herzégovine (20 janvier 2011),
(20 de enero de 2011), Doc.	Doc.
ONU CAT/C/BIH/CO/2-5, § 8.	ONU CAT/C/BIH/CO/2-5, § 8.
CAT, Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Alemania (12 de diciembre de 2011), Doc.	CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur l’Allemagne (12 décembre 2011), Doc.
ONU CAT/C/DEU/CO/5, § 9.	ONU CAT/C/DEU/CO/5, § 9.
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 8.	1, § 8.
Ibídem, § 9.	Ibid, § 9.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. (énfasis y formato añadidos).
Definición de la tortura: cuatro elementos acumulativos	La définition de la torture – Quatre éléments cumulatifs
Se deben infligir sufrimientos físicos o mentales graves: el artículo 1 de la Convención establece que “se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales (…)”.	Une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées : l’article premier de la Convention précise que « le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées (…) ».
Es difícil evaluar el aspecto de la gravedad mediante criterios objetivos.	Il est difficile d’évaluer l’élément de gravité sur la base de critères objectifs.
Para evaluar el requisito de gravedad, en general se acepta que se debe interpretar basándose en los hechos caso por caso, teniendo en cuenta las particularidades de cada víctima y el contexto en el que se cometieron los actos.	Il est plutôt généralement admis que ce critère de gravité doit être évalué à la lumière des faits au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque victime et du contexte dans lequel ces actes ont été commis.
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El acto u omisión deben ser infligidos intencionalmente: el acto u omisión que causan el sufrimiento deben ser intencionados.	L’acte ou l’omission doivent être intentionnellement infligés : l’acte ou l’omission provoquant des souffrances doivent être intentionnels.
La tortura no puede cometerse por negligencia.	La torture ne peut pas être commise par négligence.
Sin embargo, aunque la Convención no mencione el crimen por omisión, el derecho internacional recomienda que la definición incluya un delito por omisión – por ejemplo, privar a una persona detenida de medicamentos a propósito – para respetar el objeto y fin de la Convención.	Cependant, bien que la Convention ne mentionne pas du tout le crime d’omission, le droit international recommande que la définition de la torture inclue les infractions par omission - par exemple, lorsqu’un détenu est sciemment privé de médicaments – et ce afin de respecter l’objet et le but de la Convention.
En su Observación general Nº3, el Comité también recomienda que los “actos y omisiones” se incluyan en el delito de tortura.	Dans son Observation générale N°3, le Comité recommande également que « les actes et omissions » soient inclus dans l’infraction de torture. 12
	Dans un but déterminé : l’article premier prévoit que la torture désigne tout acte qui est « intentionnellement inflig[é] à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». La torture consiste donc à infliger une douleur avec un mobile ou un but spécifiques. L’article premier énumère certains des buts les plus fréquemment recherchés par les auteurs d’actes de torture mais cette liste n’est pas exhaustive, comme cela est indiqué par les termes « aux fins notamment ». Les États peuvent ajouter d’autres éléments à la liste, à condition que celle-ci reste ouverte et flexible afin de pouvoir inclure d’autres buts relevant de la définition de l’article premier. Cependant, les critères de but et d’intention ne doivent pas découler d’une analyse subjective de la motivation des auteurs, mais doivent être établis de manière objective, en prenant en compte l’ensemble des circonstances.
12	Par un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite : la définition de l’article premier ne couvre pas les actes commis par des acteurs privés n’ayant aucun lien avec l’État.
TEDH, Irlanda c. Reino Unido, Demanda Nº5310/71, TEDH (serie A) Nº25, sentencia de 18 de enero de 1978, § 162; ver también, Selmouni c. Francia, Demanda Nº25803/94, TEDH 1999-V, sentencia de 28 de julio de 1999, § 160.	L’obligation d’ériger la torture en crime, prévue par la Convention, s’applique aux actes ou omissions d’un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite : le lien avec un agent de l’État fait partie intégrante de la définition de 10 Cour européenne des droits de l’Homme, Irlande c. Royaume-Uni, N°5310/71, CEDH (serie A) N°25, arrêt du 18 janvier 1978, § 162 ; voir aussi CEDH, Selmouni c. France, N°25803/94, CEDH 1999-V, arrêt du 28 juillet 1999, § 160.
Nigel Rodley y Matt Pollard, Criminalisation of torture: state obligations under the United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (2006), E.H.R.L.R. 115, pág.	Nigel Rodley et Matt Pollard, Criminalisation of torture: state obligations under the United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (2006), E.H.R.L.R.
120.	115, p. 120.
CAT, Observación general Nº3: Aplicación del artículo 14 por los Estados parte	CAT, Observation générale N°3 : Application de l’article 14 par les États parties (13 décembre 2012),
(13 de diciembre de 2012), Doc.	Doc.
ONU CAT/C/GC/3, §§ 3, 23 y 37.	ONU CAT/C/GC/3, §§ 3, 23 et 37.
18	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	1, § 9.
Con un fin específico: el artículo 1 prevé que la tortura es todo acto que “se inflija intencionadamente a una persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”. Por lo tanto, la tortura consiste en infligir dolor con un motivo o propósito específico. En el artículo 1 se enumeran algunos de los propósitos más comunes por los que se inflige tortura, no se trata de una lista exhaustiva, como lo indican las palabras “con fines tales como”. Por tanto, los Estados pueden añadir libremente propósitos a la lista, mientras ésta se mantenga abierta y flexible, para poder incluir otros que encuadren en lo establecido por el artículo 1 de la Convención. No obstante, cabe destacar que los elementos de intencionalidad y finalidad no entrañan una investigación subjetiva de las motivaciones de los autores, sino que deben ser conclusiones objetivas a la luz de las circunstancias.
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Por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia: la definición del artículo 1 no incluye los actos privados cometidos por personas que no tienen ninguna conexión con el Estado.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
La obligación de penalizar la tortura prevista por la Convención se aplica a los actos u omisiones cometidos por los y las funcionarias públicas, o con su consentimiento o aquiescencia, o por otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas.	l’article premier.
El vínculo con un o una agente del Estado forma parte de la definición del artículo 1. Sin embargo, esto no significa que el campo de aplicación de la definición se debe limitar únicamente a los y las funcionarias públicas.	Cependant, cela ne signifie pas que la portée de la définition doit être limitée exclusivement aux actes commis par les agents de l’État.
De hecho, el Comité ha aclarado que la definición del artículo 1 es amplia y ha manifestado su preocupación ante las definiciones demasiado restringidas del término “funcionario público” por parte de los Estados.	Au contraire, le Comité a précisé que la définition de l’article premier a une portée large et il a exprimé ses préoccupations par rapport aux définitions trop étroites du terme « agent de l’État » par des États.
El artículo 1 se aplica a los abusos cometidos por agentes no estatales o privados/ as si los y las funcionarias públicas sabían o tienen motivos razonables para pensar que agentes no estatales están cometiendo actos de tortura y no ejercen la debida diligencia para prevenirlos, realizar una investigación, procesar a los y las responsables o imponerles una sanción. En estos casos, las personas en el ejercicio de su función pública también deben ser consideradas autoras, cómplices	L’article premier s’applique aux abus commis par des acteurs non étatiques ou privés, lorsque des agents de l’État savaient ou avaient des motifs raisonnables de penser que des actes de torture étaient infligés par des acteurs non étatiques ou privés et n’ont pas exercé la diligence requise afin de prévenir de tels actes, de mener une enquête, d’engager des poursuites contre leurs auteurs ou de les punir ; dans de telles situations, la responsabilité des agents de l’État doit être engagée en tant qu’auteurs, complices ou pour tout autre fondement, pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes prohibés.
CAT, Observación general Nº2, op. cit. 1, § 9. 14 CAT, Informe del Comité contra la Tortura, 51 o y 52 o períodos de sesiones (2013- 2014), Doc. ONU A/69/44, págs.
38, 113, 114 y 121. 19 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA o responsables por otro concepto en virtud de la Convención, por consentir o tolerar esos actos inaceptables.
Asimismo, el Comité ha interpretado que “en el ejercicio de funciones públicas” se incluyen, por ejemplo, a las autoridades de facto, como los grupos rebeldes e insurgentes que “ejercen ciertas prerrogativas comparables a las que ejercen normalmente los gobiernos legítimos”.	Le Comité a également interprété l’expression « agissant à titre officiel » afin d’y inclure les autorités de facto, y compris les groupes rebelles et insurgés qui « exercent certains pouvoirs qui sont comparables à ceux qu’exerce normalement un gouvernement légitime ».
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Cláusula relativa a las sanciones legítimas	La clause relative aux sanctions légitimes
El artículo 1 de la Convención también excluye explícitamente de la definición de tortura “los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”.	L’article premier de la Convention exclut également explicitement de la définition de la torture « la douleur ou [les] souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
Las sanciones legítimas son actos que se consideran legales en virtud del derecho de un Estado y las normas internacionales.	Les sanctions légitimes sont des actes considérés comme légaux en vertu de la législation d’un État et des normes internationales.
Actualmente, se acepta que esta cláusula de exclusión hace referencia a las sanciones que se consideran legales, tanto por las normas nacionales como por las internacionales y que debería interpretarse de manera restrictiva.	Il est dorénavant admis que cette clause d’exclusion se réfère aux sanctions considérées comme légitimes en vertu aussi bien des normes nationales qu’internationales, et doit être interprétée de manière restrictive.
Una interpretación restrictiva de las sanciones legítimas protege a las personas que están expuestas a la tortura y los malos tratos, velando porque los y las detenidas sean sujetas únicamente a las sanciones que sean resultado del ejercicio legítimo de la autoridad del Estado.	Une interprétation étroite des sanctions légitimes protège les personnes exposées au risque de torture et de mauvais traitements en veillant à ce que les détenus soient uniquement soumis à des sanctions considérées comme découlant d’un exercice légitime de l’autorité étatique.
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	CAT, Rapport du Comité contre la torture, 51 e et 52 e sessions (2013-2014), Doc. ONU A/69/44, pp. 38, 113, 114 et 121.
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 18.	1, § 18.
CAT, Elmi c. Australia (25 de mayo de 1999), Doc.	CAT, Elmi c. Australie (25 mai 1999), Doc.
ONU CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5.	ONU CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5.
Rodley y Pollard, op. cit.	Rodley et Pollard, op. cit.
10, págs. 120 y 121; Asociación para la Prevención de la Tortura, The Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar (Ginebra, 10 y 11 de noviembre de 2001), pág.	10, pp. 120 et 121; Association pour la prévention de la torture, The Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar (Genève, 10–11 novembre 2001), p. 28.
Bosnia y Herzegovina, Código Penal de 2003, versión enmendada en 2015, artículo 190, disponible en http://www.legislationline.org/documents/section/ criminal-codes/country/40 (última consulta en febrero de 2016).	Bosnie-Herzégovine, Code pénal de 2003, tel que modifié en 2015, article 190, disponible sur : http:// www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/40 (consulté en février 2016).
Al integrar el delito de tortura en su legislación nacional, muchos Estados han decidido incorporar la definición contenida en el artículo 1 de la Convención, a veces con ligeras modificaciones.	Lorsqu’ils ont intégré l’infraction de torture dans leur législation nationale, de nombreux États ont décidé d’incorporer la définition contenue dans l’article premier de la Convention, avec parfois de légères modifications.
Por ejemplo:	Ainsi, par exemple :
El Código Penal de Bosnia y Herzegovina también define y tipifica como delito la tortura basándose en los elementos de la definición del artículo 1.	En Bosnie-Herzégovine, le Code pénal définit la torture et l’érige en crime en recourant aux éléments de la définition adoptée par l’article premier.
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20	Au Canada, le Code criminel précise explicitement que la torture désigne un « acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne : a) soit afin notamment : (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration, (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est 18
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Código Penal de Canadá, R.S., c. C-34, s.1, artículo 269.1(2), disponible en http:// laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/ (última consulta en febrero de 2016).	Canada, Code criminel, R.S., c. C-34, s.1, article 269.1(2), disponible sur : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/ lois/c-46/page-61.html (consulté mars 2016).
Código Penal de Colombia de 2000, Ley 599 de 2000, artículo 178 disponible en http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Colombia.pdf (última consulta en febrero de 2016). 21 Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit. 4, artículo 3.	Colombie, Code pénal de 2000, Loi 599 de 2000, article 178, disponible sur : http://www.oas.org/dil/esp/ Codigo_Penal_Colombia.pdf (consulté en février2000).
Irlanda, Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act of 2000 (Act Nº11, 2000), artículo 1, disponible en http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/ act/11/enacted/en/print.html (última consulta en febrero de 2016). 23 Código Penal de Luxemburgo 1879, tal y como lo modifica la Ley de 24 de abril de 2000, artículo 260-1, disponible en http://www.legilux.public.lu/leg/ textescoordonnes/codes/code_penal/codepenal.pdf (última consulta en febrero de 2016).	“Torture means an act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person (a) for such purposes as (i) obtaining from that person, or from another person, information or a confession, (ii) punishing that person for an act which the person concerned or a third person has committed or is suspected of having committed, or (iii) intimidating or coercing that person or a third person, or (b) for any reason that is based on any form of discrimination, but does not include any such act that arises solely from, or is inherent in or incidental to, lawful sanctions.”, Irlande, Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act of 2000 (Loi N°11, 2000), article 1, disponible sur: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/11/enacted/en/print.html (consulté en février 2016). 22 Code pénal du Luxembourg de 1879, tel que modifié par la loi du 24 avril 2000, article 260-1, disponible sur : http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/codepenal.pdf (consulté en février 2016).
El Código Penal de Canadá incluye explícitamente en la definición de la tortura todos los elementos esenciales de la definición incluida en el artículo 1 de la Convención. 19 En Colombia, el artículo 178 del Código Penal también tipifica como delito la tortura y la definición empleada es similar a la definición del artículo 1 de la Convención: “El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.	Madagascar, Loi N°2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chapitre 1, article 2, disponible sur : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ MONOGRAPH/89308/102562/F1528680668/MDG-89308.pdf (consulté en février 2016). soupçonnée d’avoir commis, (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci ; b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas”.	La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles ».
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En las Filipinas, el artículo 3 de la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) define la tortura basándose en la definición contenida en el artículo 1 de la Convención.	En Colombie, le Code pénal définit la torture et l’érige en crime en recourant à la plupart des éléments de la définition adoptée par l’article premier.
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En Irlanda, la Ley relativa a la Justicia Penal tipifica la tortura como delito recurriendo a la mayor parte de los elementos incluidos en la definición del artículo 1.	En Irlande, la loi relative à la justice pénale (Criminal Justice Act) érige la torture en crime en recourant aux éléments de la définition adoptée par l’article premier.
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En Luxemburgo, el artículo 260-1 del Código Penal basa su definición de la tortura en la Convención contra la Tortura.	Au Luxembourg, l’article 260-1 du Code pénal fonde sa définition de la torture sur la Convention contre la torture : « Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans ».
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Madagascar, Loi Nº2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, capítulo 1, artículo 2, disponible en https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/89308/102562/F1528680668/ MDG-89308.pdf (última consulta en febrero de 2016).	À Madagascar, l’article 2 de la loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reprend verbatim la définition de l’article premier de la Convention : « Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne : 1° soit afin notamment : (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements, une déclaration ou des aveux ; (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ; (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci. 2° soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit ; 3° lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
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Malí, Código Penal de 2001, Ley Nº01-079 de 20 de agosto de 2001, artículo 209, disponible en http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mali/Mali-Code-2001-penal.pdf (última consulta en febrero de 2016).	24 Mali, Code pénal de 2001, Loi N°01-079 du 20 août 2001, article 209, disponible sur : http://www.droit- afrique.com/upload/doc/mali/Mali-Code-2001-penal.pdf (consulté en février 2016).
Marruecos, Código Penal, modificado por la Ley de 15 de septiembre de 2011, artículo 231-1, disponible en http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/ SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf (última consulta en febrero de 2016). 27 Nueva Zelanda, Crimes of Torture Act of 1989, Act Nº106 (13 de noviembre de 1989), artículo 2, disponible en http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0106/ latest/whole.html (última consulta en febrero de 2016).	Maroc, Code pénal, tel qu’amendé par la loi du 15 septembre 2011, article 231-1, disponible sur : http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf (consulté en février 2016). 26 “Act of torture means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person (a) for such purposes as (i) obtaining from that person or some other person information or a confession; or (ii) punishing that person for any act or omission for which that person or some other person is responsible or is suspected of being responsible; or (iii) intimidating or coercing that person or some other person; or (b) for any reason based on discrimination of any kind”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act of 1989, Loi N°106 (13 novembre 1989), article 2, disponible sur : http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0106/latest/whole.html (consulté en février 2016).
Ibídem, artículo 2(1)(b).	“[B]ut does not include any act or omission arising only from, or inherent in, or incidental to, any lawful sanctions that are not inconsistent with the Articles of the International Covenant on Civil and Political Rights”, Ibid, section 2(1)(b).
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act (18 de septiembre de 2012), artículo 2, disponible en http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2012/3/prevention_ prohibition_of_torture_act_no_3_of_2_17440.pdf (última consulta en febrero de 2016). En Madagascar, se incluye textualmente la definición de tortura contenida en el artículo 1 de la Convención en el artículo 2 de la Ley contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.	“(1) In this Act, torture means any act or omission, by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of any person whether a public official or other person acting in an official or private capacity for such purposes as (a) obtaining information or a confession from the person or any other person; (b) punishing that person for an act he or she or any other person has committed, or is suspected of having committed or of planning to commit; or (c) intimidating or coercing the person or any other person to do, or to refrain from doing, any act.”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act (18 septembre 2012), article 2, disponible sur: http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2012/3/prevention_prohibition_of_ torture_act_no_3_of_2_17440.pdf (consulté en février 2016). Au Mali, le code pénal érige la torture en crime et définit cette infraction en reprenant verbatim la définition de l’article premier de la Convention : « Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
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En Malí, el Código Penal tipifica la tortura como delito y la define empleando textualmente la definición del artículo 1. 25 El Código Penal de Marruecos introdujo una definición de tortura en 2006 y para ello se basó en la definición del artículo 1: el término tortura incluye cuatro elementos; es decir, la gravedad, la intención, el propósito específico y la implicación de un/una un funcionario/a público/a.	Au Maroc, le code pénal a adopté, en 2006, une définition de la torture qui se fonde sur la définition de l’article premier : « Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes ».
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Nueva Zelanda define la tortura en el artículo 2 de la Ley relativa a los Delitos de Tortura (Crimes of Torture Act) recurriendo a los elementos incluidos en la definición del artículo 1 y abarca todo acto y omisión.	En Nouvelle-Zélande, l’article 2 de la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) définit la torture en recourant aux éléments de la définition adoptée par l’article premier et en englobant tout acte ou omission.
La ley incluye también una cláusula relativa a las sanciones legítimas y especifica que éstas deben estar en consonancia con las disposiciones del PIDCP.	La loi contient aussi une clause relative aux sanctions légitimes et précise que celles-ci doivent être strictement conformes avec les dispositions du PIDCP.
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En Uganda, el artículo 2 de la Ley para la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) retoma los elementos de la definición prevista en el artículo 1.	En Ouganda, l’article 2 de la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) définit la torture en se fondant sur la définition de l’article premier de la Convention.
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La Convención exige a los Estados parte afirmar explícitamente la prohibición absoluta de la tortura; la defensa basada en la orden de un/una superior debe ser excluida	3. La Convention fait obligation aux États parties d’affirmer explicitement la prohibition absolue de la torture ; les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur doivent être exclus
Según lo dispuesto por la Convención, la tortura nunca está justificada: en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.	Aux termes de la Convention, la torture ne saurait être justifiée en aucune circonstance : ni l’état de guerre ou d’urgence, ni l’instabilité politique intérieure ni toute autre menace pour l’État ne peuvent être invoqués pour justifier la torture. 30
Según el artículo 2(3) de la Convención, no podrá invocarse una orden de un/una funcionario/a superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.	En vertu de l’article 2 (3) de la Convention, les moyens de défense relatifs aux ordres militaires ou d’un supérieur ne peuvent également jamais être invoqués dans le cadre d’une poursuite pénale pour justifier la torture.
Esta norma está apoyada plenamente por el derecho internacional.	Cette prohibition absolue de la torture est explicitement consacrée par le droit international.
La prohibición de justificaciones de la tortura también se incluye de manera explícita en los tratados de derechos humanos regionales;	L’interdiction de toute justification de la torture est également explicitement affirmée dans les traités régionaux des droits humains ;
el CCPR ha sostenido que el mismo principio se aplica a la prohibición de la tortura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 32 y el derecho penal internacional limita estrictamente la defensa individual basada en la orden de una persona con rango superior.	le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé que ce même principe s’appliquait à l’interdiction de la torture consacrée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 32 et le droit pénal international limite strictement les moyens de défense relatifs à l’ordre d’un supérieur.
La prohibición de los medios de defensa para justificar la tortura constituye un elemento normativo que protege a las personas en riesgo: prohibir los medios de defensa en la legislación contra la tortura puede ser un factor disuasivo considerable.	L’exclusion de tout moyen de défense pour justifier la torture constitue un élément normatif important pour la protection des personnes exposées au risque de torture : l’interdiction, dans la législation contre la torture, de tout moyen de défense pour justifier de tels actes, peut constituer un puissant moyen de dissuasion.
Se recomienda a los Estados que revisen su código penal para confirmar que no contiene defensas generales que	Il est recommandé aux États d’examiner les dispositions de leur code pénal afin de vérifier que celui-ci ne contient pas des moyens de défense généraux susceptibles de contrevenir à cette interdiction.
	29 “«Torture» refers to an act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him/her or a third person information or a confession; punishing him/her for an act he/she or a third person has committed or is suspected of having committed; or intimidating or coercing him/her or a third person; or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a person in authority or agent of a person in authority. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 3.
Artículos 2§2 y 2§3 de la Convención; véase también CAT, Observación general Nº2, op. cit. 1, §§ 5 y 26; véase también Comité contra la Tortura de la ONU, Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura sobre los Estados Unidos de América (25 de julio de 2006), Doc.	Articles 2§2 et 2§3 de la Convention contre la torture ; voir aussi CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, §§ 5 et 26 ; Voir ausi CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur les États-Unis d’Amérique (25 juillet 2006), Doc.
ONU CAT/C/USA/CO/2, §14.	ONU CAT/C/USA/CO/2, §14.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (entró en vigor el	Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (entrée en vigueur le
de febrero de 1987), Serie de Tratados de la OEA, Nº67 (1985), artículos 4 y 5; Convenio Europeo de Derechos Humanos (entró en vigor el 3 de mayo de 1953), artículo 3 (no permite ninguna excepción); Liga de los Estados Árabes, Carta Árabe de Derechos Humanos (adoptada el 15 de septiembre de 1994), artículo 4.	février 1987), Série des traités de l’OEA, N°67 (1985), articles 4 et 5 ; Convention européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur le 3 mai 1953), article 3 (ne prévoit aucune exception) ; Ligue des États arabes, Charte arabe des droits de l’homme (adoptée le 15 septembre 1994) Article 4.
CAT, Observación general Nº20, artículo 7 en Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos (29 de julio de 1994), Doc.	CCPR, Observation générale 20, Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) in Compilation d’observations et de recommandations générales adoptées par les organes créés en application des traités relatifs aux droits de l’homme, (29 juillet 1994), Doc.
ONU HRI/GEN/1/Rev.1.	ONU HRI/GEN/1/Rev.1.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (entró en vigor el 1 de julio de	Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale (entré en vigueur le 1er juillet 2002),
2002), A/CONF.183/9 de 17 de julio de 1998 y corregido por las actas de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002, artículo 33.	A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998 et corrigé par procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002, article 33.
J. Herman Burgers y Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (M. Nijhoff, 1988), pág.	J. Herman Burgers et Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (M. Nijhoff, 1988), p. 124.
23	Association pour la prévention de la torture, Rapport : Expériences, conseils et bonnes pratiques -
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Questions clé pour l’élaboration de lois anti-torture, Réunion d’experts 2-3 novembre 2012 (2013), p. 50.
contradigan esta prohibición.	Aux Philippines, l’article 3 de la loi contre la torture définit la torture en se fondant sur la définition de l’article premier de la Convention.
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37	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
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APT, Report: Experiences, Advice and Good Practices – Key Isses in Drafting Anti-	38
Torture Legislation, Expert Meeting 2–3 November 2012 (2013), pág.	40 41
Australia, Criminal Code Act 1995, tal y como lo modifica la Crimes Legislation Amendment (Torture Prohibition and death Penalty Abolition) Act 2010, artículo 274.4, disponible en https://www.comlaw.gov.au/Details/C2010A00037 (última consulta en febrero de 2016).	“It is not a defence in a proceeding for an offence under this Division that: (a) the conduct constituting the offence was done out of necessity arising from the existence of a state of war, a threat of war, internal political instability, a public emergency or any other exceptional circumstance; or (b) in engaging in the conduct constituting the offence the accused acted under orders of a superior officer or public authority (…)”, Australie Criminal Code Act 1995, tel que modifié par le Crimes Legislation Amendment (Torture Prohibition and death Penalty Abolition) Act 2010, article 274.4, disponible sur : https://www.comlaw.gov. au/Details/C2010A00037 (consulté en février 2016).
Código Penal de Canadá, op. cit.	Canada, Code criminel, op. cit.
18, artículo 269.1(3).	18, article 269.1(3).
Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit. 4, artículo 6. 39 Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, articles 14 and 15. 39 “Notwithstanding anything in this Act, there shall, be no derogation from the enjoyment of the right to freedom from torture.
	The following shall not be a defence to a charge of torture (a) a state of war or a threat of war; (b) internal political instability; (c) public emergency; or (d) an order from a superior officer or a public authority“, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 3. 40 “Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment as criminal acts shall apply to all circumstances. A state of war or a threat of war, internal political instability, or any other public emergency, or a document or any determination comprising an «order of battle” shall not and can never be invoked as a justification for torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment“, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit.
23, artículos 14 y 15.	4, article 6.
Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, Ley Nº22 de 1994, artículo 3, disponible en http://hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/Legislations_related_to_Torture/ Convention%20against%20Torture%201994%20of%2022.pdf (última consulta en febrero de 2016). En Australia, el artículo 274.4 del Código Penal prevé que no se puede invocar como defensa ninguna situación, ya sea el estado o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o una emergencia pública o cualquier otra circunstancia excepcional.	“For the avoidance of doubts it is hereby declared that the fact that any act constituting an offence under this Act was committed (a) at a time when there was a state of war, threat of war., internal political instability or any public emergency; (b) on an order of a superior officer or a public authority, shall not be a defence to such offence”, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act de 1994, Loi N°22 of 1994, article 3, disponible sur : http://hrcsl.lk/PFF/ Library_Domestic_Laws/Legislations_related_to_Torture/Convention%20against%20Torture%20 1994%20of%2022.pdf (consulté en février 2016). En Australie, l’article 274.4 du Code pénal (Criminal Code) précise qu’aucune situation ne peut être invoquée pour justifier la torture (qu’il s’agisse d’un état ou d’une menace de guerre, d’une instabilité politique intérieure ou en cas de danger public exceptionnel ou toute autre circonstance exceptionnelle).
Además, se excluyen los medios de defensa basados en las órdenes de una autoridad superior.	Cet article exclut également les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur.
36	36
En Canadá, el Código Penal excluye igualmente la defensa invocando la orden de superiores o circunstancias excepcionales como el estado de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.	Le Code criminel du Canada précise de même que « Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence ».
37	37
En las Filipinas, la Ley contra la Tortura de 2009 (Anti-Torture Act) también declara claramente el carácter no derogable de la prohibición de la tortura, sean cuales sean las circunstancias (estado de guerra, inestabilidad política u otra emergencia pública. También, se excluye la orden de un/una superior como defensa.	À Madagascar, l’article 14 de la loi contre la torture dispose que : « Ni l’état de guerre, ni la situation d’urgence, ni l’état de nécessité nationale, ni la loi martiale ne peuvent être invoqués pour justifier un acte de torture. » 38 En Ouganda, l’article 3 de la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) précise également que l’interdiction de la torture n’est pas susceptible de dérogation et exclut les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur.
38	39
En Madagascar, el artículo 14 de la Ley contra la Tortura prevé que no se puede invocar ninguna situación para justificar la tortura (ni el estado de guerra, el estado de emergencia, la necesidad nacional, la ley marcial, etc.).	Aux Philippines, la loi contre la torture de 2009 (Anti-Torture Act) consacre également le caractère absolu de l’interdiction de la torture, quelles que soient les circonstances, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.
Además, el artículo 15 especifica que la orden de un/una superior no constituye una defensa para el delito de tortura.	Cette loi exclut également les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur.
39	40
En Sri Lanka, la Ley relativa a la Convención contra la Tortura (Convention against Torture Act) también precisa que no se puede invocar ninguna situación para justificar la tortura (ya sea el estado o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o una emergencia pública); tampoco se podrá utilizar la orden de un/una superior como defensa.	Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) précise aussi qu’aucune situation ne peut être invoquée pour justifier la torture (qu’il s’agisse d’un état ou d’une menace de guerre, d’une instabilité politique intérieure ou en cas de danger public exceptionnel). Ce texte exclut également les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA 41	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Los Estados parte tienen la posibilidad de incluir a los y las agentes no estatales y privados en la definición de la tortura	Les États parties ont la possibilité d’inclure les acteurs non étatiques et privés dans la définition de la torture
El Comité ha clarificado su interpretación de la definición del artículo 1 y las nociones de “funcionario/a público/a u otra persona en el ejercicio de funciones públicas” (ver sección 2 relativa a la definición de la tortura).	Le Comité a explicité son interprétation de la définition de l’article premier et des termes « agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel » (voir la Section 2 relative à la définition de la torture).
La obligación de la Convención es tipificar como delito los actos de tortura que tengan una conexión con las autoridades estatales o cuasi estatales, lo que puede incluir a los y las funcionarias públicas que tengan conocimiento o motivos fundados para creer que se han cometido actos de tortura y no ejerzan su obligación de debida diligencia.	La Convention fait obligation d’ériger en crimes les actes de torture qui ont un lien avec l’État ou avec des autorités quasi-étatiques, ce qui peut inclure les agents de l’État qui savaient ou avaient des motifs raisonnables de penser que des actes de torture étaient infligés et qui n’ont pas respecté leur obligation de diligence voulue. 42
Sin embargo, algunos Estados han decidido incluir también la posibilidad de atribuir la autoría de los actos de tortura a agentes no estatales o privados que no estén vinculados a las entidades estatales o cuasi estatales.	Cependant, dans leur législation érigeant la torture en crime, certains États ont décidé d’inclure également la possibilité d’engager la responsabilité pour actes de torture d’acteurs non étatiques ou privés, et ce même en l’absence d’un lien avec des autorités étatiques ou quasi-étatiques.
Los Estados no tienen la obligación de hacerlo, pero tienen la posibilidad de adoptar una definición diferente con criterios de responsabilidad distintos, siempre y cuando se incluyan los elementos mínimos de la definición del artículo 1 y las formas de responsabilidad contempladas por la Convención.	Les États ne sont pas tenus de le faire, mais ils ont la possibilité d’adopter une définition et des fondements de responsabilité plus larges, à condition d’inclure les éléments minimaux de la définition de l’article premier et les différents fondements de responsabilité prévus par la Convention.
Los Estados que han tipificado como delito los actos de tortura cometidos por agentes privados en general han previsto sanciones más severas para los y las agentes estatates que para los particulares (ver el ejemplo de Brasil abajo).	Les États qui ont inclus les acteurs privés dans la définition de la torture ont généralement prévu des sanctions plus sévères pour les acteurs étatiques que pour les personnes privées (voir ci-dessous l’exemple du Brésil).
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 3. 42 CAT, Observación general Nº2, op. cit. 1, § 18.
En Uganda, el artículo 3 de su Ley para la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé que la prohibición de la tortura no es derogable y excluye la defensa basada en la orden de un/una superior.	44 45
25 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA 43 44 45
Los Estados parte tienen la posibilidad de tipificar los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	Les États parties ont la possibilité d’ériger en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Una pregunta recurrente es si los Estados tienen la obligación de tipificar como delito los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID).	La question de savoir si les États sont également tenus d’ériger en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (PTCID) n’a pas été tranchée.
El texto del artículo 16 de la Convención exige que los Estados parte se comprometan a “prohibir […] otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura”. La separación de la tortura y los TPCID en distintos artículos de la Convención fue deliberada, porque la intención de las personas encargadas de redactarla era que algunas de las obligaciones de los Estados se aplicaran únicamente a la tortura. 46	L’article 16 de la Convention fait obligation aux États de s’engager « à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La Convention opère délibérément une distinction entre les actes de torture et les PTCID et leur consacre
En particular, no se preveía que la obligación del artículo 4 de tipificar la tortura como delito en la legislación nacional se aplicara a los TPCID.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
En algunas observaciones finales, el Comité ha comentado	1, § 18.
Argentina, Código Penal, texto consolidado de la Ley 11.179 ordenado por Decreto	Argentine, Code pénal, texte consolidé de la loi N°11.179 approuvé par décret N°3992/84 du 21 décembre
3992/84 de 21 de diciembre de 1984 y modificado por última vez por Ley 26.842 de 19 de diciembre de 2012, artículo 144(3)(1), disponible en http://www.wipo.int/ wipolex/en/text.jsp?file_id=283801 (última consulta en febrero de 2016).	1984, tel que modifié en dernier lieu par la loi N°26.842 du 19 décembre 2012, article 144(3)(1), disponible sur : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=283801 (consulté en février 2016).
Brasil, Ley Nº9.455 de 7 de abril de 1997, artículo 1, disponible en http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm (última consulta en febrero de 2016).	Brésil, Loi N°9.455 du 7 avril 1997, article 1, disponible sur : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L9455.htm (consulté en février 2016).
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.	“An act ‘inflicted on a person (…) by any person whether a public official or other person acting in an official or private capacity.”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
28, artículo 2(1).	28, article 2(1).
Manfred Nowak y Elizabeth Mcarthur, the United Nations Convention against Torture: A Commentary (Oxford University Press 2008), págs. 229 y 230. 47 Ibídem, pág. 247.
En Argentina, el artículo 144(3)(1) del Código Penal también contiene una sanción por los actos de tortura cometidos por particulares.	En Argentine, l’article 144(3)(1) du Code pénal prévoit également des sanctions pour les actes de torture commis par des personnes privées.
43	43
En Brasil, la Ley relativa a Delitos de Tortura prevé que éstos incluyan actos cometidos tanto por los y las funcionarias estatales como por agentes particulares.	Au Brésil, la loi relative aux crimes de torture prévoit que le crime de torture inclut des actes commis par des agents de l’État et des acteurs privés.
Sin embargo, cuando los actos de tortura son cometidos por un/una funcionario/a público/a, la pena aumenta en un tercio.	Toutefois, lorsque des actes de torture sont commis par un agent de l’État, la peine est augmentée d’un tiers.
44	44
En Uganda, la Ley para la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) define la tortura como un acto infligido a una persona por otra persona, ya sea un/una funcionario/a público/a u otra persona que actúe en capacidad oficial o privada.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) définit la torture comme un acte commis par toute personne, qu’il s’agisse d’un agent de l’État ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou privé.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
la ausencia de disposiciones legales nacionales que tipifiquen como delito los TPCID, 48 pero en general no se considera que la Convención exija a los Estados tipificar como delito distinto estos tratos o penas.	des articles distincts, car l’intention des rédacteurs de ce texte était que certaines des obligations incombant aux États s’appliquent uniquement à la torture. 46 En particulier, l’obligation de l’article 4 d’ériger en crime la torture dans la législation nationale ne visait pas à s’appliquer aux PTCID. 47 Dans quelques observations finales, le Comité a évoqué l’absence de dispositions nationales érigeant en crimes les PTCID, 48 mais il est généralement considéré que la Convention ne fait pas obligation aux États d’ériger ces actes en une infraction distincte.
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Por lo tanto, los Estados tienen la posibilidad de adoptar leyes que tipifiquen los TPCID como un delito específico pero en todo caso, como se ha visto en la introducción, los Estados tienen la obligación según el artículo 16 de la Convención de prevenir estos actos.	Les États peuvent donc adopter une législation qui érige les PTCID en crimes distincts, mais comme nous l’avons vu dans l’introduction, les États ont, dans tous les cas, l’obligation d’interdire de tels actes en vertu de l’article 16 de la Convention.
El Comité ha indicado en su Observación general Nº3 que las víctimas de TPCID tienen derecho a una indemnización justa y adecuada.	Dans son Observation générale N°3, le Comité a indiqué que les victimes de PTCID bénéficient du droit à un recours utile et à une réparation.
Si los Estados deciden tipificar los TPCID como un delito específico, el Comité ha recomendado mantener esta noción separada de la noción de tortura.	Si les États décident d’ériger les PTCID en crimes distincts, le Comité a recommandé de séparer cette infraction du crime de torture.
Del mismo modo, se recomienda que la legislación sea más explícita que la Convención en cuanto a lo que constituyen los TPCID, ya que no existe una definición precisa en el derecho internacional.	De la même manière, il est recommandé que la législation soit plus explicite que la Convention quant aux éléments constitutifs des PTCID, étant donnée l’absence de définition précise des PTCID en droit international.
Los Estados que han tipificado como delito los TPCID han adoptado enfoques diferentes.	Les États qui ont criminalisé les PTCID ont adopté des approches différentes.
Algunos han definido los TPCID en su legislación, mientras que otros han dejado que los tribunales determinen qué constituye TPCID (ver ejemplos abajo).	Certains ont défini les PTCID, certains ne les ont pas définis dans leur législation tandis que d’autres ont laissé aux tribunaux le soin de déterminer quels actes sont constitutifs de TCID (voir exemples ci-dessous).
Las penas por el delito de TPCID normalmente deben ser menos duras que las impuestas por delitos de tortura.	Les actes de PTCID doivent généralement être assortis de peines plus légères que celles prévues pour les actes de torture.
52	52
	Manfred Nowak et Elizabeth Mcarthur, The United Nations Convention against Torture: A Commentary (Oxford University Press 2008), pp. 229 et 230. 47 Ibid, p. 247.
CAT, Observaciones finales sobre Ucrania (11 de diciembre de 2014), Doc.	CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur l’Ukraine (11 décembre 2014), Doc.
ONU	ONU CAT/C/
CAT/C/UKR/CO/6, § 134; CAT, Observaciones finales sobre Suecia (6 de junio de 2002), Doc.	UKR/CO/6, § 134 ; Observations finales du Comité contre la torture sur la Suède (6 juin 2002), Doc.
ONU CAT/C/CR/28/6, § 7(a); CAT, Observaciones finales sobre Kazajstán (12 de diciembre de 2014), Doc.	ONU CAT/C/CR/28/6, § 7(a) ; CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur le Kazakhstan (12 décembre 2014,) Doc.
ONU CAT/C/KAZ/CO/3, § 7(a).	ONU CAT/C/KAZ/CO/3, § 7(a).
Rodley y Pollard, op. cit.	Rodley et Pollard, op. cit.
10, § 118.	10, § 118.
CAT, Observación general Nº3, op. cit.	CAT, Observation générale N°3, op. cit.
11, § 1.	11, § 1.
Ver también el capítulo 8 de la guía sobre el derecho a la reparación.	Voir aussi le chapitre 8 du présent guide relatif au droit à réparation.
CAT, Observaciones finales sobre Alemania (12 de diciembre de 2011), Doc.	CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur l’Allemagne (12 décembre 2011),
ONU	Doc.
CAT/C/DEU/CO/5, § 9.	ONU CAT/C/DEU/CO/5, § 9.
Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit.	Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.
4, artículo 3(b).	3, article 11.
En las Filipinas, la Ley contra la Tortura define los TPCID como actos deliberados y agravados no enumerados en la definición de la tortura, infligidos a una persona detenida y cuya gravedad causa sufrimiento, humillación o degradación. La evaluación del nivel de gravedad dependerá de las circunstancias del caso, incluyendo la duración del trato o pena, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la religión, la edad y el estado de salud de la víctima. 52	Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture contient une disposition qui prévoit que les PTCID renvoient à tous les actes ou incidents qui ne relèvent pas de la définition de la torture. Les PTCID recouvrent les actes infligeant une douleur extrême ou les actions susceptibles d’anéantir l’esprit de survie d’un individu, ou visant à convaincre un individu qu’il n’a pas droit à la dignité humaine ; ils peuvent être infligées à une personne placée sous la protection d’un agent de l’État, ou être commis sur ordre d’un tel agent, avec son consentement exprès ; par ailleurs, la responsabilité de l’agent de l’État peut être engagée si cette personne avait été notifiée de ces actes ou en avait connaissance.
27	52
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) érige en crimes les PTCID et confie aux tribunaux le soin de déterminer quels actes sont constitutifs de PTCID en tenant compte de la définition de la torture adoptée par cette loi ainsi que des circonstances du cas
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54	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
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La Convención exige a los Estados parte sancionar la tortura con penas proporcionales a la gravedad del delito.	La Convention fait obligation aux États parties de sanctionner la torture en imposant des peines proportionnelles à la gravité du crime.
El Comité recomienda que los Estados castiguen la tortura con penas mínimas de seis años de cárcel	Le Comité recommande que les États parties sanctionnent la torture en imposant des peines minimales de six ans d’emprisonnement
El artículo 1, que aborda la definición del delito de la tortura, consagra la gravedad de esta infracción.	L’article premier, qui porte sur la définition du crime de torture, consacre la gravité de cette infraction.
El artículo 2 crea la obligación de que los Estados, entre otras cosas, adopten medidas legislativas para impedir que se cometa este delito en sus territorios.	L’article 2 crée l’obligation pour les États d’adopter notamment des mesures législatives pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction.
Más concretamente, el artículo 4 de la Convención crea la obligación de que los Estados “castiguen esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.	Plus précisément, l’article 4 de la Convention crée l’obligation pour les États de rendre « ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité ».
Así, las penas previstas en la legislación nacional deben reflejar la gravedad del delito en cuestión y poner freno a la práctica.	En effet, les sanctions prévues par la législation nationale doivent refléter l’extrême gravité de ce crime, et décourager toute pratique de la torture.
El Comité ha explicado que “las discrepancias graves entre la definición que figura en la Convención y la reflejada en la legislación nacional	Le Comité a précisé que : « Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité ».
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	Si la nécessité de garantir une sanction sévère, proportionnelle à la gravité du crime, est clairement soulignée, aucune norme officielle ne précise la durée de cette peine d’emprisonnement.
3, artículo 11.	En 2002, le Comité a recommandé l’imposition de peines allant de six à vingt ans d’emprisonnement.
Uganda, Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 7.	Depuis lors, il semble que le Comité n’a pas précisé quelles devaient être les sanctions adéquates ou ni proposé des fourchettes spécifiques même s’il continue de rappeler aux États parties que certaines mesures sont insuffisantes ou ne sont pas proportionnelles à la gravité du crime.
Ibídem.	Le Comité
Ver también CAT, Observación general Nº2, op. cit. 1, § 8. En las Maldivas, la disposición sobre TPCID de la Ley para la Prohibición y la Prevención de la Tortura señala que los TPCID son actos o incidentes que no forman parte de la definición de tortura, pero que consisten en actos que infligen un dolor extremo o que pueden acabar con el espíritu de supervivencia de la persona o convencerla de que no tiene derecho a la dignidad humana; pueden ser infligidos a personas bajo la protección de las autoridades estatales o por orden de un/una funcionario/a público/a, o con su consentimiento, o tras su notificación o con su conocimiento.	“for the purposes of determining what amounts to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the court or any other body considering the matter shall have regards to the definition of torture as set out in section 2 and the circumstances of the case (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 7.
53	ibid.
En Uganda, la Ley para la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) tipifica los TPCID como delito y estipula que los tribunales deben determinar qué actos constituyen TPCID, teniendo en consideración la definición de la tortura y las circunstancias del caso.	“Other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment refers to a deliberate and aggravated treatment or punishment not enumerated under Section 4 of this Act, inflicted by a person under his/ her custody, which attains a level of severity causing suffering, gross humiliation or debasement to the latter. The assessment of the level of severity shall depend on all the circumstances of the case, including the duration of the treatment or punishment, its physical and mental effects and, in some cases, the sex, religion, age and state of health of the victim”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 3(b).
Se prevén penas de hasta siete años.	Voir aussi CAT, Observation générale N°2, op. cit.
55	1, § 8.
28	Ibid, § 9.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	CAT, Compte-rendu analytique de la 93 e séance du Comité, Doc.
abren resquicios reales o potenciales para la impunidad”.	ONU CAT/C/SR.93 [ce document, cité par les chercheurs pour le paramètre numérique des peines qu’il propose n’est pas disponible dans les archives du Comité]. examiné.
Aunque se destaca claramente la necesidad de garantizar una sanción severa, proporcional a la gravedad del delito, no existe ninguna norma oficial que precise cuál debería ser la duración de ésta. En 2002 el Comité recomendó que se impusieran penas de entre 6 y 20 años.	Les peines prévues peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement. 54 Aux Philippines, la loi contre la torture définit notamment les PTCID comme des actes délibérés et aggravés, non énumérés dans la définition de la torture, infligés à un(e) détenu(e) et dont l’intensité est telle qu’elle provoque des souffrances, une humiliation ou un avilissement graves.
Desde entonces, el Comité no ha precisado cuáles son las sanciones adecuadas ni los parámetros específicos, aunque sigue recordando a los Estados que algunas medidas son insuficientes o no son proporcionales a la gravedad del delito.	L’évaluation du niveau de gravité dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce, y compris la durée de l’acte, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas, le sexe, la religion, l’âge et l’état de santé de la victime.
	25 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
El Comité ha declarado que los actos de tortura deben conllevar las penas más fuertes.	a déclaré que les actes de torture doivent faire l’objet des sanctions les plus sévères.
Esta declaración refuerza la idea de que los Estados deben examinar cuidadosamente las penas impuestas por delitos de tortura y que por lo menos se deben respetar los parámetros mínimos planteados por la recomendación de 2002.	Cette déclaration renforce l’idée que les États doivent définir avec soin les sanctions assorties au crime de torture, et que celles-ci doivent, au minimum, respecter les paramètres établis dans la recommandation de 2002.
Los Estados prevén normalmente una escala de penas en donde las más duras se imponen cuando el delito ocasiona la muerte de la víctima o discapacidades permanentes, o cuando éste se inflige a una mujer embarazada o un/una niño/a menor de 18 años (en otras palabras, los Estados pueden imponer penas más duras por circunstancias agravantes).	Les États prévoient souvent une échelle de peines, les sanctions les plus lourdes étant applicables lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente ou lorsqu’elle a été infligée à une femme enceinte ou un enfant âgé de moins de 18 ans (en d’autres termes, les États peuvent imposer des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes).
60 57 Ibídem, § 9. 58 CAT, Informe resumido del 93 o período de sesiones del Comité, Doc.
ONU CAT/C/	60 61
SR.93 [este documento, citado por las y los investigadores para el parámetro numérico de las penas, no está disponible en los archivos del Comité].	62
Australia, Criminal Code Act 1995, op. cit.	Australie, Criminal Code Act 1995, op. cit.
35, artículo 274.2(1) y (2).	35, article 274.2(1) et (2).
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.
3, artículo 23.	3, article 23.
En Australia, el Código Penal prevé una pena de 20 años por el delito de tortura. 59 En las Maldivas, la Ley para la Prevención y Prohibición de la Tortura impone penas que van de 5 a 25 años en función de los efectos de los actos de tortura en la víctima: 5 años por una víctima de tortura que necesite tratamiento médico de más de 90 días; 10 a 15 años si la víctima ha perdido el sentido del gusto, la vista, la audición, el habla etc.; 15 a 20 años si la tortura ha causado locura, pérdida de memoria, etc.; 15 a 25 años si la víctima ha sido mutilada, violada, etc.; 25 años en caso de asesinato o en caso de violación cuyas consecuencias hayan sido la pérdida de memoria, la locura, etc.	“any person who commits torture shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 15 years. In the case of aggravated and severe torture resulting in death, a sentence of imprisonment for a term not exceeding 21 years may be imposed.
29 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA 61 62
Noruega, Código General Civil Penal, Ley de 22 de mayo de 1902 Nº10, con enmiendas posteriores, la última por Ley de 21 de diciembre de 2005, Nº31, artículo 117(a), disponible en http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Any person who aids and abets such an offence shall be liable to the same penalty”, Norvège, Code général civil pénal, Loi du 22 mai 1902 N°10, avec ses modifications ultérieures, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2005, N°31, section 117(a), disponible sur : http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf (consulté en février 2016).
Código Penal de la República de Panamá, adoptado por la Ley 14 de 2007, con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009, la Ley 68 de 2009 y la Ley 14 de 2010, artículo 156, disponible en https://www.oas.org/ juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cp.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Panama, Code pénal adopté par la loi 14 de 2007, avec ses modifications ultérieures apportées par la loi 26 de 2008, la loi 5 de 2009, la loi 68 de 2009 et la loi 14 de 2010, article 156, disponible sur : https://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cp.pdf (consulté en février 2016).
En Noruega, el Código General Civil Penal prevé penas de hasta 15 años para las personas que cometan actos de tortura y hasta 21 años en casos de tortura agravada que causen la muerte de la víctima.	En Australie, le code pénal prévoit une peine de 20 ans d’emprisonnement pour le crime de torture. 59 Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit différentes peines allant de 5 ans à 25 ans d’emprisonnement selon les effets des actes de torture sur la victime : 5 ans pour une victime de la torture nécessitant un traitement médical de plus de 90 jours ; 10 à 15 ans si la victime a perdu sa sensibilité gustative, la vue, l’ouïe, la capacité de parler, etc.
Además, cualquier persona que instigue o asista en el delito puede recibir la misma pena.	; 15 à 20 ans si la torture entraîne la folie, la perte de mémoire, etc.
61	; 15 à 25 ans si la victime a été mutilée, violée, etc.
En Panamá, el Código Penal impone una pena de entre 5 y 8 años por delito de tortura: “El servidor público que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud o dignidad será sancionado con prisión de dos a tres años.	; 25 ans si la victime a été assassinée ou en cas de viol entraînant une perte de mémoire, la folie, etc. 60 En Norvège, le Code général civil pénal prévoit des peines allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour les auteurs d’actes de torture et jusqu’à 21 ans en cas d’actes de torture aggravés entraînant la mort.
Si el hecho consiste en tortura, castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias o si se comete en la persona de un menor de edad, la sanción será de cinco a ocho años de prisión”.	Ce texte précise que quiconque aide et encourage un tel crime est passible de la même peine. 61 Au Panama, le crime de torture est passible d’une peine allant de 5 à 8 ans d’emprisonnement.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Resumen de los elementos – Capítulo 1 – Definición de la tortura	Résumé des éléments – Chapitre 1 – Définition de la torture
Elementos esenciales ª Los Estados deben tipificar la tortura como un delito distinto y específico.	Éléments essentiels ª Les États érigent la torture en crime distinct et spécifique dans leur législation nationale.
ª La definición de la tortura en la legislación nacional incluirá, como mínimo, los elementos contenidos en la definición del artículo 1: “la tortura es todo acto por el cual un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o con su consentimiento o aquiescencia, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con un propósito particular”.	ª La définition de la torture dans la législation nationale englobe, au minimum, les éléments contenus dans la définition de l’article premier : la torture est un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées dans un but spécifique par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite.
ª La legislación nacional contendrá disposiciones que afirmen la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura; la defensa amparándose en la orden de un o una superior debe estar excluida.	ª La législation nationale contient des dispositions affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture ; le moyen de défense relatif à l’ordre supérieur doit être exclu.
ª La pena por el delito de tortura debe tener en cuenta la gravedad del delito.	ª La peine prévue pour le crime de torture tient compte de la gravité du crime.
Elementos recomendados ª Para que la pena por el delito sea proporcional a su gravedad, la pena mínima impuesta será de seis años.	Éléments recommandés ª Une peine minimale de six ans est imposée afin de respecter le principe de proportionnalité eu égard à la gravité du crime.
Elementos opcionales ª La legislación nacional incluye actos cometidos por agentes no estatales y particulares en la definición de la tortura.	Éléments optionnels ª La législation nationale inclue dans la définition de la torture les actes commis par les acteurs non étatiques et privés.
ª La legislación nacional tipifica como delito los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.	ª La législation nationale érige en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Capítulo 2 – Formas de responsabilidad	Chapitre 2 – Formes de responsabilité
Artículos relevantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 1	Article 1
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.	Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.	Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.	Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Artículo 4	Article 4
Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal.	Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal.
Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.	Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. 32 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
La Convención exige a los Estados parte que tipifiquen como delito la comisión y la tentativa de cometer actos de tortura, la complicidad en la tortura, otras formas de participación en la tortura, la instigación y la provocación a la tortura, así como los actos cometidos por los y las funcionarias del Estado que consienten de manera tácita o expresa la comisión de actos de tortura	La Convention fait obligation aux États parties d’ériger en crimes la perpétration et la tentative de commettre un acte de torture, la complicité de torture, d’autres formes de participation à un acte de torture, l’instigation et l’incitation à la torture, ainsi que les actes des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite à la perpétration d’actes de torture
La Convención prevé diferentes tipos de responsabilidad.	La Convention prévoit différents modes de responsabilité.
Los artículos 1 y 4 de la Convención especifican las posibles formas de participación en actos de tortura.	Les articles premier et 4 de la Convention précisent les différentes formes possibles de participation à des actes de torture.
El artículo 1 de la Convención prevé una forma de responsabilidad que incluye infligir la tortura, instigar a ella y consentir de manera tácita o expresa actos de tortura.	L’article premier prévoit une forme de responsabilité qui inclut le fait d’infliger un acte de torture, d’inciter à sa perpétration ou d’y consentir de manière exprès ou tacite.
Además, el artículo 4 de la Convención exige que los Estados incluyan en su legislación la responsabilidad penal por toda “tentativa” de cometer tortura, la “complicidad” y otras formas de “participación”.	L’article 4 de la Convention fait, en outre, obligation aux États d’inclure dans leur législation la responsabilité pénale pour 28 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Para combatir la impunidad por actos que favorecen la comisión de tortura, la legislación de los Estados debe incluir formas de responsabilidad que vayan más allá de la comisión directa del delito.	« tentative » de perpétration d’acte de torture, de « complicité » et d’autres formes de « participation ». Afin de lutter contre l’impunité pour tous les actes qui favorisent la perpétration de la torture, la législation d’un État doit inclure des fondements de responsabilité allant au-delà de la commission directe de l’infraction.
En sus observaciones finales y en los comentarios generales, el Comité menciona regularmente formas de responsabilidad que van más allá de la comisión del delito.	Dans ses observations finales et ses observations générales, le Comité mentionne régulièrement des modes de responsabilité autres que la perpétration directe de l’acte.
En su Observación general Nº2, el Comité ha declarado que los Estados “tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir que las autoridades u otras personas que actúen a título oficial cometan directamente, instiguen, inciten, fomenten o toleren actos de tortura, o de cualquier otra forma participen o sean cómplices de esos actos, según la definición que figura en la Convención”.	Dans son Observation générale N°2, Le Comité a déclaré que les États « sont tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent ».
Como parte de la obligación contenida en el artículo 4, el Comité ha declarado que el Estado parte debe tomar las “medidas necesarias […] para tipificar expresamente como delito la tentativa, la complicidad y la participación en la comisión de	Dans le cadre de l’obligation prévue par l’article 4, le Comité a clairement précisé qu’un État partie « devrait prendre les mesures nécessaires […] afin d’incriminer de manière explicite la tentative, la complicité et la participation à la commission de torture comme un acte de torture ».
CAT, Observación general Nº2, op. cit. 1, § 17. 33 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA un acto de tortura y definirlos como tortura”.
Para estas formas de responsabilidad, el Comité no hace una distinción sobre la gravedad del delito: “Quienquiera que cometa esos actos, sea cómplice o participe en su ejecución, será considerado personalmente responsable ante la ley”.	Eu égard à ces formes de responsabilité, le Comité n’établit pas une distinction en fonction de la gravité de l’infraction et demande que « quiconque qui commettrait de tels actes, en serait complice ou y participerait, soit tenu personnellement responsable devant la loi ».
El Comité también ha hecho referencia a la terminología utilizada en el artículo 1 y ha elaborado una recomendación específica cuyo objetivo es tipificar como delito los actos cometidos por un/ una funcionario/a público/a consistentes en instigar a la tortura o consentirla tácita o expresamente.	Le Comité a également mentionné la terminologie de l’article premier et a élaboré une recommandation spécifique visant à ériger en crime tout acte d’un agent de l’État qui encourage des actes de torture, y consent ou s’en rend complice. 66
67	67
68	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
70	1, § 17.
CAT, Observaciones finales sobre Gabón (17 de enero de 2013), Doc.	CAT, Observation finales sur le Gabon (17 janvier 2013), Doc.
ONU CAT/C/	ONU CAT/C/GAB/CO/1, §8 ;
GAB/CO/1, § 8; CAT, Observaciones finales sobre Marruecos (21 de diciembre de 2011), Doc.	CAT, Observations finales sur le Maroc (21 décembre 2011), Doc.
ONU CAT/C/MAR/CO/4, § 5.	ONU CAT/C/MAR/CO/4, § 5.
CAT, Observaciones finales sobre Guinea (20 de junio de 2014), Doc.	CAT, Observations finales sur la Guinée (20 juin 2014), Doc.
ONU CAT/C/ GIN/CO/1, § 7.	ONU CAT/C/GIN/CO/1, § 7.
CAT, Observaciones finales sobre Kirguistán (20 de diciembre de 2013), Doc.	CAT, Observation finales sur le Kirghizistan (20 décembre 2013), Doc.
ONU CAT/C/KGZ/CO/2, § 6; CAT, Observaciones finales sobre Andorra (20 de diciembre de 2013), Doc.	ONU CAT/C/KGZ/CO/2, § 6 ; CAT, Observation finales sur Andorre (20 December 2013), Doc.
ONU CAT/C/AND/CO/1, § 6.	ONU CAT/C/AND/CO/1, § 6.
Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit. 4, artículo 13. 68 Nueva Zelanda, Crimes of Torture Act of 1989, op. cit.	“Any person who (a) commits torture; (b) attempts to commit torture; or (c) incites, instigates, commands or procures any person to commit torture, is guilty of the offence of torture and is on conviction liable to imprisonment, including imprisonment for life.
25, artículo 3. 69 Sudáfrica, Act Nº13 of 2013, Prevention of Combating and Torture of Persons Act (29 de julio de 2013), artículo 4, disponible en http://www.justice.gov.za/legislation/ acts/2013-013.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Any person who participates in torture, or who conspires with a public official to aid or procure the commission of or to commit torture, is guilty of the offence of torture and is on conviction liable to imprisonment, including imprisonment for life.“, Afrique du Sud, Act N°13 de 2013, Prevention of Combating and Torture of Persons Act (29 juillet 2013), article 4, disponible sur : http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2013-013.pdf (consulté en février 2016).
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 8. En las Filipinas, la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) prevé diferentes tipos de responsabilidad en función de la condición del/de la autor/a de los actos. 67 En Nueva Zelanda, la Ley relativa a los Delitos de Tortura (Crimes of Torture Act) tipifica como delito la mayor parte de estas formas de responsabilidad.
En Sudáfrica, la Ley para la Prevención y la Lucha contra la Tortura (Prevention of Combating and Torture of Persons Act) contempla todos estos modos de responsabilidad (incluidos la perpetración, la tentativa, la complicidad y la instigación a cometer actos de tortura). Se prevén penas que pueden llegar a la cadena perpetua.	En Afrique du Sud, la loi sur la prévention et la lutte contre la torture (Prevention of Combating and Torture of Persons Act) prévoit tous ces modes de responsabilité (y compris la perpétration, la tentative de perpétration, la complicité et l’encouragement des actes de torture).
En Uganda, la Ley para la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé varias formas de responsabilidad, como la perpetración directa o indirecta, la complicidad, la financiación, la incitación o el apoyo.	Ces actes sont passibles de peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Resumen de los elementos – Capítulo 2 – Formas de responsabilidad	69 70 Résumé des éléments – Chapitre 2 – Formes de responsabilité
Elementos esenciales ª La legislación nacional que tipifique la tortura como delito debe incluir explícitamente la responsabilidad penal por:	Éléments essentiels ª La législation nationale qui érige en crime la torture inclut explicitement une responsabilité pénale pour :
La comisión de actos de tortura;	la perpétration de la torture ;
La tentativa de cometer actos de tortura;	la tentative de perpétration de la torture ;
La complicidad en actos de tortura;	la complicité de torture ;
Otras formas de participación;	d’autres formes de participation ;
La instigación a la tortura;	l’instigation à la torture ;
La incitación a la tortura;	l’incitation à la torture ;
La comisión de actos de tortura por funcionarios/as públicos/as que consientan de manera tácita o expresa la tortura.	les actes commis par des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite au recours à la torture.
	“(1) Every person is liable upon conviction to imprisonment for a term not exceeding 14 years who, being a person to whom this section applies or acting at the instigation or with the consent or acquiescence of such a person, whether in or outside New Zealand, (a) commits an act of torture; or (b) does or omits an act for the purpose of aiding any person to commit an act of torture; or (c) abets any person in the commission of an act of torture; or (d) incites, counsels, or procures any person to commit an act of torture. (2) Every person is liable upon conviction to imprisonment for a term not exceeding 10 years who, being a person to whom this section applies or acting at the instigation or with the consent or acquiescence of such a person, whether in or outside New Zealand, (a) attempts to commit an act of torture; or (b) conspires with any other person to commit an act of torture; or (c) is an accessory after the fact to an act of torture.”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act of 1989, op. cit. 25, article 3. 69 ”A person who, whether directly or indirectly (a) procures; (b) aids or abets; (c) finances; (d) solicits; (e) incites; (f) recommends; (g) encourages; (h) harbours; (i) orders; or (j) renders support to any person, knowing or having reason to believe that the support will be applied or used for or in connection with the preparation or commission o instigation of torture (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
35	28, article 8.
	“Any person who actually participated or induced another in the commission of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment or who cooperated in the execution of the act of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment by previous or simultaneous acts shall be liable as principal. Any superior military, police or law enforcement officer or senior government official who issued an order to any lower ranking personnel to commit torture for whatever purpose shall be held equally liable as principals. The immediate commanding officer of the unit concerned (…) and other law enforcement agencies shall be held liable as a principal to the crime of torture or other cruel or inhuman and degrading treatment or punishment for any act or omission, or negligence committed by him/her that shall have led, assisted, abetted or allowed, whether directly or indirectly, the commission thereof by his/her subordinates. If he/she has knowledge of or, owing to the circumstances at the time, should have known that acts of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment shall be committed, is being committed, or has been committed by his/her subordinates or by others within his/her area of responsibility and, despite such knowledge, did not take preventive or corrective action either before, during or immediately after its commission, when he/she has the authority to prevent or investigate allegations of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment but failed to prevent or investigate allegations of such act, whether deliberately or due to negligence shall also be liable as principals.”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 13.
	En Nouvelle-Zélande, la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) érige en crimes la plupart de ces modes de responsabilité. 68 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit plusieurs modes de responsabilité (y compris la perpétration directe et indirecte, la complicité, le financement, l’incitation à commettre des actes de torture et le soutien à l’auteur de tels actes). 69 Aux Philippines, la loi contre la torture (Anti-Torture Act) prévoit différents types de responsabilité en fonction du statut de l’auteur de ces actes.
	30 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 31
Capítulo 3 – La regla de exclusión	Chapitre 3 – la règle d’exclusion
Artículo relevante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Article pertinent de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 15	Article 15
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.	Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.
La Convención exige que los Estados parte excluyan explícitamente de todos los procedimientos las pruebas obtenidas mediante tortura	La Convention fait obligation aux États parties d’exclure de toute procédure les éléments de preuve obtenus par la torture
La regla de exclusión constituye una protección jurídica para las personas detenidas, ya que estipula que las pruebas obtenidas por los y las agentes del orden mediante tortura no pueden ser utilizadas en ningún procedimiento.	La règle d’exclusion constitue une garantie juridique pour les détenus. Cette règle prévoit que les éléments de preuve - obtenus sous la torture par des agents chargés de l’application de la loi - ne peuvent pas être utilisés ultérieurement dans le cadre d’une procédure.
Las pruebas obtenidas mediante tortura están incuestionablemente contaminadas, dada la prohibición absoluta de la tortura.	Les éléments de preuve obtenus par la torture sont incontestablement entachés d’irrégularités, compte tenu de la prohibition absolue de la torture.
Al mencionar explícitamente la regla de exclusión en su legislación, el Estado adopta una medida importante para proteger a las personas expuestas a riesgos de tortura.	L’inscription explicite de la règle d’exclusion dans la législation est une mesure de protection importante pour les personnes exposées au risque de torture et elle permet également de faire en sorte que le système judiciaire ne favorise pas la torture.
Desde el punto de vista normativo, aplicar la regla de exclusión garantiza la integridad del conjunto del sistema judicial ante la ilegalidad de los actos de tortura cometidos. Reforzando el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho inherentes a la prohibición de la tortura.	D’un point de vue normatif, la règle d’exclusion veille à ce que le système judiciaire dans son ensemble ne soit pas entaché par les actes de torture commis par des individus et renforce le respect des droits humains et de l’État de droit qui sont inhérents à l’interdiction de la torture.
Desde el punto de vista práctico, la regla de exclusión impide que un/una posible torturador/a se beneficie de cometer el delito, ya que no se podrá utilizar ninguna prueba obtenida bajo coacción, sirviendo esto de elemento disuasorio.	En termes pratiques, la règle d’exclusion interdit à un tortionnaire potentiel de tirer parti de son infraction, étant donné que toute preuve obtenue par ce moyen sera exclue, ce qui agit, de fait, comme un moyen de dissuasion de la torture.
El artículo 15 de la Convención estipula explícitamente que los Estados parte deben adoptar la regla de exclusión con respecto a las declaraciones obtenidas mediante 36 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	L’article 15 de la Convention fait explicitement obligation aux États parties d’adopter la règle d’exclusion eu égard aux déclarations obtenues par la torture.
tortura. Esto se aplica a todos los procedimientos, excepto en aquellos en los que esté involucrada una persona acusada de tortura, ya que se debe demostrar que la declaración de la víctima fue obtenida bajo coacción.	Cela s’applique à toutes les procédures, sauf en ce qui concerne les déclarations qui auraient été obtenues par la torture, dans le cadre de procédures contre les auteurs de tels actes.
Las observaciones finales y la jurisprudencia del Comité reiteran la importancia de la regla de exclusión y recomiendan que la legislación nacional prevea explícitamente que las declaraciones obtenidas mediante la tortura no pueden ser utilizadas ni invocadas como prueba en ningún procedimiento.	Les observations finales et la jurisprudence du Comité ont régulièrement rappelé l’importance de la règle d’exclusion, en recommandant que la législation de l’État partie dispose explicitement que les déclarations obtenues par la torture ne peuvent pas être utilisées ou invoquées comme éléments de preuve dans le cadre d’une procédure.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando algunos Estados intentaron adoptar leyes y prácticas más duras para la lucha contra el terrorismo, el Comité recordó a los Estados en su Observación general Nº2 que la obligación del artículo 15 es imperativa.	Au lendemain du 11 septembre 2001, lorsque certains États
Existen muchas leyes nacionales que aplican de manera adecuada los principios consagrados en la Convención. 73 74
Ver ejemplos en CAT, Informe del Comité contra la Tortura sobre los 47 o-48 o períodos de sesiones (2011-2012) Doc.	Voir par exemple CAT, Rapport du Comité contre la torture sur les quarante-septième et quarante- huitième sessions (2011-2012) Doc.
ONU A/67/44, págs. 53, 68, 80, 87 y 156; Informe del Comité contra la Tortura sobre los 51 o-52 o períodos de sesiones (2013- 2014), Doc.	ONU A/67/44, pp. 53, 68, 80, 87 et 156 ; Rapport du Comité contre la torture sur les cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions (2013-2014), Doc.
ONU A/69/44, pág. 127; ver también CAT, Ali Aarrass c. Marruecos (24 de junio de 2014), Doc.	ONU A/69/4 4, p. 127 ; Voir aussi CAT, Ali Aarrass c. Maroc (24 juin 2014), Doc.
ONU CAT/C/52/D/477/2011, § 10.8.	ONU CAT/C/52/D/477/2011, § 10.8.
	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE ont cherché à durcir leurs textes législatifs et leurs pratiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Comité a rappelé à tous les États parties, dans son Observation générale N°2, que l’obligation prévue par l’article 15 n’est susceptible d’aucune dérogation. 72 De nombreuses législations nationales appliquent de manière adéquate ce principe consacré par la Convention. 73
	75 76 77 78 79 80
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 6.	1, § 6.
Camboya, Código de Procedimiento Penal del Reino de Camboya, artículo 321, disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10629 (última consulta en febrero de 2016).	Cambodge, Code de procédure pénale du Royaume du Cambodge, article 321, disponible sur : http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=10629 (consulté en février 2016).
Corea del Sur, Código de Procedimiento Penal (Ley Nº341 de 4 de septiembre de 1954, modificada por última vez por la Ley Nº9765 de 9 de junio de 2009), artículo 309, disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12936 (última consulta en febrero de 2016). En Camboya, el Código de Procedimiento Penal prevé que las confesiones obtenidas mediante coerción física o moral no tendrán ningún valor probatorio.	“Confession of a defendant extracted by torture, violence, threat or after prolonged arrest or detention, or which is suspected to have been made involuntarily by means of fraud or other methods, shall not be admitted as evidence of guilt”, Corée du Sud, Criminal Procedure Act (Loi N°341 du 23 septembre 1954, tel que modifié en dernier lieu par la Loi N°9765 du 6 juin 2009), article 309, disponible sur : http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12936 (consulté en février 2016).
En Corea del Sur, la Ley de Procedimiento Penal precisa la exclusión como prueba de las confesiones obtenidas mediante la tortura o la violencia, las amenazas o tras un periodo de detención prolongado, o que se sospecha que la persona acusada podría haber efectuado involuntariamente por medio de fraude u otros métodos fraudulentos. 74 37 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA
76 77 78 79
Ecuador, Código de Procedimiento Penal de 2000 (R.O.	Équateur, Code de procédure pénale de 2000 (R.O.
360-S de 13 de enero de 2000), artículo 83, disponible en http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp-ro360s.html (última consulta en febrero de 2016). 76 Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit.	360-S du 13 janvier 2000, article 83, disponible sur : http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp-ro360s.html (consulté en février 2016).
4, artículo 8.	Guatemala, Code de procédure pénale du 28 septembre 1992, article 183, disponible sur :
Guinea Ecuatorial, Ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura de 2006 (Ley Nº6/2006, 2 de noviembre de 2006), artículo 8, disponible en http://www.cesge. org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=13&Itemid=79# (última consulta en febrero de 2016). 78 Guatemala, Código Procesal Penal de 28 de septiembre de 1992, artículo 183, disponible en https://www.unodc.org/tldb/pdf/Guatemala_Cdigo_Procesal_Penal. pdf (última consulta en febrero de 2016).	https://www.unodc.org/tldb/pdf/Guatemala_Cdigo_Procesal_Penal.pdf (consulté en février 2016). 77 Guinée équatoriale, Loi portant prévention et sanction en matière de torture de 2006 (Loi N°6/2006, 2 novembre 2006), article 8, disponible sur : http://www.cesge.org/index.php?option=com_ phocadownload&view=category&id=13&Itemid=79# (consulté en février 2016).
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, article 6. 79 Maldives, Loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture de 2013, op. cit.
23, artículo 6.	3, article 5.
En Ecuador, el Código de Procedimiento Penal establece que: “la prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código.	“Any information, confession or admission obtained from a person by means of torture is inadmissible in evidence against person in any proceeding (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 14. Au Cambodge, le Code de procédure pénale prévoit que les déclarations recueillies sous la contrainte physique ou morale sont sans valeur probante.
No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad.	En Corée du Sud, la loi relative à la procédure pénale prévoit l’exclusion des aveux obtenus par la torture ou par la violence, par la menace ou après une période d’arrestation ou de détention prolongée ou qui pourraient avoir été soustraits à un individu par fraude ou autres moyens frauduleux. 74
Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito”.	En Équateur, le Code de procédure pénale prévoit que les éléments de preuve sont exclus s’ils ont été obtenus par la torture ou par tout autre moyen qui altère la volonté de l’individu.
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En las Filipinas, el artículo 8 de la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) también consagra la regla de exclusión retomando el texto del artículo 15 de la Convención.	Au Guatemala, le Code de procédure pénale prévoit que les éléments de preuve obtenus illégalement, par exemple par la torture, ne sont pas recevables.
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En Guinea Ecuatorial, la Ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura establece: “ninguna confesión o información obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba”.	En Guinée équatoriale, la loi portant prévention et sanction en matière de torture interdit l’usage d’aveux ou d’informations obtenus par la torture.
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En Guatemala, el Código Procesal Penal establece que “un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa o indirectamente, al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad.	À Madagascar, la loi contre la torture précise que : « Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par usage de la torture, ne peut être invoquée comme élément de preuve dans une procédure si ce n’est contre la personne accusée de torture, pour établir qu’une telle déclaration a été faite.
Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados”.	Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture établit la même règle : Une déclaration présentée devant un tribunal des Maldives, ou une déclaration d’aveu d’un crime ou une confession obtenus par la torture seront considérés comme des éléments de preuve obtenus en violation des lois et règlements. Ces éléments de preuve ne peuvent pas être utilisés contre l’accusé dans une procédure ni devant un tribunal.
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En Madagascar, la Ley contra la Tortura estipula claramente que no se podrá utilizar en un procedimiento judicial ninguna declaración obtenida mediante la tortura.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit la règle d’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture.
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
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El Comité considera que la regla de exclusión debería cubrir también las pruebas obtenidas mediante TPCID	Le Comité estime que la règle d’exclusion devrait être étendue aux éléments de preuve obtenus par le recours à des PTCID
Aunque el artículo 15 de la Convención sólo hace referencia a la exclusión de declaraciones obtenidas mediante tortura, la opinión del Comité es que el artículo 15 es obligatorio y “se aplica tanto a la tortura como a los malos tratos”.	Si l’article 15 de la Convention mentionne uniquement l’exclusion des déclarations obtenues par la torture, le Comité a estimé que cette disposition a une portée contraignante et « s’applique indifféremment à la torture et aux mauvais traitements ».
Este punto de vista también recibe un fuerte apoyo fuera del marco de la Convención, en particular del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura 84 y del Comité de	Cette position est renforcée par d’autres acteurs qui ne relèvent pas du système mis en place par la Convention, et notamment par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture 84 et le Comité des droits de l’homme des
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR), que también ha recomendado en una Observación general que esta norma se extienda a “otros tratos prohibidos” para disuadir toda violación de la prohibición general de la tortura.	Nations Unies. Celui-ci a également recommandé dans une observation générale que cette règle soit étendue à « tout autre traitement interdit » afin de dissuader toute violation de l’interdiction générale de la torture. 85 La Cour européenne des droits de l’homme a statué explicitement que l’utilisation de déclarations obtenues en violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des PTCID) dans le cadre d’une procédure entraîne une violation automatique du droit à un procès équitable « que cette violation soit qualifiée de torture ou de traitement inhumain ou dégradant ».
El Tribunal Europeo de Derechos	La Cour interaméricaine des droits de l’homme n’a pas pris une position aussi explicite, mais a considéré que les PTCID relevaient de l’article 10 de la Convention interaméricaine, relatif à la règle d’exclusion.
Humanos (TEDH) ha declarado explícitamente que el uso de	D’autres sources faisant autorité en matière de lutte contre la torture, y compris les lignes directrices de Robben Island et la Déclaration de l’Assemblée générale sur la torture de 1975, prévoient explicitement que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par des PTCID. 88
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	“Any confession, admission or statement obtained as a result of torture shall be inadmissible in evidence in any proceedings, except if the same is used as evidence against a person or persons accused of committing torture”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit.
3, artículo 5.	4, article 8.
Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.	“A confession otherwise inadmissible in any criminal proceedings shall be admissible in any proceedings instituted under this Act, for the purpose only of proving the fact that such confession was made”, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act de 1994, op. cit.
39, artículo 5.	39, article 5.
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 14. 83 CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, §§ 3 y 6.	1, §§ 3 et 6.
Ver también el informe del CAT	Voir aussi le rapport du CAT sur son enquête sur la
sobre su investigación confidencial en aplicación del artículo 20 en Turquía, Doc.	Turquie aux termes de la procédure confidentielle visée par l’article 20 de la Convention, Doc.
ONU A/48/44/Add.1, § 28.	ONU A/48/44/Add.1, § 28.
Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Informe presentado a la Asamblea	Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport intérimaire à l’Assemblée générale,
General, Doc.	Doc.
ONU A/59/324 (1 de septiembre de 2004), §§ 13-16; ver también J. Herman Burgers y Hans Danelius, op. cit.	ONU A/59/324 (1 septembre 2004), §§ 13-16 ; Voir aussi J. Herman Burgers et Hans Danelius, op. cit.
33, pág. 148.	33, p. 148.
CCPR, Observación general Nº20 sobre el artículo 7, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.	CCPR, Observation générale N°20 sur l’article 7, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.
I), § 12.	I), § 12.
En las Maldivas, la Ley para la Prohibición y la Prevención de la Tortura prevé que las declaraciones de confesión de un delito o la admisión de haber hecho algo obtenidas mediante tortura se considerarán pruebas conseguidas en violación de las leyes y reglamentos. Estas pruebas no podrán ser utilizadas contra la persona acusada en ninguna causa judicial. 80 En Sri Lanka, la Ley relativa a la Convención contra la Tortura (Convention against Torture Act) también consagra la regla de exclusión inspirándose en el texto del artículo 15 de la Convención.” 81
En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura. 82 39
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA declaraciones obtenidas en violación del artículo 3 (prohibición de la tortura y TPCID) en un proceso judicial constituye automáticamente una violación del derecho a un juicio justo, “independientemente de la clasificación del trato como tortura o como trato inhumano o degradante”. 86 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh) no ha sido tan explícita pero ha interpretado que los TPCID forman parte de su artículo 10 relativo a la regla de exclusión. 87 Otros documentos con autoridad en materia de tortura, como las Directrices de Robben Island y la Declaración de la Asamblea General contra la Tortura de 1975, también incluyen explícitamente los TPCID.
89 10. El Comité estima que la carga de la prueba recae en la acusación para demostrar que las pruebas se obtuvieron legalmente, cuando existan alegaciones de que fueron obtenidas mediante tortura El artículo 15 de la Convención exige la exclusión de una declaración si se “determina” que ha sido obtenida mediante tortura, pero no precisa sobre qué parte recae la carga de la prueba. El Comité establece que el Estado debe determinar si las declaraciones se efectuaron mediante
TEDH, El Haski c. Bélgica, Demanda Nº649/08 (25 de septiembre de 2012), § 85.	CEDH, El Haski c. Belgique, Requête N°649/08 (25 septembre 2012), § 85.
Corteidh, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores c. México, Caso Nº12,	Cour interaméricaine des droits de l’homme, Teodoro Cabrera Garcia et Rodolfo Montiel Flores c.
(26 de noviembre de 2010), §§ 134–136.	Mexique, Affaire N°12, 449 (26 novembre 2010), §§ 134–136.
Comisión Africana sobre Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, Directrices de Robben Island: Resolución sobre las directrices y medidas de prohibición y prevención de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en África (2008), artículo 4; Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea General de la Naciones Unidas, Res. 3452 (XXX) de la AG, Anexo 9 de diciembre de 1975, artículo 12.	Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Lignes directrices de Robben Island - Résolution sur les lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (2008), article 4 ; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 3452 (XXX), Annexe, 9 décembre 1975, article 12.
Alemania, Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley de 23.4.2014, artículo 136(a), disponible en http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/ (última consulta en febrero de 2016).	Aux Philippines, l’article 8 de la loi contre la torture consacre la règle d’exclusion en s’inspirant de la terminologie de l’article 15 de la Convention. 81
En Alemania, el Código de Procedimiento Penal declara explícitamente que la regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas mediante TPCID.	Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) consacre la règle d’exclusion en s’inspirant de la terminologie de l’article 15 de la Convention.
89	82
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tortura, cuando un individuo haga esa alegación.	Le Comité estime que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que les éléments de preuve ont été recueillis légalement, en cas d’allégation de torture
En P.E. c. Francia, el Comité estimó que las autoridades estatales tienen la obligación de asumir la carga de la prueba como consecuencia implícita del carácter absoluto de la prohibición de la tortura.	L’article 15 de la Convention requiert l’exclusion de toute déclaration dont il est « établi » qu’elle a été obtenue par la torture mais cette disposition ne désigne pas l’acteur à qui incombe la charge de la preuve en la matière. Le Comité fait peser la charge de la preuve sur l’État à qui il incombe de déterminer si des déclarations ont été obtenues par la torture, en cas d’allégation de recours à la torture. 90 Dans l’affaire P.E. c. France, le Comité a estimé que la charge de la preuve incombait aux autorités étatiques en précisant que cela découle implicitement de l’interdiction absolue de la torture.
Según el Comité, los Estados parte tienen la obligación de verificar el contenido de las alegaciones del/de la autor/a y si no ha refutado ninguna de estas alegaciones ni tampoco ha presentado en sus observaciones dirigidas al Comité ninguna información al respecto, puede concluirse que el Estado ha violado sus obligaciones en virtud del artículo 15 de la Convención.	Le Comité a estimé que les autorités étatiques sont tenues de vérifier le bien-fondé des allégations du plaignant. Si l’État ne réfute pas ces allégations et ne soumet pas au Comité des observations à ce sujet, il peut en être conclu que l’État a violé ses obligations aux termes de l’article 15 de la Convention.
92	92
El Comité considera que la regla de exclusión se aplica a todos los tipos de pruebas	Le Comité estime que la règle d’exclusion s’applique à tous les moyens de preuve
El artículo 15 de la Convención prohíbe explícitamente las “declaraciones” efectuadas bajo tortura, pero no se pronuncia sobre la validez de las pruebas derivadas de esas declaraciones, es decir, con respecto a las pruebas derivadas (cuando la prueba es el resultado directo o indirecto de una confesión obtenida previamente mediante tortura o malos tratos).	L’article 15 de la Convention interdit explicitement la prise en compte de « déclarations » faites sous la torture, mais ne se prononce pas sur la validité des éléments de preuve découlant de ces déclarations, à savoir les éléments de preuve dérivés (lorsque l’élément de preuve découle directement ou indirectement d’un aveu obtenu précédemment par la torture ou des mauvais traitements).
Queda claro que la Convención, y el derecho internacional en general, exigen que la regla de exclusión no se aplique únicamente a las declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos.	Il apparaît clairement que la Convention, et le droit international général, requièrent que la portée de la règle d’exclusion ne soit pas limitée aux déclarations obtenues par la torture et les mauvais traitements.
El Comité se pronuncia regularmente sobre los requisitos procesales para excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura, incluso aunque la Convención mencione solamente “declaraciones”.	Le Comité se prononce régulièrement sur les règles de procédure visant à exclure tous les éléments de preuve obtenus par la torture, même si le texte de la Convention ne mentionne que les « déclarations ».
93	93
Por su parte, la Corte IDH ha adoptado una postura más firme y ha declarado que “el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción”.	La Cour interaméricaine des droits de l’homme a adopté une position plus ferme et a déclaré que « le caractère absolu de la règle d’exclusion renvoie à l’interdiction d’accorder une valeur probante non seulement aux éléments de preuve obtenus directement par la contrainte, mais aussi aux éléments de preuve découlant dudit acte ». 94
Puesto que la práctica	Allemagne, Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 23.4.2014, article 136(a), disponible sur : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/ (consulté en février 2016).
CAT, P.E. c. Francia (19 de diciembre de 2002), Doc.	CAT, P.E. c. France (19 décembre 2002), Doc.
ONU CAT/C/29/D/193/2001, § 6.3; CAT, G.K. c. Suiza (15 de mayo de 2003), Doc.	ONU CAT/C/29/D/193/2001, § 6.3 ; CAT, G.K. c. Suisse (15 mai 2003), Doc.
ONU CAT/C/30/D/219/2002, § 6.10.	ONU CAT/C/30/D/219/2002, § 6.10.
CAT, P.E. c. Francia, op cit.	CAT, P.E. c. France, op cit.
89, § 6.3.	89, § 6.3.
CAT, Ktiti c. Marruecos (5 de julio de 2011), Doc.	CAT, Ktiti c. Maroc (5 juillet 2011), Doc.
ONU CAT/C/46/D/419/2010, § 8.8.	ONU CAT/C/46/D/419/2010, § 8.8.
Ver ejemplos en CAT, Informe del Comité contra la Tortura sobre los 47º-48º períodos de sesiones, (2011-2012), Doc.	Voir par exemple CAT, Rapport du Comité contre la torture sur les quarante-septième et quarante- huitième sessions (2011-2012), op. cit. pp. 53, 68, 80, 87 et 156.
ONU A/67/44, pp. 53, 68, 80, 87 y 156. 94 Corteidh, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores c. México, Caso Nº12,	Cour interaméricaine des droits de l’homme, Teodoro Cabrera Garcia et Rodolfo Montiel Flores c. Mexique, op. cit. § 167.
(26 de noviembre de 2010), § 167.	En Allemagne, le Code de procédure pénale prévoit explicitement que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par des PTCID.
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de utilizar pruebas derivadas debilita significativamente tanto el valor disuasorio como normativo de la regla de exclusión, la prohibición total del uso de pruebas derivadas es un medio sólido para proteger a las personas detenidas de la tortura.	Étant donné que l’utilisation d’éléments de preuve dérivés affaiblit de manière significative aussi bien la force de dissuasion et que la valeur normative de la règle d’exclusion, une interdiction complète de l’utilisation des éléments de preuve dérivés constitue un solide moyen de protéger les détenus contre la torture.
Resumen de los elementos – Capítulo 3 – La regla de exclusión	Résumé des éléments – Chapitre 3 – la règle d’exclusion
Elementos esenciales ª La legislación nacional debe excluir explícitamente las pruebas obtenidas mediante tortura de todos los procesos judiciales.	Éléments essentiels ª La législation nationale exclut spécifiquement les éléments de preuve obtenus par la torture dans toutes les procédures.
ª La legislación nacional debe reflejar que la carga de la prueba recae en la acusación, la cual debe demostrar que las pruebas se obtuvieron legalmente en caso de alegaciones de tortura.	ª La législation nationale précise que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que l’élément de preuve a été recueilli légalement, en cas d’allégation de torture.
ª La legislación nacional debe reflejar que la regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas mediante TPCID.	ª La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par les PTCID.
ª La legislación nacional debe reflejar que la regla de exclusión se aplica a todos los tipos de prueba.	ª La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique à toutes les formes d’éléments de preuve.
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Capítulo 4 – Jurisdicción	Chapitre 4 – Compétence
Artículo relevante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 5	Article 5
Todo Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:	Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :
Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.	Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ; b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ; c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.
Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.	Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.
La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales.	La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
La Convención exige que los Estados parte establezcan su competencia sobre todo presunto caso de tortura cometido en el territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o buque matriculados en el Estado	La Convention fait obligation à chaque État partie d’établir sa compétence sur tout cas présumé de torture commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, ou à bord d’un navire ou d’un avion immatriculés dans cet État
El artículo 5 de la Convención prevé explícitamente diferentes tipos de jurisdicción.	L’article 5 de la Convention prévoit expressément différents types de compétences.
El artículo 5(1)(a) de la Convención exige que los Estados establezcan su competencia sobre casos de tortura cometidos “en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un	L’article 5 (1) (a) de la Convention fait obligation à chaque État partie d’établir sa compétence sur les cas de torture commis « sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ».
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA buque matriculados en ese Estado”.
Esta forma común de jurisdicción también se conoce como principio de territorialidad y principio de bandera o del pabellón.	Cette forme habituelle de compétence est également connue sous le nom de principes de territorialité et de compétence de l’État du pavillon.
El Comité precisó el ámbito de aplicación del artículo 5 en su Observación general Nº2 y explicó que el territorio bajo la jurisdicción de un Estado incluye no solamente el territorio soberano del mismo, sino también todas las áreas sobre las cuales “ejerce, directa o indirectamente, en todo o en parte, un control efectivo de jure o de facto”.	Le Comité a précisé la portée de l’article 5 dans son Observation générale N°2 en expliquant que le territoire relevant de la juridiction d’un État comprend non seulement le territoire souverain de l’État, mais également toutes les régions sur lesquelles il « exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif ».
En su informe de 2015 presentado a la Asamblea General de la ONU, el Relator Especial sobre la Tortura también clarificó la noción “bajo su jurisdicción”: “la Convención (…) limita a ‘todo territorio bajo [la] jurisdicción [de un Estado]’ (…) un pequeño número de obligaciones positivas, cuya aplicación depende necesariamente del ejercicio de una medida de control suficiente sobre una persona, zona, lugar o situación. En este sentido, es incuestionable que la Convención obliga a los Estados a adoptar determinadas medidas positivas sólo cuando ejercen autoridad suficiente para poder hacerlo”.	Dans son rapport présenté en 2015 à l’Assemblée générale de l’ONU, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a également clarifié la notion « sous sa juridiction » : « la Convention (...) limite à « tout territoire sous [la] juridiction [des États parties] » un petit nombre
Es importante recordar que existen diferentes modalidades para establecer esta jurisdicción en el marco legislativo (ver más abajo). 97 98 99
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 16.	1, § 16.
Ver también CAT, J.H.A. c. España,	Voir aussi CAT, J.H.A. c. Espagne,
Doc.	Doc.
ONU CAT/C/41/D/323/2007 (21 de noviembre de 2008), § 8.2. 96 Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Informe provisional ante la Asamblea General, Doc.	ONU CAT/C/41/D/323/2007 (21 novembre 2008), § 8.2
ONU A/70/303 (7 de agosto de 2015), § 28.	38
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
23, artículos 18(1) a 18(3). 98 Nueva Zelanda, Crimes of Torture Act of 1989, op. cit. 25, artículo 4. 99 Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 17(1)(a) y (b).
En Madagascar, la Ley contra la Tortura prevé los principios de territorialidad y de pabellón en el artículo 18(1) a (3).	d’obligations positives, dont l’exécution dépend nécessairement de l’exercice d’un contrôle suffisant sur un individu, une région, un lieu ou une situation.
En Nueva Zelanda, la Ley relativa a los Delitos de Tortura (Crimes of Torture Act) prevé este tipo de competencia basándose en los principios de territorialidad y de pabellón. 98	Dans ce sens, il n’est pas contesté que la Convention oblige les États à prendre certaines mesures positives uniquement lorsqu’ils exercent un pouvoir suffisant pour être en mesure de le faire ».
En Uganda, también se prevé esta jurisdicción en la Ley relativa a la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act).	Pour établir cette compétence dans le cadre législatif, il convient de tenir compte du fait qu’il existe différents modes d’établissement de cette compétence (voir plus bas).
99	98
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA 13. La Convención exige que los Estados parte establezcan su competencia sobre todo presunto caso de tortura cometido por uno/ una de sus nacionales	La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence sur tout cas présumé de torture commis par un de leurs ressortissants
Los Estados parte de la Convención también deben establecer su competencia sobre los casos de tortura cometidos por uno/una de sus nacionales.	Les États parties à la Convention doivent également établir leur compétence sur les cas de torture commis par un de leurs ressortissants.
Esto se denomina principio de nacionalidad activa, una forma bien establecida de jurisdicción en el derecho penal.	On désigne cela sous le nom de principe de la nationalité active, une forme bien établie de compétence au regard du droit pénal.
Esta obligación se desprende directamente del artículo 5(1)(b) de la Convención que exige que los Estados instituyan su jurisdicción “cuando el/la presunto/a delincuente sea nacional de ese Estado”.	Cette obligation découle directement de l’article 5 (1) (b) de la Convention qui fait obligation aux États d’établir leur compétence « quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ». 96 Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport intérimaire à l’Assemblée générale, Doc.
101 102 103	ONU A/70/303 (7 août 2015), § 28.
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.
23, artículo 18(4).	22, articles 18(1) to 18(3).
Nueva Zelanda, Crimes of Torture Act of 1989, op. cit. 25, artículo 4. 102 Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading	“No proceedings for an offence against any of the provisions of section 3 shall be brought unless (…) (c) the act or omission constituting the offence charged is alleged to have occurred in New Zealand or on board a ship or an aircraft that is registered in New Zealand”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act de 1989, op. cit.
Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit. 39, artículo 4.	25, article 4.
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 17(1)(c). En Madagascar, la Ley contra la Tortura prevé el principio de nacionalidad activa en el artículo 18 (4).	“The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (a) in Uganda; (…); (i) in any territory under the control or jurisdiction of Uganda; (ii) on board a vessel flying the Uganda flag or an aircraft which is registered under the laws of Uganda at the time the offence is committed; (iii) on board an aircraft, which is operated by the Government of Uganda, or by a body in which the government of Uganda holds a controlling interest, or which is owned by a company incorporated in Uganda (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 17(1)(a) and (b). À Madagascar, la loi contre la torture prévoit les principes de territorialité et de la juridiction de l’État du pavillon en son article 18 (1) à (3) : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 1) l’acte est commis sur le territoire de la République de Madagascar ; 2) l’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi malgache ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi ; 3) l’acte est commis à bord d’un aéronef : (i) soit immatriculé à Madagascar ; (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef à Madagascar ».
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En Nueva Zelanda, la Ley relativa a los Delitos de Tortura (Crimes of Torture Act) también establece el principio de la nacionalidad activa. 101 En Sri Lanka, la Ley relativa a la Convención contra la Tortura (Convention against Torture Act) también establece este tipo de competencia.	En Nouvelle-Zélande, la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) prévoit ce type de compétence en se fondant sur les principes de territorialité et de la compétence de l’État du pavillon.
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En Uganda, esta jurisdicción también está prevista en la Ley relativa a la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act).	En Ouganda, cette compétence est également prévue dans la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act).
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
La Convención exige que los Estados parte establezcan jurisdicción universal sobre cualquier presunto/a delincuente presente en el territorio bajo su jurisdicción	101 102 103 14. La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence universelle sur tout auteur présumé d’actes de torture se trouvant sur tout territoire sous leur juridiction
El delito de tortura se considera un delito tan abominable que forma parte de una categoría limitada de “delitos internacionales”; todos los países tienen la obligación de velar porque los y las presuntas autoras de estos actos no escapen de la justicia.	Le crime de torture est reconnu comme ayant un caractère si odieux qu’il fait partie d’une catégorie limitée de « crimes internationaux » pour lesquels tous les pays ont l’obligation de veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice.
En virtud de esta jurisdicción, los sistemas judiciales nacionales tienen la capacidad de investigar y procesar ciertos delitos, aunque no hayan sido cometidos en su territorio por o en contra de uno/una de sus nacionales.	En vertu de ce chef de compétence, les systèmes judiciaires nationaux sont habilités à enquêter et à poursuivre certains crimes, même si ces actes n’ont pas été commis sur leur territoire par un de leurs ressortissants, ou contre un de leurs ressortissants.
Es preferible que las víctimas de delitos internacionales obtengan reparación en los tribunales de los Estados en los que se cometieron los delitos pero la jurisdicción universal se creó para que actúe como una “red de seguridad” cuando el Estado territorial no puede o no quiere llevar a cabo una investigación y un proceso judicial eficaz.	Il est préférable que les victimes de crimes internationaux obtiennent réparation devant les tribunaux des États où ces crimes ont été commis, mais la compétence universelle a été créée pour servir de « filet de sécurité » lorsque l’État territorial ne peut pas ou ne veut pas mener une enquête et engager des poursuites judiciaires efficaces.
La aplicación de la jurisdicción universal reduce la existencia de “refugios seguros” donde una persona que haya cometido delitos graves pueda disfrutar de impunidad.	L’application de la compétence universelle limite les possibles « lieux de refuge » où une personne responsable de crimes graves pourrait bénéficier d’une impunité.
Esta forma de competencia relativa al delito de tortura se contempla en la Convención y está consagrada en el artículo 5(2), que prevé la jurisdicción universal.	La Convention prévoit cette forme de compétence universelle pour le crime de torture en son article 5 (2).
Este artículo exige que los Estados enjuicien o extraditen al/a la presunto/a delincuente si se encuentra presente en un territorio bajo su jurisdicción (incluso cuando la persona señalada no sea nacional del Estado o el delito no se haya cometido en su territorio).	Cet article fait obligation aux États de poursuivre ou d’extrader l’auteur présumé d’un acte de torture si celui-ci est présent sur tout territoire sous sa juridiction (même si l’auteur présumé n’est pas un ressortissant de l’État ou même si le crime n’a pas été commis sur le territoire de l’État).
El único requisito es que el/la presunto/a delincuente se encuentre en el territorio del Estado y que éste decida no extraditarle.	La seule condition pour engager cette compétence est que l’auteur présumé se trouve sur le territoire de l’État et que l’État décide de ne pas l’extrader.
En ese caso, el Estado establecerá su competencia para garantizar que ningún/a delincuente eluda a la justicia.	Dans ce cas, l’État doit établir sa compétence pour veiller à ce qu’aucun responsable présumé d’actes de torture n’échappe à la justice.
En este contexto el término “piedra angular” de la Convención es utilizado a menudo por el Comité o por aquellos que hablan de su labor.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, article 18(4). 101 “No proceedings for an offence against any of the provisions of section 3 shall be brought unless
Por lo tanto esta disposición refleja la idea de la Convención de crear un sistema en el que los y las torturadoras no puedan	the person to be charged is a New Zealand citizen (…)”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act de 1989, op. cit. 25, article 4.
CAT, Suleymane Guengueng y otros c. Senegal (18 de abril de 2001), Doc.	“The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (c) by a citizen of Uganda or by a person ordinarily resident in Uganda (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
ONU CAT/	28, article 17(1)(c).
C/36/D/181/2001, § 5; Lene Wendland, A Handbook on State Obligations under the UN Convention against Torture (APT 2002) pág.	“(1)(b) the person alleged to have committed the offence is a citizen of Sri Lanka (…).” Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act de 1994, op. cit.
37; el término “piedra angular” tiene su origen en la delegación sueca que redactó la Convención: Burgers y Danelius, op. cit.	39, article 4. À Madagascar, la loi contre la torture établit le principe de la nationalité active en son article 18(4) : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 4) l’auteur a la nationalité malgache ».
33, pág.	100
	En Nouvelle-Zélande, la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) établit également le principe de la nationalité active. 101 En Ouganda, cette compétence est également prévue dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). 102 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) prévoit également ce type de compétence.
58.	103
47	40
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
encontrar un lugar donde esconderse.	De ce fait, cette disposition est souvent qualifiée de « pierre angulaire » de la Convention par le Comité, ou dans les analyses de la Convention.
El Comité insiste explícitamente en la implementación de la jurisdicción universal, 105 no solamente por medio del derecho procesal penal sino también mediante la adopción de reglamentos administrativos que apoyen su implementación.	Cette conception reflète l’objectif de la Convention de mettre en place un système empêchant les tortionnaires d’échapper aux poursuites. Le Comité souligne également explicitement la nécessité d’appliquer la compétence universelle, 105 non seulement dans les procédures pénales mais également par l’adoption de règlements administratifs soutenant sa mise en œuvre.
106	106
108 109 110	108 109 110
La Convención y el Comité recomiendan que los Estados parte establezcan su jurisdicción sobre casos en los que sus nacionales hayan sido víctimas de tortura En virtud del artículo 5(1)(c) de la Convención, los Estados pueden instituir su jurisdicción cuando la víctima sea nacional de ese Estado “si este lo considera apropiado”.	CAT, Suleymane Guengueng et al. c. Sénégal (18 avril 2001), Doc. ONU CAT/C/36/D/181/2001, § 5 ; Lene Wendland, A Handbook on State Obligations under the UN Convention against Torture (APT 2002) p. 37 ; le terme « pierre angulaire » a été forgé par la délégation suédoise lors de l’élaboration de la Convention, Burgers et Danelius, op. cit.
Esta forma de jurisdicción también se	33, p. 58.
CAT, Observaciones finales sobre México (11 de diciembre de 2012), Doc.	CAT, Observations finales sur le Mexique (11 décembre 2012), Doc.
ONU CAT/C/MEX/CO/5-6, § 11.	ONU CAT/C/MEX/CO/5-6, § 11.
CAT, Observaciones finales sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del	CAT, Observations finales sur le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord (24 juin 2013),
Norte (24 de junio de 2013), Doc.	Doc.
ONU CAT/C/GBR/CO/5, § 8.	ONU CAT/C/GBR/CO/5, § 8.
Luxemburgo, Código de Procedimiento Penal 1808, modificado por la Ley de abril de 2015, artículo 7(3), disponible en http://www.legilux.public.lu/leg/ textescoordonnes/codes/code_instruction_criminelle/cic.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Luxembourg, Code de procédure pénale tel que modifié par la Loi d’avril 2015, article 7(3), disponible sur : http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_instruction_criminelle/cic.pdf (consulté en février 2016).
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.
23, artículo 18(6).	22, articles 18(6).
Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.	“The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (e) by a stateless person who has his or her habitual residence in Uganda; or (f) by any person who is for the time being present in Uganda or in any territory under the control or jurisdiction of Uganda.”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 17(1)(e). 110 “(2) The jurisdiction of the High Court of Sri Lanka in respect of an offence under this Act committed by a person who is not a citizen of Sri Lanka, outside the territory of Sri Lanka, shall be exercised by the High Court holden in the Judicial Zone nominated by the Chief Justice, by a direction in writing under his hand”, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.
39, artículo 4.	39, article 4.
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 17(1)(e). En Luxemburgo, el Código de Procedimiento Penal estipula que toda persona sospechosa de haber cometido actos de tortura presente en el territorio puede ser procesada en Luxemburgo.	Au Luxembourg, le code de procédure pénale prévoit que toute personne soupçonnée de torture qui est présente sur le territoire peut être poursuivie au Luxembourg : « Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d’une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
107	107
En Madagascar, el artículo 18(6) de la Ley contra la Tortura prevé la jurisdicción universal cuando el/la presunto/a autor/a está en Madagascar.	À Madagascar, la loi contre la torture prévoit, en son article 18 (6), la compétence universelle lorsque l’auteur présumé se trouve sur le territoire national : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 6) l’auteur de l’acte se trouve à Madagascar après la perpétration de celui-ci.
108	108
En Sri Lanka, la Ley relativa a la Convención contra la Tortura (Convention against Torture Act) también prevé este tipo de jurisdicción. 109 En Uganda, la jurisdicción universal también está estipulada en la Ley relativa a la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act).	En Ouganda, la compétence universelle est également prévue dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). 109 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) prévoit également ce type de compétence.
110	110
48	41
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
denomina principio de nacionalidad pasiva.	La Convention et le Comité recommandent que les États parties établissent leur compétence sur les cas où leurs ressortissants ont été victimes de torture
Aunque el artículo 5(1)(c) no tiene carácter obligatorio, se recomienda prever en la legislación nacional la posibilidad de que el Estado ejerza su jurisdicción en nombre de sus nacionales para evitar que las personas responsables de actos de tortura eludan a la justicia y permitir el inicio de los correspondientes procesos judiciales.	L’article 5 (1) (c) de la Convention précise que les États peuvent établir leur compétence « quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié ». Cette forme de compétence est aussi appelée principe de nationalité passive. Bien que l’article 5 (1) (c) n’ait pas un caractère obligatoire, il est recommandé que les États prévoient dans leur législation nationale la possibilité d’exercer leur compétence au nom de leurs ressortissants pour éviter que des personnes responsables d’actes de torture n’échappent à la justice et pour permettre l’engagement de poursuites judiciaires.
En el marco del examen de los informes presentados por los países, el Comité también recomienda que los Estados parte incluyan este tipo de jurisdicción en su legislación nacional.	Dans le cadre de leur examen des rapports présentés par les États parties, le Comité recommande également que ce type de compétence soit inscrit dans les législations nationales. 111 112
111	114
112	Résumé des éléments – Chapitre 4 – Compétence
113	Éléments essentiels
114	En établissant la compétence de l’État en matière de torture et de mauvais traitements, les dispositions législatives incluent tous les chefs de compétence mentionnés à l’article 5 de la Convention, à savoir :
CAT, Informe del Comité contra la Tortura, 47 o período de sesiones (31 de octubre-25 de noviembre de 2011), 48 o período de sesiones (7 de mayo-1 de junio de 2012), Doc.	ª Les principes de territorialité et de compétence de l’État du pavillon sur les cas présumés de torture commis sur tout territoire sous la juridiction d’un État ; ª La compétence pour les cas commis par un ressortissant national ; 111 CAT, Rapport du Comité contre la torture sur la quarante-septième session (31 octobre-25 novembre 2011), et la quarante-huitième session (7 mai -1 juin 2012), Doc.
ONU A/67/44, pág. 51; CAT, Informe del Comité contra la Tortura, 51 o período de sesiones (28 de octubre-22 de noviembre de 2013), 52 o período de sesiones (28 de abril-23 de mayo de 2014), Doc.	ONU A/67/44, p. 51 ; CAT, CAT, Rapport du Comité contre la torture sur la cinquante et unième session (28 octobre -22 novembre 2013) et la cinquante-deuxième session (28 avril - 23 mai 2014), Doc.
ONU A/69/44, pág.	ONU A/69/44, p. 143.
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, articles 18(5). 113 “The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (d) against a citizen of Uganda (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
23, artículo 18(5).	28, article 17(1)(d).
Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.	“(…) (c) the person in relation to whom the offence is alleged to have been committed is a citizen of Sri Lanka.” Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.
39, artículo 4.	39, article 4.
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 17(1)(d). En Madagascar, la Ley contra la Tortura prevé en el artículo 18(5) el principio de nacionalidad pasiva.	À Madagascar, la loi contre la torture prévoit le principe de nationalité passive en son article 18(5) : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 5) le plaignant ou la victime a la nationalité malgache.
112	112
En Sri Lanka, la Ley relativa a la Convención contra la Tortura (Convention against Torture Act) también prevé este tipo de jurisdicción. 113 En Uganda, el principio de nacionalidad pasiva también se contempla en la Ley relativa a la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act).	En Ouganda, le principe de nationalité passive est également prévu dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). 113 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture prévoit également ce type de compétence.
114	114
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA Resumen de los elementos – Capítulo 4 – Jurisdicción Elementos esenciales	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Al establecer la jurisdicción de un Estado en materia de tortura y malos tratos, las disposiciones legislativas deben incluir todos los criterios de competencia mencionados en el artículo 5 de la Convención, a saber: ª Los principios de territorialidad y de pabellón sobre presuntos casos de tortura en cualquier territorio bajo la jurisdicción de un Estado; ª Jurisdicción para casos cometidos por un/una nacional del Estado; ª Jurisdicción universal sobre cualquier/a presunto/a delincuente presente en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado. Elementos recomendados ª La legislación nacional establece jurisdicción sobre casos en los que un/una nacional de un Estado haya sido víctima de tortura.	ª La compétence universelle pour les actes commis par tout auteur présumé se trouvant sur le territoire relevant de la juridiction d’un État. Éléments recommandés ª La législation nationale établit la compétence pour les cas où un ressortissant de l’État a été victime de torture.
50	43
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA 51 Capítulo 5 – Quejas, investigaciones, enjuiciamientos y extradiciones	Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions
Artículos relevantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 7	Article 7
El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.	L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.	Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État.
En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.	Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.
Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.	Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Artículo 8	Article 8
Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes.	Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties.
Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.	Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta 52	Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.	L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.	Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.	Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.
Artículo 9	Article 9
Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.	Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Artículo 12	Article 12
Todo Estado Partes velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.	Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Artículo 13	Article 13
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes.	Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause.
Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.	Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA 16. La Convención exige que los Estados parte garanticen el derecho a presentar quejas ante las autoridades competentes y protejan a las víctimas y a los y las testigos de represalias	La Convention fait obligation aux États parties de garantir le droit de déposer plainte devant les autorités compétentes et de protéger les victimes et les témoins contre des représailles
Los Estados también deben velar por que se establezcan mecanismos imparciales y efectivos de presentación de quejas.	Les États parties doivent également veiller à ce que des mécanismes de plainte impartiaux et efficaces soient mis en place pour permettre à toute personne de déposer plainte.
Este derecho a presentar quejas se consagra en el artículo 13 de la Convención.	Ce droit de déposer plainte est consacré à l’article 13 de la Convention.
Su existencia es fundamental para combatir la tortura y los malos tratos, ya que permite a cualquier persona presentar una queja para que se efectúe un examen rápido e imparcial de los hechos.	L’exercice de ce droit est fondamental pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, car il habilite toute personne à déposer une plainte engageant sans délais le lancement d’une enquête impartiale sur les faits allégués.
Esta obligación también forma parte del aspecto procesal del derecho de reparación en virtud del artículo 14.	Cette obligation est également une composante des aspects procéduraux du droit à réparation consacré à l’article 14.
117	117
El Comité ha afirmado en su Observación general Nº3 que para respetar esta obligación, los Estados deben adoptar legislación al respecto.	Le Comité a affirmé dans son Observation générale N°3 que, pour respecter cette obligation, les États doivent adopter une législation en la matière.
El Comité también ha abordado estas cuestiones en varias observaciones finales.	Le Comité a également mentionné cette question dans plusieurs observations finales.
Es importante señalar que el Comité recomienda el establecimiento de un órgano independiente encargado de investigar las acusaciones de actos de tortura cometidos por agentes estatales; este órgano se debe crear normalmente por vía legislativa.	Il est important de noter que le Comité recommande la mise en place d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture commises par des agents de l’État ; cet organe doit normalement être créé par voie législative.
Para garantizar este derecho, las personas que presenten una queja deben estar protegidas de cualquier forma de represalia, como indica claramente el artículo 13 de la Convención. Por lo tanto, los Estados adoptarán medidas para “asegurar que quien presente la queja y las y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado”.	L’article 13 de la Convention indique clairement que, pour garantir ce droit, les personnes qui déposent plainte doivent être protégées contre toute forme de
Las medidas adoptadas para prevenir las represalias pueden consistir en suspender al personal acusado de tortura o malos tratos o trasladar a la persona que presentó la queja a un lugar seguro (por ejemplo, protección de testigos, refugios, etc.). 115 CAT, Observación general Nº3, op. cit.	CAT, Observation générale N°3, op. cit.
11, § 23.	11, § 23.
Ibídem.	Ibid.
Ibídem § 5.	Ibid, § 5.
Ibídem, §§ 23 y 25.	Ibid, §§ 23 et 25.
CAT, Observaciones finales sobre Alemania (12 de diciembre de 2011), Doc.	CAT, Observations finales sur l’Allemagne (12 décembre 2011), Doc.
ONU CAT/C/DEU/CO/5, §§ 6 y 12; CAT, Observaciones finales sobre Canadá (25 de junio de 2012), Doc.	ONU CAT/C/DEU/CO/5, §§ 6 et 12 ; CAT, Observations finales sur le Canada (25 juin 2012), Doc.
ONU CAT/C/CAN/CO/6, § 7; CAT, Observaciones finales sobre Portugal (23 de diciembre de 2013), Doc.	ONU CAT/C/CAN/CO/6, § 7 ; CAT, Observations finales sur le Portugal (23 décembre 2013), Doc.
ONU CAT/C/PRT/CO/5-6, § 4; CAT, Observaciones finales sobre Suiza (25 de mayo de 2010), Doc.	ONU CAT/C/PRT/CO/5-6, § 4 ; CAT, Observations finales sur la Suisse (25 mai 2010), Doc.
ONU CAT/C/CHE/ CO/6, § 4.	ONU CAT/C/CHE/CO/6, § 4.
54	45
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
	représailles. Par conséquent, les États doivent prendre des mesures pour « assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite ». Les mesures visant à empêcher les représailles incluent la suspension des membres du personnel accusés de torture et de mauvais traitements ou le placement de la personne qui a déposé plainte dans un lieu sûr (par exemple, dans le cadre d’un programme de protection de témoins, ou dans des refuges sûrs, etc.).
121	121
122	122
La Convención exige que los Estados parte garanticen la investigación pronta e imparcial de las alegaciones de tortura	La Convention fait obligation aux États parties de veiller aux lancements d’enquêtes sans délais et impartiales sur les allégations de torture
Cuando un Estado cumple con su obligación de establecer su jurisdicción en virtud del artículo 5(2), 123 su primer deber es investigar todas las alegaciones de tortura, y posiblemente abrir un proceso judicial.	Dès qu’un État a établi sa compétence en vertu de l’article 5 (2), 123 sa première responsabilité est d’enquêter sur toutes les allégations de torture, et d’engager d’éventuelles poursuites judiciaires.
El artículo 12 de la Convención prevé esta obligación con el fin de velar “porque, siempre que existan motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”.	L’article 12 de la Convention prévoit cette obligation afin de veiller « à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ».
La denuncia de una víctima siempre debe dar lugar a una investigación y tiene que ser considerada como un “motivo razonable” para iniciar	La plainte d’une victime doit toujours entraîner l’ouverture d’une enquête et être considérée comme un « motif raisonnable » d’ouvrir une telle enquête. Les informations provenant d’ONG ou recueillies auprès d’autres détenus, de membres de la famille, d’avocats, du personnel médical ou d’institutions nationales des droits de l’homme doivent aussi déclencher l’ouverture d’une enquête. 124
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	L’article 12 précise aussi qu’une enquête « impartiale » doit être lancée « immédiatement », mais ces termes ne sont pas définis dans la Convention. Le Comité a précisé que, pour respecter cette obligation conventionnelle, les États 120 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.
3, artículo 18(a).	3, article 18(a).
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.	Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
28, artículo 11.	28, article 11.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Police Reform Act 2002,	Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, Police Reform Act de 2002, Chapitre 30, Partie 2
Capítulo 30, Parte 2 Complaints and Misconducts, disponible en http://www. legislation.gov.uk/ukpga/2002/30 (última consulta en febrero de 2016).	Complaints and Misconducts, disponible sur : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30 (consulté en février 2016).
Ver apartado 16 sobre jurisdicción universal.	Voir ci-dessus la section 16 sur la compétence universelle.
	Manfred Nowak et Elizabeth Mcarthur, op. cit. 45, pp. 4413-415.
En las Maldivas, la Ley relativa a la Prohibición y Prevención de la Tortura (Act on the Prohibition and Prevention of Torture) establece que cualquier víctima que presente una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene derecho a que se investigue de manera objetiva e imparcial en un plazo razonable.	Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit que toute victime qui dépose plainte auprès de la commission nationale des droits de l’homme a droit à ce qu’une enquête non biaisée et impartiale soit engagée dans un délai raisonnable sur les faits allégués.
120	120
En Uganda, el derecho de presentar quejas también está consagrado en la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura (the Prevention and Prohibition of Torture Act) y permite a cualquier persona presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la policía y cualquier otra institución u órgano pertinente.	En Ouganda, le droit de déposer plainte est également inscrit dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act), ce qui permet à toute personne de déposer plainte auprès de la Commission des droits de l’homme, la police ou toute autre institution ou organe.
121	121
En el Reino Unido, la ley relativa a la reforma de la policía (Police Reform Act) ha establecido una Comisión independiente que examina las quejas contra la policía (Independent Police Complaints Commission).	Au Royaume-Uni, la loi relative à la réforme de la police (Police Reform Act) a mis en place une commission indépendante d’examen des plaintes contre la police (Independent Police Complaints Commission) qui est chargée de traiter les plaintes contre la police.
Esta Comisión es independiente de la policía y sus integrantes no pueden haber trabajado para la policía.	Cette Commission est indépendante de la police et pour siéger sur cette commission, les membres ne doivent pas été membres des forces de police.
122	122
55	46
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA dicha investigación. Las denuncias de ONG y la información recabada de otras personas detenidas, los familiares, los y las abogadas, el personal médico y las instituciones nacionales de derechos humanos también deberían desencadenar una investigación.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Según el artículo 12, la investigación también debe ser “pronta e imparcial”, pero la Convención no define estos términos. En cuanto a la prontitud, el Comité ha clarificado que, para cumplir esta obligación, los Estados deben iniciar inmediatamente una investigación cuando se presente una denuncia de tortura.	doivent immédiatement ouvrir une enquête dès qu’une allégation de torture est portée à leur attention.
Para garantizar la imparcialidad de las investigaciones, éstas no pueden ser realizadas por colegas de los y las funcionarias públicas acusadas de tortura.	Pour garantir l’impartialité de ces enquêtes, celles-ci ne doivent pas être conduites par des collègues des agents de l’État mis en cause.
Por lo tanto, para llevar a cabo esas investigaciones es importante establecer órganos independientes, separados de los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de la ley o de otras autoridades.	Pour mener à bien ces enquêtes, il est donc important de mettre en place des organes indépendants qui soient distincts des agences chargées de l’application de la loi ou d’autres autorités.
126	126
El Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) 127 constituye un buen punto de partida para llevar a cabo una investigación de alegaciones de tortura y malos tratos.	Le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) 127 offre de bonnes orientations pour mener une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements.
El Protocolo de Estambul ofrece una serie de directrices para documentar e investigar las alegaciones de tortura y malos tratos, así como para notificar estos hechos a los organismos de investigación o al poder judicial.	Le Protocole d’Istanbul fournit un ensemble de lignes directrices pour documenter et enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et signaler ces faits aux organes d’enquête ou au pouvoir judiciaire.
Manfred Nowak y Elizabeth Mcarthur, op. cit.	129 130
	La Convention fait obligation aux États parties de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture La Convention fait obligation aux États de poursuivre en justice les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture – sauf si ces personnes sont extradées. 131 L’un des principaux objectifs de la Convention est de lutter contre la torture et l’impunité : la poursuite en justice des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements découle donc naturellement de l’obligation incombant à l’État d’établir sa compétence sur le crime de torture.
45, págs.	La Convention traite l’obligation de poursuivre ou d’extrader dans son article 7.
4413-415.	La Convention laisse aux États la possibilité de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés
Ver CAT, Halimi-Nedzibi c. Austria, Doc.	Voir CAT, Halimi-Nedzibi c. Autriche, Doc.
ONU CAT/C/8/D/8/1991, §13; CAT, Blanco	ONU CAT/C/8/D/8/1991, §13 ; CAT, Blanco Abad c. Espagne,
Abad c. España, Doc.	Doc.
ONU CAT/C/20/D/59/1996, § 8.	ONU CAT/C/20/D/59/1996, § 8.
Manfred Nowak y Elizabeth Mcarthur, op. cit.	Manfred Nowak et Elizabeth Mcarthur, op. cit.
45, pág. 436.	45, p. 436.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Serie de Capacitación Profesional Nº8/Rev. 1, Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/ Publications/training8Rev1sp.pdf (última consulta en febrero de 2016). 56	Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Série de formation professionnelle N°8/ Rev. 1, Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants, disponible sur : http://www.ohchr.org/Documents/ Publications/training8Rev1en.pdf (consulté en février 2016).
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.
129 130	3, article 18(a).
La Convención exige que los Estados parte enjuicien o extraditen a los y las presuntas autoras de actos de tortura	“a prompt investigation into the complaint shall be conducted (…)”, Ouganda, the Prevention and
La Convención exige que los Estados enjuicien a las personas acusadas de haber cometido actos de tortura si no proceden a su extradición.	Prohibition of Torture Act, op. cit.
131	28, article 11.
Uno de los objetivos principales de la Convención es combatir la tortura y luchar contra la impunidad: por lo tanto, enjuiciar a los y las autoras de actos de tortura y malos tratos es una consecuencia natural de la obligación de establecer su jurisdicción sobre el delito.	“A victim of torture shall have the following rights in the institution of a criminal complaint for torture:
La obligación de enjuiciamiento o extradición se establece en la Convención en el artículo 7, según el cual los Estados tienen la posibilidad de enjuiciar o extraditar a las personas acusadas de tortura, determinando el deber de hacer una de las dos cosas.	To have a prompt and an impartial investigation by the CHR [Commission on Human Rights] and by agencies of government concerned such as the Department of Justice (DOJ), the Public Attorney’s Office (PAO), the PNP, the National Bureau of Investigation (NBI) and the AFP.
Sin embargo, el Comité ha clarificado que el enjuiciamiento no depende de una solicitud de extradición aseverando que “la obligación de enjuiciar al presunto autor de actos de tortura no depende de la existencia previa de una solicitud de extradición del mismo”. 132 De este modo, la elección entre enjuiciar o 128 Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit.	A prompt investigation shall mean a maximum period of sixty (60) working days from the time a complaint for torture is filed within which an investigation report and/or resolution shall be completed and made available”, Philippines’ Anti-Torture Act de 2009, op. cit.
4, artículo 9(a).	4, article 9(a).
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, artículo 18(a). 130 Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.	Article 7 of the Convention. Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit que toute victime qui dépose plainte auprès de la commission nationale des droits de l’homme a droit à ce qu’une enquête non biaisée et impartiale soit engagée dans un délai raisonnable sur les faits allégués.
28, artículo 11.	128
Artículo 7 de la Convención. 132 CAT, Guengueng y otros c. Senegal, Comunicación Nº181/2001, Doc.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture précise qu’une enquête doit être effectuée immédiatement dès qu’une plainte de torture est émise.
ONU CAT/	129
C/36/D/181/2001 de 19 de mayo de 2006, § 9.7. En las Filipinas, el artículo 9 de la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) clarifica la obligación de los Estados de abrir una investigación en caso de alegaciones de tortura.	Aux Philippines, l’article 9 de la loi contre la torture (Anti-Torture Act) précise de manière détaillée la portée de l’obligation d’ouvrir une enquête en cas d’allégations de torture. 130
128	47
En las Maldivas, la Ley relativa a la Prohibición y Prevención de la Tortura establece que cualquier víctima que presente una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene derecho a que se investigue de manera objetiva e imparcial en un plazo razonable. 129 En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) precisa que se debe realizar inmediatamente una investigación en el momento que se presenta una queja por tortura.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE d’actes de torture, mais établit leur obligation de prendre l’une ou l’autre de ces mesures, dès qu’une allégation de torture est portée à leur attention. Toutefois, le Comité a précisé que les poursuites en justice ne dépendent pas d’une demande d’extradition : « l’obligation de poursuivre l’auteur présumé d’actes de torture ne dépend pas de l’existence préalable d’une demande d’extradition à son encontre ».
57 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA
extraditar solamente existe cuando se haya presentado una solicitud de extradición.	L’alternative entre poursuite en justice et extradition d’un individu se pose uniquement en cas de demande d’extradition.
De lo contrario, se espera que los Estados investiguen y enjuicien a las personas.	En l’absence d’une telle requête, les États sont tenus d’enquêter et de poursuivre les auteurs présumés de ces actes.
La extradición está sujeta siempre a la prohibición de la devolución (ver capítulo 7 abajo).	L’extradition est, quant à elle, en tout temps assujettie au principe de non refoulement (voir le chapitre 7 ci-dessous).
La Convención exige que los Estados parte autoricen la extradición de las personas que presuntamente cometieron tortura	La Convention fait obligation aux États parties d’autoriser l’extradition des tortionnaires présumés
Los Estados deben incluir el delito de tortura entre los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado relativo a esta materia, celebrado entre Estados Parte. 133 El mismo estará sujeto a la prohibición de devolución consagrada en el artículo 3.	Les États doivent inclure, dans leurs accords d’extradition, le crime de torture comme une infraction susceptible d’extradition, 133 sous réserve de l’interdiction de refoule- ment consacrée à l’article 3.
En virtud del artículo 8(2) de la Convención, la posible extradición no dependerá de la existencia de un tratado de este tipo y la Convención podrá considerarse como la base jurídica para realizar la extradición.	L’article 8 (2) de la Convention prévoit que l’extradition éventuelle ne doit pas être conditionnée par l’existence d’un traité d’extradition et la Convention peut être considérée comme la base juridique de l’extradition.
135 136 137	135 136 137
	CAT, Guengueng et al. c. Sénégal, Communication N°181/2001, Doc. ONU CAT/C/36/D/181/2001 du 19 mai 2006, § 9.7.
Artículo 8(1) de la Convención.	Article 8(1) de la Convention.
Luxemburgo, Código de Procedimiento Penal de 1808, op. cit.	Luxembourg, Code de procédure pénale de 1808, op. cit.
106, artículo 7(4).	107, article 7(4).
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 42. 136 Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
3, artículo 42.	28, article 22(1).
Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.	“(1) Where there is an extradition arrangement in force between the Government of Sri Lanka and the Government of any other State, such arrangement shill be deemed, for the purposes of the Extradition Law, N°8 of 1977, to include provision for extradition in respect of the offence of torture as defined in the Convention, and of attempting to commit, aiding and abetting the commission of, or conspiring to commit, the offence of torture as defined in the Convention. (2) Where there is no extradition arrangement made by the Government of Sri Lanka with any State, in force on the date of the commencement of this Act, the Minister may, by Order published in the Gazette, treat the Convention, for the purposes of the Extradition Law, N°8 of 1977, as an extradition arrangement made by the Government of Sri Lanka with the Government of that State, providing for extradition in respect of the offence of torture as defined in the Convention and of attempting to commit, aiding and abetting the commission of, or conspiring to commit, the offence of torture as defined in the Convention.“, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit.
39, artículo 9.	39, article 9.
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 22(1). En Luxemburgo, el Código de Procedimiento Penal prevé que las autoridades tienen la obligación de extraditar o enjuiciar al/a la presunto/a autor/a. 134	Au Luxembourg, le Code de procédure pénale prévoit que les autorités doivent extrader ou poursuivre l’auteur présumé d’actes de torture : « Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles (…) du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues ». 134
En las Maldivas, la Ley relativa a la Prohibición y la Prevención de la Tortura (Prohibition and Prevention of Torture Act) estipula que el delito de tortura debería estar incluido en los tratados de extradición.	Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit que le crime de torture doit être inclus dans les traités d’extradition.
Si no existe un tratado de extradición, la Convención debería constituir la base para la extradición entre dos Estados parte.	En cas d’absence de traité d’extradition, la Convention contre la torture doit servir de base juridique pour l’extradition d’individus entre deux États parties.
135	135
En Sri Lanka, la Ley relativa a la Convención contra la Tortura (Convention against Torture Act) explica claramente que cuando no exista un tratado de extradición, la Convención contra la Tortura se considerará un tratado de extradición. 136 En Uganda, la Ley para la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé también que la tortura es un delito que da lugar a extradición.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la loi sur la torture prévoit aussi que la torture est une infraction passible d’extradition. 136 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture explique clairement qu’en cas d’absence de traité d’extradition, la Convention contre la torture doit être considérée comme un traité d’extradition.
137	137
58	48
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
La Convención exige que los Estados parte proporcionen asistencia mutua en materia judicial en los procesos penales relativos a casos de tortura	La Convention fait obligation aux États parties de se prêter mutuellement assistance en matière judiciaire dans les procédures pénales relatives à des cas de torture
Como fue explicado anteriormente, uno de los objetivos de la Convención es velar porque las personas responsables de actos de tortura no eludan la justicia.	Comme expliqué précédemment, l’un des objectifs de la Convention est de veiller à ce que les personnes responsables d’actes de torture ne puissent pas échapper à la justice.
Para implementar esta meta global en el ámbito nacional, el artículo 9 de la Convención exige que los Estados se asistan mutuamente en procesos penales relativos a casos de tortura.	Afin de mettre en œuvre cet objectif global au niveau national, l’article 9 de la Convention fait obligation aux États de se prêter mutuellement assistance dans le cadre de procédures pénales relatives à des cas de torture.
Por lo que es habitual que los Estados suscriban tratados de asistencia judicial mutua que les permitan asistir a otro Estado en la investigación de delitos. Estos tratados incluyen normalmente disposiciones relativas a compartir pruebas, tomar declaraciones, realizar registros e incautaciones, proporcionar documentos relevantes, entre otras. Los tratados se pueden establecer conforme al Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales.	Les États concluent régulièrement des traités d’entraide judiciaire afin de se prêter mutuellement assistance dans le cadre d’enquêtes pénales. Ces traités incluent généralement des dispositions concernant le partage des éléments de preuve, le recueil de dépositions, les perquisitions et les saisies, la remise de tous les documents pertinents, etc.
138 Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales, adoptado por resolución 45/117 de la Asamblea General y modificado posteriormente por resolución 53/112 de la Asamblea General, disponible en https://www.unodc.org/ pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Ces traités peuvent être établis sur la base du Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale.
59	138
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA Resumen de los elementos – Capítulo 5 – Quejas, investigaciones, enjuiciamientos y extradiciones	Résumé des éléments – Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions
Elementos esenciales	Éléments essentiels
La legislación nacional debe incluir:	La législation nationale inclut :
ª Disposiciones que garanticen que las personas puedan ejercer su derecho a presentar quejas ante un organismo independiente y estar protegidas contra represalias; ª Disposiciones que permitan el inicio de la investigación pronta e imparcial de todas las alegaciones de tortura; ª Disposiciones para enjuiciar o extraditar a los y las supuestas autoras de actos de tortura, respetando la prohibición de devolución; ª Disposiciones relativas a la extradición de las personas que presuntamente cometieron tortura, respetando la prohibición de devolución; ª Disposiciones relativas a la asistencia judicial mutua en procesos penales relacionados con casos de tortura.	ª Des dispositions garantissant que les individus peuvent exercer leur droit de déposer plainte auprès d’un organe indépendant et d’être protégés contre des représailles ; ª Des dispositions permettant l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales sur toutes les allégations de torture ; ª Des dispositions visant à poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture, ou à les extrader, sous réserve de l’interdiction du refoulement ; ª Des dispositions relatives à l’extradition des tortionnaires présumés, sous réserve de l’interdiction du refoulement ; ª Des dispositions relatives à l’entraide judiciaire mutuelle dans les procédures pénales relatives à des cas de torture.
60	Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, Adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	45/117 puis modifié par elle dans sa résolution 53/112, disponible sur : https://www.unodc.org/tldb/pdf/ MLA%20FR.pdf (consulté en février 2016).
61	49
Capítulo 6 – Amnistías, inmunidad, prescripción y otros impedimentos	Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques
Artículos relevantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 2	Article 2
Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.	Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.	Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.	L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Artículo 4	Article 4
Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal.	Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal.
Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.	Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.	Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
El Comité considera que los Estados parte no deben promulgar leyes de amnistía que se apliquen a los casos de tortura	Le Comité estime que les États parties ne doivent pas promulguer des lois d’amnistie pour les auteurs d’actes de torture
Las amnistías no permiten que se abran investigaciones, se inicien procesos judiciales o se dicten sentencias.	L’adoption d’une amnistie empêche l’ouverture d’enquêtes, l’engagement de poursuites et la prononciation de condamnations.
De este modo, las amnistías son incompatibles con las obligaciones de la Convención. El Comité considera que las amnistías violan el carácter imperativo de la prohibición de la tortura, como indica en su Observación	De ce fait, les amnisties sont incompatibles avec les obligations de la Convention.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA general Nº2: “El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición”.	Dans son Observation générale N°2, le Comité estime que les amnisties violent le caractère intangible de l’interdiction de la torture : « Il [Le Comité] considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité ».
Asimismo, las amnistías violan el derecho a la reparación para las víctimas de tortura. 140 141 142 143	Les amnisties violent également le droit à réparation pour les victimes de la torture.
El Comité estima que nunca debe concederse inmunidad por delitos de tortura	140
En su jurisprudencia, el Comité ha manifestado su oposición a que se conceda inmunidad a los y las antiguas jefas de Estado: “A juicio del Comité, el párrafo (artículo 5§2) confiere a los Estados Parte jurisdicción universal sobre los torturadores que se hallen en su territorio, sean o no ex jefes de Estado, en aquellos casos en que o no pueda o no quiera extraditarlos a otro país”. 144 El Comité ha sostenido que conceder inmunidad en casos de tortura infringiría el carácter imperativo de la prohibición de la tortura. 145 Asimismo, el Comité considera que la concesión de inmunidad es incompatible con la obligación de enjuiciar presuntos casos de tortura que contiene la Convención. 146 El Comité ha reiterado que conceder inmunidad en casos de tortura es incompatible con la obligación de proporcionar
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 5.	1, § 5.
CAT, Observación general Nº3, op. cit.	CAT, Observation générale N° 3, op. cit.
11, § 38.	11, § 38.
Brasil, Ley Nº9.455 de 7 de abril de 1997, op. cit.	50
43, artículo 1(6). 142 Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
4, artículo 16.	142 143
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.	Le Comité considère qu’une immunité pour crime de torture ne doit jamais être accordée
28, artículo 23. 144 CAT, Tercer informe periódico del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y territorios dependientes, CAT/C/SR. 354 (18 de noviembre de 1998), § 39. 145 CAT, Observación general Nº2, op. cit.	Dans sa jurisprudence, le Comité s’est élevé contre tout octroi de l’immunité aux anciens chefs d’État : « De l’avis du Comité, les dispositions de ce paragraphe (article 5 §2) confèrent aux États parties une compétence universelle à l’égard des tortionnaires qui se trouvent sur leur territoire, que ceux-ci soient ou non d’anciens chefs d’État, dans le cas où ils ne peuvent pas ou ne veulent pas les extrader ».
1, § 5. 146 CAT, Observación general Nº2, op. cit. 1, § 5. En Brasil, la Ley relativa a los Delitos de Tortura estipula que los delitos de tortura no pueden ser objeto de una amnistía. 141
En las Filipinas, la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) prohíbe cualquier ley de amnistía especial o medidas similares para las personas señaladas por cometer actos de tortura.	Le Comité a indiqué que l’octroi de l’immunité pour les cas de torture violerait le principe d’intangibilité.
En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) precisa que una persona acusada de tortura no podrá acogerse a una amnistía. 143	Le Comité estime également que l’octroi d’une immunité est incompatible avec l’obligation de poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture prévue par la Convention.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA reparación a las víctimas consagrada en la Convención: “la concesión de inmunidad a un Estado, a quienes actúan en su nombre o a agentes no estatales por actos de tortura o malos tratos (…) es directamente incompatible con la obligación de proporcionar reparación a las víctimas.	Le Comité a réaffirmé que l’immunité pour les actes de torture est incompatible avec la Convention, eu égard également à l’obligation d’assurer une réparation aux victimes : « (…) le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes.
La impunidad, cuando está sancionada por la ley o existe de facto, hace imposible a las víctimas obtener plena reparación, permite que las personas responsables queden sin castigo y deniega a las víctimas la plena garantía de los derechos que les reconoce el artículo 14”.	Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à l’article 14 ».
147	147
El Comité considera que los Estados parte no deben prever un plazo de prescripción para los delitos de tortura	Le Comité estime que les États parties ne doivent pas prévoir un délai de prescription pour le crime de torture
Habida cuenta de la gravedad extrema del delito de tortura, y del riesgo de que las víctimas no presenten quejas mientras que no se sientan seguras, el Comité ha declarado en numerosas ocasiones, como en su Observación general Nº3 y en diversas observaciones finales, que el delito de tortura no debería estar sujeto a la ley de prescripción.	En raison de l’extrême gravité du crime de torture, et du risque que les victimes ne soumettent pas de plaintes tant qu’elles ne se sentent pas en sécurité, le Comité contre la torture a réitéré à de nombreuses reprises, dans son Observation générale N°3 et dans un grand nombre d’autres observations finales, que le crime de torture ne doit pas être soumis à un délai de prescription. 148 141 Brésil, Loi N°9.455 du 7 avril 1997, op. cit.
148	43, article 1(6).
El Comité precisa que, para respetar las normas internacionales, la legislación nacional debe excluir claramente la aplicación de la ley de prescripción a los delitos de tortura.	“[I]n order not to depreciate the crime of torture, persons who have committed any act of torture shall not benefit from any special amnesty law or similar measures that will have the effect of exempting them from any criminal proceedings and sanctions”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit.
	4, article 16. 143 Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 23.
149	CAT, Troisième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de ses territoires dépendants, CAT/C/SR.
150	(18 novembre 1998), § 39.
CAT, Observación general Nº3, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
11, § 42.	1, § 5.
CAT, Observación general Nº3, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
11, § 38; ver también CAT, Informe del Comité contra la Tortura, 51 o y 52 o períodos de sesiones (2013-2014), Doc.	1, § 5. 147 CAT, Observation générale N°3, op. cit.
ONU A/69/44, págs.	11, § 42.
27, 39, 46, 102, 114, 121 y 130.	CAT, Observation générale N°3, op. cit.
CAT, Informe del Comité contra la Tortura, 23 o y 24 o períodos de sesiones (Noviembre de 1999 y mayo de 2000), Doc.	11, § 38 ; Voir aussi, Rapport du Comité contre la torture sur les cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions (2013-2014), Doc.
ONU A/55/44, § 158(a).	ONU A/69/44, pp. 27, 39, 46, 102, 114, 121 et 130.
Alemania, Código de Delitos contra el Derecho Internacional (Völkerstrafgesetzbuch)	Au Brésil, la loi relative aux crimes de torture prévoit que le crime de torture ne peut pas faire l’objet d’une amnistie.
de 26 de junio de 2002, artículo 5, disponible en http://www.gesetze-im-internet. de/bundesrecht/vstgb/gesamt.pdf (última consulta en febrero de 2016).	141
El Salvador fue felicitado por el Comité contra la Tortura por tipificar la tortura como un delito no sujeto a la ley de prescripción.	Aux Philippines, la loi contre la torture (Anti-Torture Act) interdit toute loi d’amnistie spéciale ou toute mesure similaire pour les auteurs de crimes de torture.
149	142
En Alemania, los delitos contenidos en el Código de Delitos contra el Derecho Penal Internacional, como la tortura, no están sujetos a prescripción.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) précise clairement qu’une personne accusée de torture ne peut pas bénéficier d’une amnistie.
150	143
64	51
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Le Comité précise que, pour respecter les normes internationales, toute législation nationale doit clairement exclure tout délai de prescription pour le crime de torture.
151	150 151
El Comité estima que los Estados parte no deben permitir ningún otro impedimento para el enjuiciamiento y la sanción de los actos de tortura	Le Comité estime que les États parties doivent empêcher tout autre obstacle juridique à la poursuite et la répression des actes de torture
El Comité estima en su Observación general Nº2 que “los (…) obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad los actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición”.	Le Comité estime dans l’Observation générale N°2 que : « tout (…) obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité ».
153	153
Resumen de los elementos - Capítulo 6 – Amnistías, inmunidad, prescripción y otros impedimentos	Résumé des éléments – Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques
Elementos esenciales ª La legislación nacional sobre amnistías e inmunidades debe excluir la tortura.	Éléments essentiels ª La législation nationale relative aux amnisties et immunités exclut les actes de torture.
ª La legislación nacional no debe extender la ley de prescripción al delito de tortura.	ª La législation nationale ne prévoit pas de délais de prescription pour le crime de torture.
ª La legislación nacional no contendrá otros obstáculos que impidan el enjuiciamiento y la imposición de penas en casos de tortura.	ª Aucun autre obstacle juridique n’entrave la poursuite et la répression des cas de torture. 149 Allemagne, Code relative aux crimes contre le droit international (Völkerstrafgesetzbuch) du 26 juin 2002, article 5, disponible sur : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vstgb/gesamt.pdf (consulté en février 2016).
Paraguay, Constitución de la República del Paraguay de 1992, artículo 5, disponible en http://www.bacn.gov.py/CONSTITUCION_ORIGINAL_FIRMADA.pdf (última consulta en febrero de 2016).	Paraguay, Constitution de la République du Paraguay de 1992, article 5, disponible sur : http://www.bacn.gov.py/CONSTITUCION_ORIGINAL_FIRMADA.pdf (consulté en février 2016).
	CAT, Rapport du Comité contre la torture sur les vingt-troisième et vingt-quatrième sessions (novembre 1999 et mai 2000), Doc. ONU A/55/44, § 158(a).
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 5.	1, § 5.
Brasil, Ley Nº9.455 de 7 de abril de 1997, op. cit.	Brésil, Loi N°9.455 du 7 avril 1997, op. cit.
43, artículo 1(6).	43, article 1(6).
La Constitución del Paraguay estipula claramente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.	En Allemagne, aucun des crimes inclus dans le Code des crimes contre le droit international, y compris la torture, n’est susceptible de prescription. 149 La Constitution du Paraguay énonce clairement que le crime de torture ne peut, en aucun cas, être susceptible de prescription.
El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles”.	Le Salvador a été félicité par le Comité contre la torture pour avoir érigé en crime la torture sans l’assortir de délais de prescription.
151	151
En Brasil, la Ley relativa a los Delitos de Tortura estipula que no se pueden conceder indultos por delitos de tortura.	Au Brésil, la loi relative aux crimes de torture prévoit que les crimes of torture ne peuvent pas faire l’objet d’une grâce.
153	153
65	52
Capítulo 7 – No devolución (Non-refoulement)	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 53 Chapitre 7 – Non-refoulement
Artículo relevante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Article pertinent de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 3	Article 3
Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.	Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.	Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
La Convención exige que los Estados parte incorporen en su legislación nacional el principio de no devolución	La Convention fait obligation aux États parties d’intégrer dans leur législation nationale le principe de non-refoulement
En virtud de la Convención, los Estados parte tienen el deber explícito de no expulsar a una persona de su territorio cuando existan “razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.	En vertu de la Convention, l’État partie a l’obligation explicite de ne pas renvoyer une personne de son territoire s’il « y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ».
Como norma de ius cogens en el derecho internacional, la prohibición de devolución en caso de riesgo de tortura se aplica a todos los Estados, independientemente de su ratificación de la Convención o de su adhesión a la misma.	En tant que norme de jus cogens en droit international, l’interdiction du refoulement en cas de risque de torture est également applicable à tous les États, indépendamment de leur ratification de la Convention ou de leur adhésion à cet instrument.
El principio de no devolución es uno de los medios más eficaces de los que dispone un Estado para prevenir la tortura: no enviando a una persona a un país donde corre el riesgo de ser torturada.	Le principe de non-refoulement est l’un des moyens les plus efficaces qu’a un État de prévenir la torture : en ne renvoyant pas un individu vers un pays où celui-ci risquerait d’être soumis à la torture.
La prohibición de devolución se aplica tanto al país al que se debe enviar a la persona, como a todo país al que pueda ser	L’interdiction du refoulement s’applique à la fois au pays vers lequel doit être effectué le renvoi ainsi qu’à tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite.
Artículo 3 de la Convención. 66 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA enviada posteriormente.
155	155
La prohibición de devolución no es solamente una norma sustantiva, que exija que se adopten todas las medidas necesarias para prevenir la devolución, sino que también contiene requisitos de procedimiento en virtud del artículo 3(2), en concreto, que la persona tiene derecho a una vista justa de la decisión relativa a su posible expulsión.	L’interdiction du refoulement est non seulement une norme essentielle qui appelle l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour prévenir le refoulement ; elle comporte également, aux termes de l’article 3 (2), des exigences procédurales, et notamment le droit de l’individu concerné à un examen équitable de la décision relative à son éventuel renvoi.
El artículo 3(2) de la Convención es un punto de partida, que establece que las autoridades encargadas de determinar el destino de la devolución deben tener en cuenta todas las consideraciones necesarias, incluyendo, cuando proceda, “la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”.	L’article 3 (2) de la Convention forme une base en la matière en ce qu’il précise que les autorités chargées de déterminer l’opportunité de ce renvoi doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris le cas échéant « de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ».
La fuente de referencia del Comité en materia de no devolución es la Observación general Nº1, que ofrece orientación sobre cómo un Estado puede asegurarse de no infringir la obligación contenida en el artículo 3 de la Convención.	Article 3 de la Convention contre la torture.
El Comité ha estimado que la obligación de no devolución debe evaluarse en función de los hechos y el fondo de cada caso individual. 157 El Comité también ha reiterado que la información mencionada en el artículo 3(2) de la Convención no es suficiente por sí sola y que el riesgo de tortura también debe ser “previsible, real y personal” para la persona. 158 El CCPR también abordó la cuestión en su Observación general Nº31, declarando que los Estados parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “están obligados a no extraditar, deportar, expulsar o hacer salir de algún modo de su territorio a una persona cuando haya razones de peso para creer que existe un riesgo real de daño irreparable”. 159
CAT, Observación general Nº1: Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo	CAT, Observation générale N°1 : Application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22
de la Convención (16 de septiembre de 1998), Doc.	(16 septembre 1998), Doc.
ONU A/53/44, anexo IX, § 2 [Cabe señalar que en el momento de la redacción de este informe, el Comité estaba desarrollando una Observación general sobre el artículo 3].	ONU A/53/44, annexe IX, § 2 [Veuillez noter qu’au moment de la rédaction du présent document, le Comité est en train d’élaborer une Observation générale sur l’article 3].
Ver también CCPR, Observación General 31 (80 o período de sesiones, 2004): artículo 2: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte en el Pacto, Doc.	Voir aussi, CCPR, Observation générale N°31 (dix-huitième session, 2004) : Article 2 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc.
ONU A/59/40 (2004) 175, § 12.	ONU A/59/40 (2004) 175, § 12.
Ibídem.	54
Ibídem, § 7.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
CAT, X.Q.L. c. Australia (20 de junio de 2014), Doc. ONU CAT/C/52/D/455/2011,	La source de référence du Comité sur le principe de non-refoulement est son Observation générale N°1, qui encadre la manière dont un État doit déterminer qu’il ne viole pas l’obligation prévue par l’article 3.
§ 9.3; CAT, Y.G.H. y otros c. China (17 de diciembre de 2013), Doc.	Le Comité a estimé que l’obligation de non-refoulement doit être évaluée à la lumière des faits et du fond de chaque affaire, au cas par cas.
ONU CAT/ C/51/D/434/2010, § 8.2; CAT, A.R. c. Países Bajos (14 de noviembre de 2003), Doc.	Le Comité a également réitéré que les informations mentionnées dans l’article 3 (2) de la Convention ne sont pas à elles seules suffisantes et qu’il faut déterminer si l’intéressé « court personnellement un risque prévisible et réel » d’être soumis à la torture.
ONU CAT/C/31/D/203/2002, § 7.3. 159 PIDCP, Observación general Nº31: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte en el Pacto (26 de mayo de 2004) Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, § 12.	Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également abordé cette question dans son Observation générale N°31, en déclarant que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont « l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable ».
67	159
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA En su Observación general Nº1, el Comité opina que el peso de la prueba recae sobre la persona demandante, que debe demostrar que correría un riesgo significativo de tortura si fuera expulsada; esto se confirma en jurisprudencia posterior.	Dans son Observation générale N°1, le Comité précise que la charge initiale de la preuve pèse sur le demandeur qui doit démontrer qu’il est exposé à un risque de torture en cas de renvoi ; et cela est confirmé dans sa jurisprudence ultérieure.
Esta posición refleja el principio general de que la carga de la prueba recae en la persona que hace una alegación.	Cette position reflète le principe général selon lequel la charge de la preuve pèse sur la personne faisant une allégation.
En cuanto a la fuerza probatoria exigida, el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha, pero “no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable”.	En ce qui concerne la norme de preuve, l’existence d’un tel risque doit être appréciée à la lumière d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, mais « il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable ».
Solamente se trasladará la carga de la prueba al Estado cuando el/la autor/a haya presentado un nivel suficiente de detalles. 162	Ce n’est que lorsque le demandeur a fourni des informations suffisantes que la charge de la preuve peut incomber à l’État. 162
Aunque la obligación de no devolución contenida en el artículo 3 de la Convención se aplica a los y las solicitantes de asilo y las personas refugiadas como cuestión jurisdiccional, 163 también están protegidas por la obligación específica de no devolución consagrada en el derecho internacional relativo a personas refugiadas. Tratándose, en concreto, de la prohibición de devolver a alguien a un país en el que su vida o su libertad corren peligro (persecución) contenida en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o en su Protocolo de 1967. Esta norma está también reconocida como un principio del derecho consuetudinario internacional.	Si l’obligation de non-refoulement prévue à l’article 3 de la Convention s’applique aux demandeurs d’asile et aux réfugiés dans le cadre des procédures d’asile, ceux-ci sont également protégés par l’obligation de non-refoulement spécifiquement consacrée par le droit international des réfugiés, à savoir l’interdiction de renvoyer un individu vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées (motif de persécution prévu dans l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et/ ou son Protocole de 1967) ; cette norme est également reconnue comme un principe du droit international coutumier.
Al elaborar legislación para proteger a las personas que corren riesgo de tortura en la devolución, los Estados deben considerar cómo las leyes pertinentes – por ejemplo, las relativas al control de las fronteras, inmigración, los y las refugiadas, formas subsidiarias o complementarias de protección y extradición – deben ser adaptadas al principio de no devolución y garantizar que estén plenamente armonizadas.	Lorsqu’ils élaborent une législation visant à protéger des individus exposés au risque de torture contre le refoulement, les États doivent examiner comment les lois pertinentes en la matière - telles que celles relatives au contrôle des frontières, à l’immigration, aux réfugiés, aux formes subsidiaires et complémentaires de protection et d’extradition – doivent
	Ibid. 157 Ibid, § 7. 158 CAT, X.Q.L. c. Australie (20 juin 2014), Doc. ONU CAT/C/52/D/455/2011, § 9.3 ; CAT, Y.G.H. et al c. Chine (17 décembre 2013), Doc.
Por ejemplo, cuando un Estado haya adoptado un marco para ofrecer protección a personas que no reúnen los requisitos legales para obtener el estatus de refugiada pero que no pueden ser	ONU CAT/C/51/D/434/2010, § 8.2 ; CAT, A.R. c. Pays-Bas (14 novembre 2003), Doc. ONU CAT/C/31/D/203/2002, § 7.3. 159 CCPR, Observation générale N°31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (26 mai 2004) Doc.
CAT, Observación general Nº1, op. cit.	ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, § 12. 160 CAT Observation générale N°1, op. cit.
154, §§ 4–6; ver también CAT, Zare c. Suecia	154, §§ 4–6 ; Voir aussi CAT, Zare c. Suède (12 mai 2006),
(12 de mayo de 2006), Doc.	Doc.
ONU CAT/C/36/D/256/2004, § 9.5.	ONU CAT/C/36/D/256/2004, § 9.5.
Ibídem, § 6.	Ibid, § 6.
CAT, A.S. c. Suecia (15 de febrero de 2001), Doc.	CAT, A.S. c. Suède (15 février 2001), Doc.
ONU CAT/C/25/D/149/1999, § 8.6. 163 CAT, Observación general Nº1, op. cit.	ONU CAT/C/25/D/149/1999, § 8.6.
Declaración de los Estados parte en la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 16 de enero de 2002, HCR/MMSP/2001/09, adoptada el 13 de diciembre de 2001 en la Reunión Ministerial de los Estados parte en la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, preámbulo, § 4, disponible en http://www.refworld.org/ docid/3d60f5557.html (última consulta en febrero de 2016).	Déclaration des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 16 janvier 2002, HCR/MMSP/2001/09, adoptée le 13 décembre 2001 à la Réunion ministérielle des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Préambule, § 4, disponible sur : http://www.unhcr.fr/4b151c33e.html (consulté en février 2016).
68	55
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE être adaptées au principe de non-refoulement et ils doivent veiller à la pleine harmonisation de ces textes.
expulsadas porque corren el riesgo de ser torturadas, se recomienda que el procedimiento de determinación de su caso se examine en un único proceso.	Par exemple, lorsque l’État a adopté un cadre de protection des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d’obtention du statut de réfugié mais qui ne peuvent pas être renvoyées en raison d’un risque de torture, il est recommandé que la procédure de détermination de leur cas soit examinée dans le cadre d’une procédure unique.
165	164
167 168 169	166 167 168
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos y tribunales consideran la posibilidad de aplicar el principio de no devolución a las personas expuestas a TPCID	Voir, par exemple, Haut-Commisariat des Nations Unies aux réfugiés, UNHCR comments on the European
El Comité contra la Tortura de la ONU no parece haber adoptado una posición firme sobre la aplicabilidad del principio de no devolución 165 Ver, por ejemplo, Comentarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la propuesta de la Comisión Europea para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección individual (COM(2009)554, 21 de octubre de 2009), agosto de 2010, disponible en http://www.refworld.org/docid/4c63ebd32. html (última consulta en febrero de 2016).	Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection (COM(2009)554, 21 octobre 2009), août 2010, disponible sur : http://www.refworld.org/docid/4c63ebd32.html (consulté en février 2016). 165 “(1) No person shall be expelled, returned or extradited to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture. (2) For the purpose of determining whether there are such grounds, all relevant considerations must be taken into account, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights”, Afrique du Sud, Prevention of Combating and Torture of Persons Act, op. cit.
Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit. 4, artículo 17.	68, article 8.
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.
3, artículo 42(a).	3, article 42(a).
Sudáfrica, Prevention of Combating and Torture of Persons Act, op. cit. 68, artículo 8.	“No person shall be expelled, returned or extradited to another State where there are substantial grounds to believe that such person shall be in danger of being subjected to torture.
	For the purposes of determining whether such grounds exist, the Secretary of the Department of Foreign Affairs (DFA) and the Secretary of the DOJ, in coordination with the Chairperson of the CHR, shall take into account all relevant considerations including, where applicable and not limited to, the existence in the requesting State of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 17. 168 “(1) A person shall not where there are reasonable grounds to believe that a prisoner or detainee is likely to be tortured (a) release, transfer or order the release or transfer of a prisoner or detainee into the custody or control of another person or group of persons or government entity; (b) transfer, detain or order the transfer or detention of a prisoner or detainee to a non-gazetted place of detention; or (c) intentionally or recklessly abandon a prisoner or detainee, in any place where there are reasonable grounds to believe that the prisoner or detainee is likely to be tortured.” and “(…)(2) Notwithstanding subsection (1) and the provisions of the Extradition Act, a person shall not be extradited or deported from Uganda to another state if there are substantial grounds to believe that that person is likely to be in danger of being subjected to torture. (3) For the purposes of subsection (2), it shall be the responsibility of the person alleging the likelihood of being tortured to prove to the court the justification of that belief. (4) In determining whether there are substantial grounds for believing that a person is likely to be tortured or in danger of being subjected to torture under subsection (2), the court shall take into account all factors including the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in the state seeking extradition or deportation of the person”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
Ibídem, artículo 22.	28, articles 16 et 22.
En las Filipinas, el artículo 17 de la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act) también contempla el principio de no devolución.	En Afrique du Sud, la loi sur la prévention et la lutte contre la torture (Prevention of Combating and Torture of Persons Act) a également intégré le principe de non-refoulement en utilisant la terminologie de la Convention.
166	165
En las Maldivas, la Ley relativa a la Prohibición y Prevención de la Tortura (Act on the Prohibition and Prevention of Torture) también prevé el principio de no devolución y especifica que está prohibido transferir o deportar a una persona a un país si las autoridades tienen pruebas de que la expulsión expondrá a la persona a la tortura.	Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture inclut le principe de non-refoulement en précisant qu’il est interdit de transférer ou expulser une personne vers un autre pays si les autorités ont des éléments de preuve établissant que ce renvoi risque d’exposer cet individu à la torture.
167	166
En Sudáfrica, la Ley para la Prevención y la Lucha contra la Tortura (Prevention of Combating and Torture of Persons Act) también ha incorporado el principio de no devolución utilizando los conceptos de la Convención.	Aux Philippines, l’article 17 de la loi contre la torture (Anti-Torture Act) prévoit aussi le principe de non-refoulement.
168	167
En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) también ha incorporado el principio de no devolución.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) intègre également le principe de non-refoulement.
169	168
69	56
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
del artículo 3 a los riesgos de TPCID. 170 A diferencia del Comité contra la Tortura, otros organismos de derechos humanos y tribunales han aplicado el principio de no devolución en casos en los que la persona corre un riesgo real de TPCID en el Estado al que se le envía.	Le Comité des droits de l’homme et d’autres organes et tribunaux ont introduit la possibilité d’appliquer le principe de non-refoulement aux personnes exposées au risque de PTCID Le Comité contre la torture n’a pas adopté de position ferme sur l’applicabilité du principe de non-refoulement inscrit à l’article 3 aux risques de PTCID. 169 Par contre, d’autres organes des droits de l’homme et des tribunaux ont appliqué le principe de non-refoulement dans les cas où un individu est confronté, dans l’État de renvoi, à un risque réel d’être exposé à des PTCID.
El CCPR, por ejemplo, considera que los Estados parte en el PIDCP “no deben exponer a las personas al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución”.	Le Comité des droits de l’homme estime, par exemple, que les États parties au PIDCP « ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement ».
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha declarado que el deber [en el artículo 2(d) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer] “incluye la obligación de los Estados parte de proteger a las mujeres contra la exposición a un peligro real, personal y previsible de formas graves de discriminación contra la mujer, incluida la violencia basada en el género, independientemente de si esas consecuencias tendrían lugar fuera de los límites territoriales del Estado emisor”.	Le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a déclaré que l’obligation [prévue à l’article 2 (d) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes] « impose aux États parties de protéger les femmes contre l’exposition à un risque réel, personnel et prévisible d’être victimes de formes graves de discrimination, dont la violence fondée sur le sexe, indépendamment du fait de savoir si ces conséquences se produiraient en dehors des frontières territoriales de l’État partie d’envoi ».
El TEDH ha estimado que se violaría el artículo 3 del Convenio Europeo si se extraditara a una persona solicitante, ya que estaría expuesta a un “riesgo real” de tratos o penas inhumanos o degradantes.	La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’article 3 de la Convention européenne serait violé si un demandeur devait être extradé alors qu’il se trouverait exposé à « un risque réel » de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 172 L’article 13 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture prévoit explicitement qu’une personne ne doit pas extradée ni renvoyée vers un État où il y a des raisons de croire qu’elle serait soumise à des PTCID.
El	Le droit international reconnaît donc de manière systématique que le principe de non-refoulement s’applique aux personnes exposées à des risques autres que la torture.
CAT, Observación general Nº2, op. cit.	En dépit de la position du CAT relative à l’article 3 de la Convention, il est recommandé que les États tiennent compte de l’évolution du droit international en la matière dans l’élaboration de leurs cadres législatifs et autres cadres normatifs. 169 CAT, Observation générale N°2, op. cit.
1, § 19.	1, § 19.
Ver también: Observaciones finales sobre Kazajstán (12 de diciembre de 2014), Doc.	Voir aussi Observations finales sur le Kazakhstan (12 décembre 2014), Doc.
ONU CAT/C/KAZ/CO/4, § 16; Observaciones finales sobre Togo (11 de diciembre de 2012), Doc.	ONU CAT/C/KAZ/CO/4, § 16 ; Observations finales sur sur le Togo (11 décembre 2012), Doc.
ONU CAT/C/ TGO/CO/2, § 16; Observaciones finales sobre la República Árabe Siria (25 de mayo de 2010), Doc.	ONU CAT/C/TGO/CO/2, § 16 ; Observations finales sur la République arabe de Syrie (25 mai 2010), Doc.
ONU CAT/C/SYR/CO/1, § 18; Observaciones finales sobre Camerún (19 de mayo de 2010), Doc.	ONU CAT/C/SYR/CO/1, § 18 ; Observations finales sur le Cameroun (19 mai 2010), Doc.
ONU CAT/C/CMR/CO/4, § 28; comparado con CAT, Y c. Suiza (12 de julio de 2013), Doc.	ONU CAT/C/CMR/CO/4, § 28 ; à comparer aux décisions du CAT, Y c. Suisse (12 juillet 2013), Doc.
ONU CAT/C/50/D/431/2010, § 7.7; CAT, M.V. c. Países Bajos (13 de mayo de 2003), UN Doc.	ONU CAT/ C/50/D/431/2010, § 7.7 ; CAT, M.V. c; Pays-Bas (13 mai 2003), Doc.
CAT/C/30/D/201/2002, § 6.2; y CAT, T.M. c. Suecia (2 de diciembre de 2003), Doc.	ONU CAT/C/30/D/201/2002, § 6.2; et CAT, T.M. c. Suède (2 décembre 2003), Doc.
ONU CAT/C/31/D/228/2003, § 6.2.	ONU CAT/C/31/D/228/2003, § 6.2.
CCPR, Observación general Nº20 sobre el artículo 7, Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos (29 de julio de 1994), Doc.	CCPR, Observation générale N°20 sur l’article 7 du Pacte, Compilation des commentaires généraux et recommandations générales adoptées par les organes des traités (29 juillet 1994), Doc.
ONU HRI/GEN/1/Rev.1.	ONUHRI/GEN/1/ Rev.1.
§ 9.	§ 9.
Ver también CCPR, Kindler c. Canadá (30 de julio de 1993), Doc.	Voir aussi CCPR, Kindler c. Canada (30 juillet 1993), Doc.
ONU CCPR/C/48/D/470/1991, § 15.3 y PIDCP, Ng c. Canadá (5 de noviembre de 2013), Doc.	ONU CCPR/C/48/D/470/1991, § 15.3 et, CCPR, Ng c. Canada (5 novembre 2013), Doc.
ONU CCPR/C/49/D/469/1991, §§ 16.1-16.4.	ONU CCPR/C/49/D/469/1991, §§ 16.1-16.4.
CEDAW, Observación general Nº32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, Doc.	CEDAW, Recommandation générale N°32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, Doc.
ONU CEDAW/C/GC/32 (14 de noviembre de 2014), §§ 17-23.	ONU CEDAW/C/GC/32 (14 novembre 2014), §§ 17-23.
TEDH, Soering c. Reino Unido, Demanda Nº14038/88 (7 de julio de 1989), §§ 91 y 92; ver también TEDH, Chahal c. Reino Unido, Demanda no 22414/93 (15 de noviembre de 1996), § 96.	CEDH, Soering c. Royaume-Uni, Requête N°14038/88 (7 juillet 1989), §§ 91 et 92 ; voir aussi CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, Requête N°22414/93 (15 novembre 1996), § 96.
Ver también TEDH, Saadi c. Italia, Demanda Nº37201/06 (28 de febrero de 2008), § 138; TEDH, Hirsi Jamaa y otros c. Italia, Demanda Nº27765/09 (23 de febrero de 2012), § 146; TEDH, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, Demanda Nº30696/09 (21 de enero de 2011), § 342.	Voir aussi CEDH, Saadi c. Italie, Requête N°37201/06 (28 février 2008), § 138 ; CEDH, Hirsi Jamaa et al c. Italie, Requête N°27765/09 (23 février 2012), § 146 ; CEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Requête N°30696/09 (21 janvier 2011), § 342.
Cabe señalar que varios casos relacionados con la expulsión basada en la enfermedad de un/a autor/a han exigido circunstancias excepcionales: TEDH, D. c. Reino Unido, Demanda Nº146/1996/767/964 (2 de mayo de 1997); TEDH, N. c. Reino Unido, Demanda Nº26565/05 (27 de mayo de 2008).	Il faut noter qu’un certain nombre de décisions de la CEDH relatives à des expulsions motivées par l’état de santé du demandeur se sont appuyés sur l’existence de circonstances exceptionnelles : CEDH, D. c. Royaume-Uni, Requête N°146/1996/767/964 (2 mai 1997) ; CEDH, N. c. Royaume-Uni, Requête N°26565/05 (27 mai 2008).
70	57
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
artículo 13 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura prevé explícitamente que no se extraditará ni devolverá a una persona a un Estado cuando existan motivos para creer que será sometida a TPCID.	Résumé des éléments – Chapitre 7 – Non-refoulement
Por lo tanto, el derecho internacional reconoce de manera sistemática que el principio de no devolución se aplica a riesgos que no equivalen a tortura.	Éléments essentiels ª Le principe de non-refoulement est intégré dans les législations nationales.
A pesar de las opiniones manifestadas por el Comité contra la Tortura acerca del artículo 3, se recomienda a los Estados que tengan en cuenta la tendencia del derecho internacional al desarrollar sus marcos legislativos y de otro tipo. Resumen de los elementos – Capítulo 7 – No devolución (Non refoulement)	Éléments recommandés ª La législation nationale intègre le fait que le principe de non-refoulement s’applique au risque d’être exposé à des TCID.
Elementos esenciales ª La legislación nacional debe reflejar el principio de no devolución.	58
Elementos recomendados ª La legislación nacional debe reflejar que el principio de no devolución se aplica a los riesgos de TPCID.	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
71	59
Capítulo 8 – Reparación	Chapitre 8 – Réparation
Artículo relevante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:	Article pertinent de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Artículo 14	Article 14
Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.	Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.
En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.	En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.	Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
La Convención exige que los Estados parte adopten una legislación que reconozca el derecho a la reparación de las víctimas de tortura	La Convention fait obligation aux États parties d’adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de torture
La Observación general Nº3 del Comité explica y clarifica el contenido y el ámbito de aplicación de las obligaciones de los Estados parte en virtud del artículo 14 de la Convención contra la Tortura.	Dans son Observation générale N°3, le Comité explique et clarifie le contenu et la portée des obligations des États parties en vertu de l’article 14 de la Convention.
Para respetar sus obligaciones previstas por la Convención, “los Estados parte han de promulgar leyes y establecer mecanismos para la presentación de quejas, órganos de investigación e instituciones (…)”.	Afin de respecter leurs obligations prévues par la Convention, « les États parties doivent promulguer une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions (…) ».
El derecho a la reparación consiste en una parte de procedimiento y otra sustantiva.	Le droit à réparation comprend des exigences procédurales et substantielles.
La legislación debe ofrecer a las víctimas recursos efectivos (parte de procedimiento) y resarcimiento (parte sustantiva).	La législation doit assurer aux victimes de la torture un recours effectif (volet procédural) et une réparation (composante substantielle).
Los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las 174 Ibídem, § 5. 175 CAT, Observación general Nº3, op. cit. 11, §§ 2 y 5. 72
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones también ofrecen una orientación importante al respecto.	Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et de violations graves du droit international humanitaire fournissent également des orientations utiles en la matière. 175 176 173 Ibid, § 5.
177 178 179	CAT, Observation générale N°3, op. cit.
180	11, §§ 2 et 5.
El artículo I(2) de los Principios básicos prevé: “Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo siguiente: a) Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno; b) Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia; c) Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación; d) Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales”.	L’article I(2) des Principes fondamentaux prévoit que : « Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques internationales : a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur système juridique national ; b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice ; c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après ; d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales.
Adoptado y proclamado por la resolución 60/147 de la Asamblea General de 16 de diciembre de 2005.	», adoptés et proclamés par la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005.
Filipinas, Anti-Torture Act of 2009, op. cit. 4, artículo 18. 178 Guinea Ecuatorial, Ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura de 2006, op. cit.	Guinée équatoriale, Loi portant prévention et sanction en matière de torture de 2006, op. cit.
76, artículo 10.	74, article 10.
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 23, artículo 21. 180 Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, artículos 29 a 35.
En las Filipinas, según lo dispuesto por la Ley contra la Tortura (Anti-Torture Act), las víctimas de actos de tortura tienen derecho a reclamar una indemnización. 177 En Guinea Ecuatorial, la Ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura de 2006 prevé que: “El Estado con carácter subsidiario garantizará la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada a la víctima de un acto de tortura, trato o pena cruel, inhumano o degradante, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible: 1) En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, trato o pena cruel, inhumano o degradante, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización por el Estado.	En Guinée équatoriale, la loi portant prévention et sanction en matière de torture prévoit des réparations et garantit le droit à indemnisation et à réadaptation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a cualquier otra disposición legal”. 178 En Madagascar, la Ley contra la Tortura prevé el derecho a la reparación para las víctimas de la tortura. 179 En las Maldivas, la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura establece una indemnización pecuniaria y no pecuniaria para las víctimas de la tortura.
180	176
73	60
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
181	178 179 180
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El Comité estima que los Estados parte deben adoptar una legislación que reconozca el derecho a la reparación para las víctimas de TPCID	Le Comité estime que les États parties doivent adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de PTCID
En su Observación general Nº3, el Comité considera que “el artículo 14 es aplicable a todas las víctimas de tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes (…)”.	Dans son Observation générale N°3, le Comité a considéré « que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (…) ».
El Comité no hace una distinción entre la tortura y los TPCID en lo que respecta al derecho a la reparación y considera que se debería aplicar a todas las víctimas de la tortura y TPCID para que puedan obtener una reparación adecuada y apropiada.	Le Comité n’opère pas de distinction entre la torture et les PTCID en ce qui concerne le droit à réparation et il estime que celui-ci doit s’appliquer à toutes les victimes de torture et de PTCID afin que ces personnes puissent obtenir une réparation adéquate et appropriée.
184	183
	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, article 21. 178 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 29 à 35.
Nepal, Compensation Relating to Torture Act, 20153 (1996), Ley Nº14 del año 2053 (1996), 2053-9-3 (18 de diciembre de 1996), artículo 2, disponible en http://www. lawcommission.gov.np/en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf (última consulta en febrero de 2016).	“(2) Definition: In this Act, unless the context otherwise requires, (a) “Torture” means physical or mental torture inflicted upon a person in the course of investigation, inquiry, or trial or for any other reason and includes any cruel, inhuman or degrading treatment given to him/her; (b) “Victim» means any person upon whom torture is inflicted”, Nepal, Compensation Relating to Torture Act, 20153 (1996), Act N°14 of the year 2053 (1996), 2053-9-3 (18 décembre 1996), article 2, disponible sur : http://www.lawcommission.gov.np/ en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf (consulté en février 2016).
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.	Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
28, artículo 6.	28, article 6.
	“Any person who has suffered torture shall have the right to claim for compensation as provided for under Republic Act N°7309 (…)”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 18.
Ibídem, § 1.	Ibid, § 1.
Ibídem, § 20.	Ibid, § 20.
	À Madagascar, la loi contre la torture prévoit un droit à réparation pour les victimes de la torture : « L’Etat garantit à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation. La victime est indemnisée équitablement et de manière adéquate y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, notamment des soins médicaux appropriés, une rééducation médicale et, dans la mesure du possible, des moyens nécessaires à sa réadaptation sociale ». 177 Aux Maldives, la Loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit une indemnisation à caractère économique et non-économique pour les victimes de la torture. 178
Nepal ha adoptado una Ley específica relativa a la Compensación por Tortura (Compensation of Torture Act), la cual prevé una reparación para las víctimas de tortura y TPCID.	Le Népal a adopté une loi spécifique relative à l’indemnisation de la torture (Compensation Relating to Torture Act) qui prévoit une réparation pour les victimes de la torture et de TCID.
181	179
En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura (the Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé medidas de indemnización, rehabilitación y restitución para las víctimas de la tortura.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit des mesures d’indemnisation, de réadaptation et de restitution pour les victimes de la torture. 180 Aux Philippines, les victimes de la torture ont le droit de demander une indemnisation aux termes de la loi contre la torture (Anti-Torture Act).
182	181
74	61
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
186	185
El Comité estima que los Estados parte deben garantizar formas de reparación que incluyan la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición	Le Comité estime que les États parties doivent garantir des formes de réparation qui incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition
El derecho a medidas de reparación es el aspecto sustantivo del derecho a la reparación y abarca varias de sus formas.	Le droit à des mesures de réparation constitue la composante substantielle du droit à réparation et comprend plusieurs formes de réparation.
En lo que concierne a las obligaciones de los Estados, la Observación general Nº3 recuerda a los Estados parte que la reparación plena incluye cinco formas de reparación: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.	En ce qui concerne les obligations incombant aux États en la matière, l’Observation générale N°3 rappelle aux États parties que la pleine réparation comprend cinq formes de réparation : la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.
Los Estados deben prever todas estas formas de reparación en la legislación.	Les États doivent prévoir toutes ces formes de réparation dans leur législation.
188	187
Restitución: esta forma de reparación tiene el objetivo de restablecer a la víctima en la situación en que se encontraba antes de que se infringieran sus derechos.	Restitution : Cette forme de réparation vise à rétablir la situation qui était celle de la victime avant que la violation n’ait été commise. 188 Indemnisation : Les États doivent assurer une indemnisation financière pour le préjudice ou la perte subis par les victimes.
	L’indemnisation financière seule n’est pas une réparation suffisante pour les victimes. Des exemples d’indemnisation incluent : le remboursement des frais médicaux engagés ; la mise à disposition de fonds pour couvrir le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice physique et mental subi et pour assurer une assistance juridique ou prodiguée par un spécialiste, etc. 190 Réadaptation : La réadaptation « devrait viser à rétablir autant que possible [l’]indépendance [des victimes], leurs compétences physiques, mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et participation dans la société ». 191 Elle doit avoir une portée globale et comporter une prise en charge médicale et psychologique et assurer l’accès à des services juridiques et sociaux.
189	Les États doivent adopter des mesures pour faire en sorte que les victimes
Guinea Ecuatorial, Ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura de 2006, op. cit.	Guinée équatoriale, Loi portant prévention et sanction en matière de torture de 2006, op. cit.
76, artículo 10.	74, article 10.
Nepal, Compensation Relating to Torture Act, op. cit. 180, artículo 2.	“(2) Definition: In this Act, unless the context otherwise requires, (a) “Torture” means physical or mental torture inflicted upon a person in the course of investigation, inquiry, or trial or for any other reason and includes any cruel, inhuman or degrading treatment given to him/her; (b) “Victim» means any person upon whom torture is inflicted”, Nepal, Compensation Relating to Torture Act, 20153 (1996), Act N°14 of the year 2053 (1996), 2053-9-3 (18 décembre 1996), article 2, disponible sur : http://www.lawcommission. gov.np/en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf (consulté en février 2016).
CAT, Observación general Nº3, op. cit.	CAT, Observation générale N°3, op. cit. 11, §§ 2 et 5.
11, §§ 2 y 5.	Ibid, § 6.
Ibídem, § 6.	Ibid, § 8.
Ibídem, § 8.	Ibid, § 9.
En Guinea Ecuatorial, la Ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura de 2006 prevé que: “El Estado con carácter subsidiario garantizará la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada a la víctima de un acto de tortura, trato o pena cruel, inhumano o degradante, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible: 1) En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, trato o pena cruel, inhumano o degradante, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización por el Estado. 2) Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a cualquier otra disposición legal”.	Ibid, § 10. 191 Ibid, § 11. En Guinée équatoriale, la loi portant prévention et sanction en matière de torture prévoit des réparations et garantit le droit à réadaptation et à indemnisation pour les victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
185	184
En Nepal, la Ley relativa a la Compensación por Tortura (Compensation of Torture Act) prevé una reparación para las víctimas de la tortura y TPCID.	Au Népal, la loi relative à l’indemnisation de la torture (Compensation Relating to Torture Act) prévoit une réparation pour les victimes de la torture et de TCID.
186	185
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GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Indemnización: Los Estados proporcionarán una indemnización pecuniaria por los daños y pérdidas sufridos por la víctima. 190 La indemnización pecuniaria por sí sola no es un medio suficiente de reparación, ya que puede incluir: el reembolso de los gastos médicos, los perjuicios pecuniarios y no pecuniarios resultantes de los daños o las pérdidas sufridas por la víctima, asistencia letrada o especializada para las víctimas, etc. 191 Rehabilitación: La rehabilitación “debe centrarse en el restablecimiento, en toda la medida de lo posible, de su independencia física, mental, social y profesional y en la inclusión y participación plenas en la sociedad”. 192 La rehabilitación debe adoptar un planteamiento integrado e incluir atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.
Los Estados deberían adoptar medidas que garanticen una rehabilitación adecuada y eficaz para las víctimas.	bénéficient d’une réadaptation adéquate et efficace.
193	192
Satisfacción: Esta forma de reparación prevé medidas judiciales y no judiciales adoptadas por los Estados para reconocer que se han producido violaciones de los derechos humanos.	Satisfaction : Cette forme de réparation prévoit des mesures judiciaires et non judiciaires prises par les États pour reconnaître que des violations des droits humains ont eu lieu.
Incluye la investigación y el enjuiciamiento, como se ha visto en las secciones 17 y 18 de este documento.	Elle comprend l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites comme cela est précisé dans les sections 17 et 18 du présent document.
Otras medidas que los Estados pueden adoptar incluyen una disculpa pública del Estado; la búsqueda, la recuperación, la identificación y el entierro de los cadáveres de víctimas de tortura o TPCID; conmemoraciones y homenajes a las víctimas, etc.	D’autres mesures qui peuvent être prises par les États comprennent des excuses publiques par l’auteur des violations ou par l’État ; la recherche, la récupération, l’identification et la réinhumation des corps des victimes de torture et de mauvais traitements ; des commémorations et hommages aux victimes, etc.
194	193
Garantías de no repetición: Estas garantías forman parte del derecho a la reparación, pero también están incluidas en obligaciones específicas para prevenir la tortura contenidas en la Convención (artículos 1 y 16).	Garanties de non-répétition : Ces garanties font partie du droit à réparation, mais sont également incluses dans les obligations spécifiques de prévenir la torture prévues par la Convention (articles 1 et 16).
Por lo tanto, los Estados tienen la obligación, en el marco de la implementación de la Convención, de respetar esas obligaciones y adoptar una serie de medidas para prevenir los actos de tortura en el futuro.	Les États ont donc l’obligation, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, de respecter ces obligations et de prendre un certain nombre de mesures visant à faire en sorte de prévenir le recours à la torture.
Pueden decidir incluir algunas de estas medidas en la legislación contra la tortura. Al respecto el Comité propone las siguientes medidas que los Estados pueden adoptar: formación de los y las funcionarias encargadas de	Ils peuvent décider d’inclure certaines de ces mesures dans leur législation contre la torture.
Ibídem, § 9. 191 Ibídem, § 10. 192 Ibídem, § 11. 193 Ibídem, §§ 13 a 15. 194 Ibídem, §§ 16 y 17.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad, con respecto a las normas de derechos humanos y, en concreto sobre la prohibición de la tortura (incluido el Protocolo de Estambul); fortalecer la independencia del poder judicial; establecer un sistema de monitoreo independiente de los lugares de detención; revisar los códigos de conducta; proteger a las y los profesionales que prestan ayuda a las víctimas de tortura (profesionales del derecho, la salud y otras disciplinas), etc.	Le Comité propose un certain nombre de mesures que les États peuvent adopter : dispenser des formations à l’intention des membres des forces de l’ordre, des forces armées et de l’appareil judiciaire sur les normes de droit humains et plus particulièrement l’interdiction de la torture (y compris le Protocole d’Istanbul) ; renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ; mettre en place un système de monitoring indépendant des lieux de détention ; réviser les codes de conduite ; protéger les professionnels qui portent assistance aux victimes de torture (personnels juridiques, médicaux et autres professionnels), etc. 194 195 196
196 197 198	Ibid, §§ 13 à 15. 193 Ibid, §§ 16 et 17.
Ibídem, § 18.	Ibid, § 18.
Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.	Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit.
23, artículo 21.	22, article 21.
Maldivas, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.	Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit.
3, artículos 29 a 35.	3, articles 29 à 35
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, artículo 6. En Madagascar, la Ley contra la Tortura prevé un derecho a la reparación que incluye la indemnización y la rehabilitación.	À Madagascar, la loi contre la torture prévoit un droit à réparation qui inclut une indemnisation et une réadaptation : « L’Etat garantit à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation. La victime est indemnisée équitablement et de manière adéquate y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, notamment des soins médicaux appropriés, une rééducation médicale et, dans la mesure du possible, des moyens nécessaires à sa réadaptation sociale ».
196	195
En las Maldivas, le Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura prevé una indemnización pecuniaria y no pecuniaria y ofrece ejemplos completos, como la indemnización por cualquier pérdida financiera incurrida, todo tratamiento médico pasado, presente o futuro recibido por la víctima o la indemnización por todo daño físico sufrido o la pérdida de la función de un órgano, por ejemplo.	Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit une indemnisation d’ordre financier et non-financier pour les victimes de torture, en fournissant des exemples concrets tels que l’indemnisation pour toute perte financière subie, pour couvrir tout traitement médical passé, présent ou futur, pour toute procédure judiciaire ou d’indemnisation pour tout préjudice physique ou encore la perte de l’usage d’un organe.
Asimismo, la ley prevé un programa de rehabilitación y encomienda al Ministerio de Salud y otras autoridades el establecimiento del mismo.	La loi prévoit aussi la création d’un programme de réadaptation et charge le ministère de la Santé et d’autres autorités de mettre en place ce programme.
197	196
En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé medidas de indemnización, rehabilitación y restitución. La restitución puede incluir la devolución de propiedad confiscada, la indemnización por daños o pérdidas sufridos, etc. La indemnización se prevé por daños susceptibles de ser evaluados económicamente, como los daños materiales, las oportunidades perdidas, los costes por asistencia letrada o especializada, etc. La rehabilitación incluye asistencia médica o psicológica o servicios jurídicos y psicosociales. 198
77	63
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
El Comité recomienda que los Estados parte garanticen una indemnización por la vía civil, independiente del proceso penal en contra de los y las autoras Una víctima debería poder reclamar una compensación por la vía civil independientemente de si el/la autor/a ha sido identificado/a, de si se ha abierto una investigación o de si se ha iniciado una causa judicial.	30. Le Comité recommande que les États parties veillent à ce que les victimes puissent obtenir une réparation au civil indépendamment d’éventuelles poursuites pénales Une victime doit être en mesure d’engager une procédure au civil pour obtenir une indemnisation, indépendamment de l’identification de l’auteur des actes de torture, de l’ouverture d’une enquête ou de l’engagement de poursuites à son encontre.
Los países cuyo sistema judicial no prevea la posibilidad de iniciar un procedimiento civil deberían modificar su legislación nacional para permitir a las víctimas obtener una indemnización por lo civil.	Les pays dont le système judiciaire ne prévoit pas de procédure au civil en la matière devraient modifier leur législation nationale pour permettre aux victimes d’obtenir une réparation au civil.
Mientras tanto, deberían garantizar que el proceso penal no se demore indebidamente para que la víctima pueda obtener rápidamente una reparación.	Dans l’attente de cette modification législative, ils devraient veiller à ce que des poursuites pénales ne soient pas indûment retardées afin que la victime puisse obtenir réparation rapidement.
201	200
El Comité estima que las víctimas que tienen derecho a reparación incluyen a las personas que han sido víctimas de actos de tortura, las que han sufrido daños al intentar prevenir la tortura y los y las familiares y dependientes de las víctimas directas	Le Comité considère que les victimes ayant droit à réparation incluent les personnes qui ont subi des actes de torture, qui ont subi un préjudice en essayant de prévenir la torture ainsi que les proches et les personnes à charge des victimes directes
La Observación general Nº3 define el término “víctima”, de la siguiente manera: “Se entenderá por víctima a:	L’Observation générale N°3 a défini le terme « victime », comme suit : « Les victimes sont des personnes qui :
Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo	individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et 197 “Any economically assessable damage”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
CAT, Observación general Nº3, op. cit.	28, article 6. 198 CAT, Observation générale N°3, op. cit.
11, § 26.	11, § 26.
Ibídem.	Ibid.
Uganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.	“The court may, in addition to any other penalty under this Act, order for reparations (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit.
28, artículo 6.	28, article 6.
	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit des mesures d’indemnisation, de réadaptation et de restitution. La restitution peut inclure la restitution des biens confisqués, l’indemnisation pour les préjudicies ou les pertes subis, etc. Une indemnisation est prévue notamment pour les dommages susceptibles d’évaluation économique tels que les dommages matériels, les opportunités manquées, les frais pour une assistance juridique ou prodiguée par un spécialiste, etc. La réadaptation inclut les soins médicaux et psychologiques ainsi que les services juridiques et psychosociaux. 197
En Uganda, la Ley relativa a la Prevención y la Prohibición de la Tortura (Prevention and Prohibition of Torture Act) prevé que un tribunal pueda ordenar que se conceda una reparación independientemente de cualquier sanción penal y precisa que los procesos civiles no están supeditados a los penales.	En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit qu’un tribunal peut ordonner l’octroi de réparations indépendamment de toute sanction pénale et précise que les procédures au civil ne sont pas conditionnées par les procédures au pénal.
201	200
78	64
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de actos u omisiones que constituyan una violación de la Convención. Una persona será considerada víctima con independencia de que el autor de la violación haya sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación de familia o de otra índole que exista entre el autor y la víctima.	reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime.
El término ‘víctima’ también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para socorrer a una víctima o para impedir su victimización”.	Le terme de “victime” inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime ».
202	201
Las legislaciones nacionales deben incluir una definición amplia del término “víctima” que incluya a la persona que ha sufrido el daño, su familia o dependientes inmediatos, así como otras personas que puedan haber sufrido daños al asistir a la víctima.	Les législations nationales doivent inclure une définition large du terme de victime, qui doit englober la personne qui a subi un préjudice, ses proches ou les personnes à charge ainsi que d’autres personnes qui peuvent avoir subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime.
Todas esas víctimas tienen derecho a la reparación y no solo las contempladas por el artículo 14.	Toutes ces victimes ont droit à réparation et ce droit ne se limite pas aux catégories d’individus mentionnés à l’article 14.
CAT, Observación general Nº3, op. cit. 11, § 3. Formato cambiado del original. 79 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA
Resumen de los elementos – Capítulo 8 – Reparación	Résumé des éléments – Chapitre 8 – Réparation
Elementos esenciales ª Las legislaciones nacionales deben incluir el derecho a la reparación para las víctimas de la tortura.	Éléments essentiels ª Le droit à réparation pour les victimes de la torture est inclus dans la législation nationale.
ª La legislación relativa al derecho a la reparación también se aplica a las víctimas de TPCID.	ª La législation nationale sur le droit à réparation s’applique également aux victimes de TCID.
ª Las formas de reparación previstas en las legislaciones nacionales incluirán la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.	ª Les formes de réparation prévues dans la législation nationale incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.
ª El término “víctima” no incluirá solamente a la víctima inmediata, sino también a su familia y dependientes, asicomo a toda persona que haya sufrido daños al asistir a la víctima inmediata.	ª Le terme de victime englobe non seulement la victime immédiate, mais aussi ses proches, les personnes à charge ainsi que toute personne ayant subi un préjudice alors qu’elle intervenait pour venir en aide à la victime.
El derecho a la reparación de todas esas víctimas debe estar reconocido en la legislación nacional.	Le droit à réparation de toutes ces victimes doit être reconnu dans la législation nationale.
Elementos recomendados ª Las disposiciones legislativas permiten a las víctimas de la tortura obtener una reparación por lo civil sin necesidad de que se haya concluido anteriormente un proceso penal.	Éléments recommandés ª Des dispositions législatives permettent aux victimes de la torture d’obtenir une réparation au civil, sans devoir attendre la conclusion préalable d’une procédure pénale. 201 CAT, Observation générale No. 3, op. cit.
80	11, § 3.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	Nous avons modifié le format original de cette citation.
81	65
Apéndice – Lista consolidada de elementos	Addendum – Liste compilée des éléments
Definición de la tortura	Définition de la torture
Elementos esenciales	Éléments essentiels
Los Estados deben tipificar la tortura como un delito distinto y específico.	Les États érigent la torture en crime distinct et spécifique dans leur législation nationale.
La definición de la tortura en la legislación nacional incluirá, como mínimo, los elementos contenidos en la definición del artículo 1: “la tortura es todo acto por el cual un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o con su consentimiento o aquiescencia, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con un propósito particular”.	La définition de la torture dans la législation nationale englobe, au minimum, les éléments contenus dans la définition de l’article premier : la torture est un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées dans un but spécifique par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite.
La legislación nacional contendrá disposiciones que afirmen la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura; la defensa amparándose en la orden de un o una superior debe estar excluida.	La législation nationale contient des dispositions affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture ; le moyen de défense relatif à l’ordre supérieur doit être exclu.
La pena por el delito de tortura debe tener en cuenta la gravedad del delito.	La peine prévue pour le crime de torture tient compte de la gravité du crime.
Elementos recomendados	Éléments recommandés
Para que la pena por el delito sea proporcional a su gravedad, la pena mínima impuesta será de seis años.	Une peine minimale de six ans est imposée afin de respecter le principe de proportionnalité eu égard à la gravité du crime.
Elementos opcionales	Éléments optionnels
La legislación nacional incluye actos cometidos por agentes no estatales y particulares en la definición de la tortura.	La législation nationale inclut dans la définition de la torture les actes commis par les acteurs non étatiques et privés.
La legislación nacional tipifica como delito los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 82 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	La législation nationale érige en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Formas de responsabilidad	Formes de responsabilité
Elementos esenciales	Éléments essentiels
La legislación nacional que tipifique la tortura como delito debe incluir explícitamente la responsabilidad penal por:	La législation nationale qui érige en crime la torture inclut explicitement une responsabilité pénale pour :
◦ La comisión de actos de tortura;	◦ la perpétration de la torture ;
◦ La tentativa de cometer actos de tortura;	◦ la tentative de perpétration de la torture ;
◦ La complicidad en actos de tortura;	◦ la complicité de torture ;
◦ Otras formas de participación;	◦ d’autres formes de participation ;
◦ La instigación a la tortura;	◦ l’instigation à la torture ; 66
◦ La incitación a la tortura;	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
◦ La comisión de actos de tortura por funcionarios/as públicos/as que consientan de manera tácita o expresa la tortura.	◦ l’incitation à la torture ; ◦ les actes commis par des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite au recours à la torture.
Regla de exclusión	La règle d’exclusion
Elementos esenciales	Éléments essentiels
La legislación nacional debe excluir explícitamente de todos los procesos judiciales las pruebas obtenidas mediante tortura.	La législation nationale exclut explicitement les éléments de preuve obtenus par la torture dans toutes les procédures.
La legislación nacional debe reflejar que la carga de la prueba recae en la acusación, la cual debe demostrar que las pruebas se obtuvieron legalmente en caso de alegaciones de tortura.	La législation nationale précise que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que l’élément de preuve a été recueilli légalement, en cas d’allégation de torture.
La legislación nacional debe reflejar que la regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas mediante TPCID.	La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par les PTCID.
La legislación nacional debe reflejar que la regla de exclusión se aplica a todos los tipos de prueba.	La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique à toutes les formes d’éléments de preuve.
Jurisdicción	Compétence
Elementos esenciales Al establecer la jurisdicción de un Estado en materia de tortura y malos tratos, las disposiciones legislativas deben	Éléments essentiels
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA incluir todos los criterios de competencia mencionados en el artículo 5 de la Convención, a saber:	En établissant la compétence de l’État en matière de torture et de mauvais traitements, les dispositions législatives incluent tous les chefs de compétence mentionnés à l’article 5 de la Convention, à savoir :
◦ Los principios de territorialidad y de pabellón sobre presuntos casos de tortura en cualquier territorio bajo la jurisdicción de un Estado;	◦ Les principes de territorialité et de compétence de l’État du pavillon sur les cas présumés de torture commis sur tout territoire sous la juridiction d’un État ;
◦ Jurisdicción para casos cometidos por un/una nacional del Estado;	◦ La compétence pour les cas commis par un ressortissant national ;
◦ Jurisdicción universal sobre cualquier/a presunto/a delincuente presente en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado.	◦ La compétence universelle pour les actes commis par tout auteur présumé se trouvant sur le territoire relevant de la juridiction d’un État.
◦ Elementos recomendados	Éléments recommandés
◦ La legislación nacional establece jurisdicción sobre casos en los que un/una nacional de un Estado haya sido víctima de tortura.	La législation nationale établit la compétence pour les cas où un ressortissant de l’État a été victime de torture.
Quejas, investigaciones, enjuiciamientos y extradiciones	Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions
Elementos esenciales	Éléments essentiels
La legislación nacional debe incluir:	La législation nationale inclut :
◦ Disposiciones que garanticen que las personas pueden ejercer su derecho a presentar quejas a un organismo independiente y estar protegidas contra represalias;	◦ Des dispositions garantissant que les individus peuvent exercer leur droit de déposer plainte auprès d’un organe indépendant et d’être protégés contre des représailles ;
◦ Disposiciones que permitan el inicio de la investigación pronta e imparcial de todas las alegaciones de tortura;	◦ Des dispositions permettant l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales sur toutes les allégations de torture ;
◦ Disposiciones para enjuiciar o extraditar a los y las supuestas autoras de actos de tortura, respetando la prohibición de devolución;	GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE ◦ Des dispositions visant à poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture, ou à les extrader, sous réserve de l’interdiction du refoulement ;
◦ Disposiciones relativas a la extradición de las personas que presuntamente cometieron tortura, respetando la prohibición de devolución;	◦ Des dispositions relatives à l’extradition des tortionnaires présumés, sous réserve de l’interdiction du refoulement ;
◦ Disposiciones relativas a la asistencia judicial mutual en procesos penales relacionados con casos de tortura. 84 GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA	◦ Des dispositions relatives à l’entraide judiciaire mutuelle dans les procédures pénales relatives à des cas de torture.
Amnistías, inmunidad, prescripción y otros impedimentos	Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques
Elementos esenciales	Éléments essentiels
La legislación nacional sobre amnistías e inmunidades debe excluir la tortura.	La législation nationale relative aux amnisties et immunités exclut les actes de torture.
La legislación nacional no debe extender la ley de prescripción al delito de tortura.	La législation nationale ne prévoit pas de délais de prescription pour le crime de torture.
La legislación nacional no contendrá otros obstáculos que impidan el enjuiciamiento y la imposición de penas en casos de tortura.	Aucun autre obstacle juridique n’entrave la poursuite et la répression des cas de torture.
No devolución (Non refoulement)	Non-refoulement
Elementos esenciales	Éléments essentiels
La legislación nacional debe reflejar el principio de no devolución.	Le principe de non-refoulement est intégré dans les législations nationales.
Elementos recomendados	Éléments recommandés
La legislación nacional debe reflejar que el principio de no devolución se aplica a los riesgos de TPCID.	La législation nationale intègre le fait que le principe de non-refoulement s’applique au risque d’être exposé à des PTCID.
Reparación	Réparation
Elementos esenciales	Éléments essentiels
Las legislaciones nacionales deben incluir el derecho a la reparación para las víctimas de la tortura.	Le droit à réparation pour les victimes de la torture est inclus dans la législation nationale.
La legislación relativa al derecho a la reparación también se aplica a las víctimas de TPCID.	La législation nationale sur le droit à réparation s’applique également aux victimes de PTCID.
Las formas de reparación previstas en las legislaciones nacionales incluirán la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.	Les formes de réparation prévues dans la législation nationale incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.
El término “víctima” no incluirá solamente a la víctima inmediata, sino también a su familia y dependientes, asicomo a toda persona que haya sufrido daños al asistir a la víctima 85	Le terme de victime englobe non seulement la victime immédiate, mais aussi ses proches, les personnes à charge ainsi que toute personne ayant subi un préjudice alors qu’elle intervenait pour venir en aide à la victime.
GUÍA SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA LA TORTURA inmediata. El derecho a la reparación de todas esas víctimas debe estar reconocido en la legislación nacional.	Le droit à réparation de toutes ces victimes doit être reconnu dans la législation nationale. 68 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE
Elementos recomendados	Éléments recommandés
Las disposiciones legislativas permiten a las víctimas de la tortura obtener una reparación por lo civil sin necesidad de que se haya concluido anteriormente un proceso penal.	Des dispositions législatives permettent aux victimes de la torture d’obtenir une réparation au civil, sans devoir attendre la conclusion préalable d’une procédure pénale.
Guía sobre legislación contra la tortura Asociación para la Prevención de la Tortura - APT	Guide sur la législation conter la torture Association pour la Prévention de la Torture - APT
Centre Jean-Jacques Gautier C.P.	Centre Jean-Jacques Gautier C.P.
1211 Ginebra 19 Suiza apt@apt.ch www.apt.ch	1211 Genève 19 Suisse apt@apt.ch www.apt.ch
Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura - CTI	Initiative sur la Convention contre la torture - CTI
Secretariado Route de Ferney 10 1202 Ginebra Suiza info@cti2024.org www.cti2024.org	Secrétariat Route de Ferney 10 1202 Genève Suisse info@cti2024.org
ISBN: 978-2-940337-98-9	ISBN: 978-2-940337-95-8
Guía sobre legislación contra la tortura	Guide sur la législation contre la torture
La Guía sobre legislación contra la tortura es una publicación conjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI).	Le Guide sur la législation contre la torture est une publication conjointe de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) et de l’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI).
Cuando un Estado ratifica o se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, acepta luchar contra la impunidad tipificando la tortura como delito.	Lorsqu’un État ratifie ou adhère à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention), il s’engage à lutter contre l’impunité en érigeant la torture en crime.
A pesar de que en el ámbito de las Naciones Unidas se ha subrayado continuamente sobre la importancia de promulgar leyes que implementen la Convención contra la Tortura, existen pocos instrumentos y ejemplos de buenas prácticas que los y las agentes a nivel nacional pueden consultar fácilmente.	Malgré l’importance soulignée continuellement par les organes des Nations Unies d’adopter une législation de mise en œuvre de la Convention contre la torture, les acteurs nationaux ont peu d’outils et d’exemples de bonnes pratiques facilement accessibles pour remplir cette obligation.
Por lo tanto, esta guía fue elaborada con el objetivo de paliar esta falta de información y apoyar la adopción de legislación contra la tortura.	Ce guide sur la législation contre la torture a donc été élaboré afin de combler cette lacune et de soutenir l’adoption d’un cadre législatif contre la torture.
Este documento tiene como objetivo principal ayudar a los y las legisladoras a desarrollar leyes específicas contra la tortura o a revisar leyes nacionales existentes, como códigos penales o legislaciones en materia de reparaciones sea por vía penal o civil.	Le présent document vise principalement à aider les législateurs à élaborer une législation spécifique contre la torture ou à réviser les lois nationales en vigueur, telles que les codes pénaux ou la législation relative aux réparations pour les actes criminels ou aux procédures civiles.
Con el fin de identificar los elementos que la legislación nacional debe incluir para garantizar la protección más amplia y efectiva, la guía utiliza como punto de partida las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención.	Afin d’identifier les éléments que la législation nationale doit comporter pour assurer la protection la plus adéquate et efficace, le guide prend pour point de départ les obligations incombant aux États en vertu de la Convention.
Se utilizaron como fuentes de información, el trabajo realizado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, de los diversos tribunales, de procedimientos especiales, y de otros órganos creados en virtud de tratados, así mismo se analizaron artículos académicos, que permitieron identificar los elementos que deben incluirse en la legislación nacional.	Les travaux du Comité des Nations Unies contre la torture, ainsi que les travaux d’autres organes de traités des droits humains, de tribunaux, des procédures spéciales et des articles académiques ont également été examinés pour justifier et identifier les éléments à inclure dans une législation nationale.